MADRID.– Recuperar la habilidad de comunicarse tras haberla perdido por una enfermedad degenerativa. Apagar o encender objetos con la mente. Escribir en el ordenador con tan solo pensarlo e, incluso, descifrar el subconsciente. Parece ciencia ficción, pero son realidades con las que el género humano ya convive desde hace varios años gracias a los implantes cerebrales. Científicos, representantes de gobiernos y altos mandos de las Naciones Unidas (ONU) se reunieron el jueves en París para abordar los problemas éticos derivados de estos avances de la neurotecnología –la rama de la ingeniería a la que corresponden– e intentar hacer una hoja de ruta para regular su uso lo antes posible.

“El interés de la Unesco es construir la base de un entendimiento sobre los retos de la neurotecnología desde una perspectiva ética”, afirma Gabriela Ramos, subdirectora general de ciencias sociales y humanas de la Unesco, el ente para la educación, la ciencia y la cultura de las Naciones Unidas, que organizó la reunión. El debate más grande de todos, según los expertos que intervinieron a lo largo de la jornada, es la dicotomía entre desarrollo y el respeto a los derechos humanos. Así, se busca garantizar que se respeten la libertad de pensamiento y la privacidad sin frenar la investigación científica que tanto puede beneficiar a la humanidad.

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“Lo que parecía al comienzo de la ciencia ficción ya llegó. Si no actuamos rápido pasará lo mismo que con internet, las redes sociales o la inteligencia artificial, que se nos escaparon de control”, explica el neurocientífico español Rafael Yuste, catedrático de la Universidad de Columbia (EE.UU.). Además de ser experto en descifrar todos los secretos del cerebro, Yuste también es pionero cuando se trata de salvaguardar los derechos humanos comprometidos por esta tecnología. En 2017, años antes de conseguir manipular el comportamiento de unos ratones interviniendo directamente en sus cerebros, el español creó una fundación de neuroderechos (The Neurorights Foundation) para promover cinco principios fundamentales: privacidad mental, identidad personal, libre albedrío, acceso equitativo a tecnologías de mejora y protección de los sesgos.

El riesgo, explica Yuste, es que las mismas herramientas que en medicina pueden ayudar a mejorar la vida de las personas, acaben vulnerando la información que almacena el cerebro. “A pesar de que la hoja de ruta es benéfica, estas tecnologías son neutras y se pueden usar para bien o para mal”, sostiene. Ya no se trataría solamente de datos e informaciones personales como la dirección de casa, los hábitos de comprar o qué partidos políticos se siguen en las redes sociales, sino también algo tan íntimo como los recuerdos y pensamientos, y en un futuro no muy lejano incluso el subconsciente. “Pasa lo mismo que pasa con los idiomas extranjeros, en un primer momento es más fácil leerlos que hablarlos. A la lectura del cerebro ya llegamos hace tiempo, faltan unos cinco o diez años hasta que seamos capaces también de manipularlo”, añade Yuste.

Chile se convirtió en la punta de lanza de los neuroderechos en el mundo en 2021, tras introducir una enmienda para proteger la actividad cerebral en su constitución. La reforma, que fue votada por unanimidad, reconoce la necesidad de llevar a cabo cualquier tipo de desarrollo científico y tecnológico “con respeto a la vida y la integridad física y psíquica de las personas”. Por otro lado, el Congreso chileno sigue trabajando en un proyecto de ley que recoja los neuroderechos de acuerdo con los avances del Grupo Morningside, coordinado por Yuste y compuesto por 25 especialistas internacionales en neurociencia, derecho y ética.

“Entendemos que la regulación de estas tecnologías no puede fundamentarse en el miedo al desarrollo tecnológico, sino en un compromiso inquebrantable con los derechos humanos. Y que es una tarea compleja porque la legislación tiene que dejar suficiente espacio para la innovación”, recordó en París la subsecretaria de Ciencia y Tecnología del gobierno chileno, Carolina Gainza. “Por esto es importante impulsar una discusión formada por la evidencia y la conciencia ética. Tener la mente abierta para poder imaginar nuevas posibilidades que hasta ahora no hemos ni siquiera imaginado”, agregó.

Gabriela Ramos, que recientemente moderó el debate entre los principales actores internacionales en este campo, reconoce que el modelo chileno funciona, ya que parte de un concepto muy básico: la idea de que la información neuronal no se debe comercializar. “Si tenemos un marco regulatorio sólido, transparencia y rendición de cuentas, no hay motivos para tenerle miedo a esta revolución”, aclara la subdirectora de la Unesco.

