Es una deuda de la legislación que la pagan las mujeres que pierden un embarazo y encuentran que no hay un marco legal para nombrar a sus hijos, ni un protocolo sobre cómo se debe actuar en las horas siguientes, imprecisión que afecta tanto a los médicos como a las familias. En la mayoría de los casos, queda librado a la buena voluntad de las autoridades del centro de salud.

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Por eso, en noviembre último se votó en la Cámara de diputados la denominada Ley Johanna, que busca garantizar que las mujeres embarazadas y los familiares cuenten con asistencia médica y psicológica en caso de enfrentar una muerte perinatal. Ahora el texto debe ser debatido en el Senado. El proyecto se basa en la historia de Johanna Piferrer, que a los siete meses y medio de gestación perdió a su hijo Ciro. Sin embargo, la iniciativa podría dejar por fuera a las mujeres cuyos embarazos se interrumpen antes de la semana 22. Esto es porque en la norma se entiende por perinatal al período que va desde las 22 semanas –fecha aproximada en la que, según define el Ministerio de Salud de la Nación, el feto supera los 500 gramos de peso– y los siete días posteriores al nacimiento.

Desde el organismo, que encabeza Carla Vizzotti, se explica que no se trata de una definición arbitraria, sino que ese criterio “es compatible con el concepto de mortalidad perinatal establecido por la Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades y Problemas relacionados con la Salud”.

De todas formas, distintas agrupaciones de mujeres que atravesaron la interrupción espontánea de un embarazo en el primer trimestre y en la primera etapa del segundo impulsan una campaña en redes para pedir que la medida se amplíe a todos los casos, sin límites de semanas. También promueven un segundo proyecto de ley, que fue presentado por el senador Antonio Rodas (Frente de Todos) y que obtuvo dictamen de la Comisión de Salud, pero que luego perdió estado parlamentario, para que se modifique la Ley de Parto Respetado, incluyendo los protocolos de atención a las muertes gestacionales y perinatales. Rodas solicitó específicamente a la Comisión de Salud que incorpore algunos de los puntos propuestos, para incluir a las mujeres que pierden el embarazo antes de la semana 22, aunque todavía no se definió si efectivamente ocurrirá.

“Cada vez que recuerdo lo que me pasó, lo que más me duele es que mi hijo haya terminado en la basura, como un residuo patogénico. Todavía mis hijos menores me preguntan por qué fue así”, cuenta Rocío Troncoso, una santafesina que impulsa a nivel nacional la campaña para modificar la Ley de Parto Respetado. Gracias a esta campaña, a nivel local se consiguió que algunos centros de salud, como el Hospital J.B. Iturraspe, en Santa Fe, incorporen el llamado “código mariposa”, que es un protocolo diferenciado que se activa cuando llega una mujer que está atravesando la pérdida de un embarazo.

Actualmente, ante la pérdida de un embarazo, si el feto pesa menos de 500 gramos o tiene menos de 180 días o 22 semanas, según el distrito, el centro de salud puede disponer del cuerpo dándole el mismo tratamiento que a los residuos patogénicos. Los padres pueden pedir el cuerpo si deciden enterrarlo o cremarlo, solo si superó ese peso o esa edad, ya que para ello deben contar con un acta de defunción fetal emitida por el hospital.

En algunos hospitales y sanatorios, las autoridades acceden al pedido de los padres de darle otro destino, y se emite una licencia de inhumación sin labrar acta de defunción, pero no existe un criterio unificado en todo el país. “Y muchas veces, en esas situaciones la pareja, al no recibir asistencia psicológica, no identifica la importancia de hacer el duelo de esa pérdida”, dice Troncoso. Otro de los reclamos es que, según la legislación actual, los padres tampoco tienen la posibilidad de darle un nombre y registrarlo. (Se anotan como NN, con el apellido de la madre y/o el padre). En muchas ocasiones, cuando pesó menos de 500 gramos, tampoco pueden enterrarlos, según relata Troncoso, en base a la experiencia de otras madres con quienes está en contacto, ya que los cementerios se niegan a recibirlos sin un acta de defunción.

“Estamos a favor de la ampliación de la ley de parto respetado. En la práctica, muchas de las cuestiones que se proponen ya ocurren, aunque al no estar legislado, queda en la decisión de cada servicio. Sin embargo, hay una convención internacional de que esto se aplique a embarazos a partir de la semana 20 o 22. No podría aplicarse a todos los casos. A partir de esa edad gestacional se considera muerte fetal precoz ”, explica Omar Latino, presidente de la Sociedad de Ginecología y Obstetricia de Buenos Aires (Sogiba). Según explica, se trata de una convención internacional que hace referencia a la periviabilidad, es decir, a partir de qué edad gestacional el feto podría vivir fuera del útero.

“Es muy importante que se les de contención a los padres, que se les explique la importancia de verlo, de hacer el duelo, que la madre pueda estar acompañada y recibir asistencia psicológica. Y que si lo deciden, lo puedan enterrar. Pero hay que aclarar que el límite que se establece en semanas no es arbitrario: los embarazos que se pierden antes de la semana 22 no se consideran nacimientos, sino abortos”, agrega Latino.

“Hace diez años, cuando estaba embarazada de Nahuel, a las 20 semanas fui a hacerme una ecografía y descubrimos que el corazón de mi hijo no latía. Te dicen eso y una no entiende nada. Y todo lo que viene después es muy doloroso. Me internaron en la maternidad, se intentó provocar un parto, después tuve una cesárea y quedé internada, junto a mamás que acababan de tener a sus bebés. Había enfermeras que me preguntaban dónde estaba mi hijo, sin entender el dolor que yo estaba viviendo. Cuando el corazón de tu bebé se detiene, para el sistema te convertís en una papa caliente, nadie sabe dónde ponerte, ni qué hacer. Sentís que realmente te quieren sacar de encima. A mí me preguntaron si quería ver al bebé, yo dije que no porque no estaba preparada, nadie me acompañó en ese duelo. Después, me llevó mucho tiempo poder elaborarlo y darme cuenta de que lo único que tenía de él era una foto del embarazo”, recuerda Troncoso, todavía conmovida por la pérdida.

Tiempo después, llegaron sus dos hijos más pequeños, que hoy tienen cinco y tres años. “Tuve mi hijo arco iris, que es como llamamos al hijo que sigue a una pérdida. No viene a reemplazar a nadie, pero llega para sanar temores y heridas. Nadie te prepara para perder un hijo, y lamentablemente en la sociedad todavía sigue siendo un tabú. Como si nos pidieran que de esos hijos que se pierden en los primeros meses no se hable. Hay mucho dolor silenciado, nos obligan a llorar a escondidas. Eso también es violencia obstétrica”, dice Troncoso.

El proyecto de ley que impulsa junto con las organizaciones Alas de Amor, de Bariloche, y Tu imagen, mi recuerdo, de Santa Fe, es que se incorporen las propuestas del senador Rodas al proyecto que ya tiene sanción en Diputados, de forma que exista un protocolo de atención médica del embarazo interrumpido espontáneamente durante la gestación y que se contemplen cuestiones básicas como que la mujer pueda estar acompañada, que se la interne en un área distinta a las salas de maternidad y que se capacite al personal médico y no médico en cómo tratar a una persona que atraviesa esta situación. También, que se le ofrezca apoyo psicológico para poder elaborar la pérdida.

En otros países, como en Paraguay y en Chile, existen leyes que crean un registro que permite inscribir en un catastro, distinto al de los nacidos vivos a los hijos que nacieron sin vida. El proyecto que se va a tratar, de la ley Johanna no lo contempla.

“Es muy difícil la situación que atraviesa una mujer durante y después de una pérdida de un embarazo. Existe un criterio patrimonialista que viene del derecho francés, que para evitar complicaciones en las sucesiones, en términos pragmáticos, se considera que si la persona no nació no existió. Pero por otro lado se reconoce la existencia de la vida humana desde la concepción. No se le puede poner fecha límite a ese dolor, porque eso impide elaborar el duelo. Si la Constitución Nacional y el Código Civil reconocen el comienzo de la persona humana desde la concepción, no se pueden aplicar criterios arbitrarios como la determinación de la semana 22, porque eso deja por fuera a más del 40% de las mujeres que atraviesan una pérdida de un embarazo, según las Estadísticas Vitales del Ministerio de Salud. Ese número podría ser aún mayor, ya que muchas de las pérdidas en las primeras semanas no se reportan”, apunta la abogada Úrsula Basset, docente e investigadora en Derecho de Familia y Sucesiones de la Universidad Católica Argentina (UCA).

“Creo que quizás exista un choque de lógicas entre la legislación del derecho al duelo por una muerte gestacional con la de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, que no debería ser tal. Este proyecto de ley permitiría que voluntariamente las mujeres o las familias que así lo deseen puedan ampararse en un protocolo de trato humanizado y también pedir ciertas cuestiones que les ayuden a elaborar la pérdida, como poder ver a su hijo, tener algún recuerdo y también –aunque esta ley no lo contempla– darle un nombre, registrarlo, poder enterrarlo o lo que decidan”, explica. “No tener dónde y a quién llorar dificulta hacer el duelo”, apunta Basset.