Actualmente, el grupo de Yuste está trabajando en Brasil, el segundo país que optó por introducir una enmienda constitucional parecida a la chilena, que se votará en los próximos meses en el Senado. España, por su parte, publicó una Carta de Derechos Digitales, el primer documento de este tipo en Europa, que vio la luz tras más de un año de trabajo. De este proyecto participaron múltiples expertos, coordinados por la secretaria de Digitalización e Inteligencia Artificial, Carme Artigas. “Hay dos aspectos que más me preocupan en este campo. Primero, creo que es importante que no cometamos el mismo error que con la inteligencia artificial, cuando nos dejamos guiar por la industria en lugar de por el mundo académico”, reconoció la funcionaria durante su intervención. “En segundo lugar, se debe facilitar la accesibilidad a los beneficios potenciales de estas investigaciones, para que todos puedan aprovechar estos avances cuando se trata de salud”, añadió.

El documento español, que carece de valor legal, plantea algunas bases iniciales que guiarán las futuras políticas tecnológicas. “Las directrices están bien para empezar a hablar del asunto; hay muchos países y organizaciones internacionales que lo están haciendo. Sin embargo, no resuelven el problema. Lo que hay que hacer es meterle mano de verdad y cambiar la constitución para proteger la ciudadanía”, opinó Yuste.

De hecho, el fuerte componente de inversión privada en este tipo de tecnología es uno de los factores que más preocupa a los expertos. Un análisis de mercado de la fundación de neuroderechos de Yuste calculó que hay más de 33.000 millones de dólares invertidos en proyectos privados de neurotecnología, una cifra exorbitante si se compara con los escasos 10.000 millones que están puestos en todos los proyectos públicos de investigación del cerebro en el mundo.

Un papel fundamental en este ámbito lo ejerce Milena Costas, que lidera el grupo de derechos humanos de las Naciones Unidas. Junto a su equipo, está trabajando en un estudio sobre el impacto, las oportunidades y los desafíos de la neurotecnología, a partir de un cuestionario que se está suministrando a varios gobiernos y organizaciones internacionales. “Las oportunidades son infinitas. Sobre todo en el ámbito médico, cuando hablamos de las aplicaciones para hacer diagnósticos y determinar tratamientos para enfermedades neurológicas –describe Costa–. Lo que puede ser más problemático es la rápida comercialización de estas tecnologías que ya se encuentran disponibles en el mercado”.

El escenario es incluso más inquietante si se observan los resultados de otro estudio que Yuste presentó este jueves durante la conferencia de la Unesco y que se publicará en septiembre. Tras analizar los contratos con el consumidor de las 24 empresas más importantes de neurotecnología en el mundo –la mayoría de las cuales se encuentran en Estados Unidos y Canadá– verificó que todas las empresas, sin ninguna excepción, toman el control de todos los datos neuronales del usuario. “No solamente los tienen, sino que pueden hacer lo que quieran con ellos. Los pueden destruir, decodificar, vender. Y la mitad de las empresas hace pagar a los usuarios para consultar sus propios datos cerebrales”, afirma Yuste, que mantuvo reserva del nombre de estas compañías.

Otra de las preocupaciones incipientes de los científicos es la dificultad para vigilar la tecnología no invasiva, como las gafas para videojuegos o las pulseras que ya tienen acceso a mucha información sobre la vida de sus usuarios. “Desde el punto de vista de los pacientes, se trata quizá de la revolución más relevante. Pero el hecho de que sean unos implantes externos hace que su regulación se sienta menos urgente, y este es un error”, alerta Yuste. De hecho, el avance de proyectos más atrevidos que planean implantar chips en el cerebro –como el caso de Neuralink, la compañía de Elon Musk, que lleva años a la espera de probar sus implantes en seres humanos– está siendo más lento, ya que depende de los permisos de las agencias regulatorias.

Con estos supuestos, Costa insiste en la necesidad de regular esta tecnología pensando ante todo en los derechos de los colectivos más vulnerables, como los niños, las personas con discapacidades y los mayores. “Nunca hay que olvidar que, a pesar de que los avances puedan ser ventajosos, no se pueden aceptar sin más; sacrificando la privacidad mental o la libertad de pensamiento. Intentar definir de una manera más precisa las líneas rojas no es una forma de limitar el crecimiento de esta tecnología, sino un apoyo para que esta se desarrolle de la forma más útil para la humanidad”, afirma la experta.

Por Clara Ángela Brascia