“Estamos ante una víctima con su vida destrozada. Sería ficticio asignar esta realidad exclusivamente a un abuso sexual descontextualizado; hubo una contribución dañosa de ambos acusados que, antes y después de eso, la sometieron a trabajo forzado, a esclavitud doméstica. Seguramente la víctima no pudo percibir lo que ocurría mientras declaraba; ha sido desgarrador escucharla. Quizás en algún momento escuche este alegato, que si bien tengo que dirigir al tribunal, entiendo también procedente dirigirme a la víctima, directamente, y decirle que la fiscalía cree en su palabra. Que su palabra es cierta, es verdadera, que lo que dijo ocurrió tal como lo relató. No es una cuestión de fe, es la consecuencia de la prueba que sustenta también su relato”.

Con esa crudeza y dramatismo, el fiscal federal Abel Córdoba dimensionó, en su alegato, el impacto de los hechos que justificaron la acusación por la cual, ayer, el Tribunal Oral Federal N°4 condenó a 10 años de prisión a un militar de la Armada, de 46 años, como autor de los delitos de trata de personas con fines de explotación laboral y abuso sexual con acceso carnal en perjuicio de una chica salteña, menor de edad y de condición de extrema vulnerabilidad.

Esa es la descripción técnica-legal de una secuencia de eventos aberrante: la víctima fue obligada durante un año y medio a realizar tareas domésticas en la casa del imputado, que una noche violó a la joven –cuando dormía junto a la pequeña hija del marino–, la dejó embarazada y la expulsó de su hogar una vez que ella dio a luz a una niña, producto de esa agresión sexual.

Ella misma, en la única palabra que pudo expresar antes de quebrarse en llanto, definió la magnitud del impacto de su calvario en la gran ciudad: “Destrozada”.

Los jueces federales Néstor Costabel, Luciano Gorini y María Gabriela López Iñiguez resolvieron aplicar la mitad de la pena que había solicitado Córdoba, que también había requerido una condena a 10 años de prisión para la esposa del militar, una docente que, finalmente, fue absuelta por el TOF 4 en cuanto al delito de trata de personas con fines de explotación laboral por el que había llegado al juicio oral. Las identidades fueron mantenidas en reserva, por ser la víctima menor de edad y víctima de un delito gravísimo contra su integridad sexual.

Según publicó el Ministerio Público Fiscal en su portal de informaciones fiscales.gob.ar, “en línea con el petitorio de la fiscalía, el tribunal ordenó la inclusión del perfil genético del condenado en el Registro Nacional de Datos Genéticos vinculados a delitos contra la integridad sexual. También dispuso la reparación económica integral de la víctima –la fiscalía la calculó en su alegato en más de 30,5 millones de pesos– y el privilegio de cobro”. El monto efectivo del resarcimiento y la modalidad de pago se conocerán el 9 de noviembre próximo, cuando se hagan públicos los fundamentos de la sentencia.

La causa comenzó en noviembre de 2020, cuando una investigación preliminar de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex) certificó la verosimilitud de los datos aportados por una persona con un llamado a la línea telefónica gratuita 137, del Programa de Víctimas contra las Violencias. La cotitular de la Protex, la fiscal federal Alejandra Mángano, hizo la denuncia que formalizó el expediente.

Según se desprende de las constancias del debate, “el militar, de origen salteño, captó a la joven menor de edad en marzo de 2019, en un pueblo de Salta, la trasladó a Buenos Aires y la acogió en su domicilio mediante engaño y abuso de su situación de vulnerabilidad. Una vez allí, la víctima fue sometida a un régimen de realización ilimitada de trabajos domésticos y al cuidado de las hijas menores del matrimonio, de 6 y 10 años, durante las 24 horas, de lunes a domingo, hasta principios de septiembre de 2020″.

A fines de diciembre de 2019, la joven fue abusada sexualmente por el militar mientras se encontraba durmiendo al lado de su hija de seis años. Según quedó establecido, en ese contexto “el hombre le realizó tocamientos mientras le tapaba la boca con un trapo que tenía una sustancia con olor a alcohol que la adormecía cada vez que intentaba gritar. Al despertar, la víctima encontró que tanto las sábanas como su ropa y el piso estaban manchados de semen y de sangre –producto de sus lesiones genitales–, que luego debió limpiar. La joven recibió amenazas de muerte por parte del hombre para que no contara lo sucedido. El sujeto utilizó un cuchillo para amedrentarla”.

Hubo, tras ese brutal ataque, un paréntesis. “Durante ese año y medio la explotación se interrumpió un lapso de dos meses. Tras el episodio de abuso, entre diciembre de 2019 y febrero de 2020, la víctima viajó de vacaciones a Salta junto a la familia. En ese contexto, escapó y volvió a su domicilio, pero comenzó a recibir amenazas por parte del militar y del hermano de este, incluso con matar a su madre, y se vio obligada a regresar al domicilio donde era explotada en Buenos Aires. Según se acreditó, ese traslado fue costeado por el ahora condenado”.

De la causa surge que, ante la evidencia en su propio cuerpo a la vista, la joven “puso en conocimiento al militar y a su esposa del embarazo que cursaba, pero estos le indicaron que debía abortar”. La chica siguió trabajando en ese estado incluso después del nacimiento de su hija, el 14 de agosto de 2020, hasta que días después fue echada de la casa.

El Ministerio Público informó que “según se acreditó, la joven no recibió salario alguno y fue víctima de un endeudamiento inducido, puesto que el militar le cobraba todos los gastos derivados de su subsistencia. Incluso, le hizo gestionar el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) durante la pandemia, cuyo importe finalmente terminaba en manos de su explotador. Además, le retuvo su documento nacional de identidad y no le permitió acceder a la escolarización que le había prometido”.

Declararon la víctima, la pareja acusada, varios testigos y se realizó, además, la prueba genética clave para probar la relación entre el militar y la beba de la joven.

En su alegato, el fiscal Córdoba y la auxiliar fiscal María Laura Grigera destacaron la importancia de un “enfoque interseccional” que permitió realizar el cruce de las características concurrentes en la vulnerabilidad de la víctima. “Era menor de edad, provenía del ámbito rural, de una comunidad indígena, es mujer, pobre, migrante, y así podríamos seguir sumando rasgos específicos del caso que ahondan la gravedad, sean condiciones de la víctima o de los acusados”, remarcaron.

Córdoba refirió que en este caso, la trata estuvo emparentada con el “padrinazgo”. Sobre la base de la propia defensa del acusado, señaló que el marino se ganó la confianza de la madre de la niña “bajo el compromiso de habilitar el acceso a mejores recursos, a un futuro mejor”. Explicó que “a partir de ahí los acusados se asumen como una especie de tutores hacia terceros, pero la finalidad concreta es la explotación laboral”.

Tal como publicó fiscales.gob.ar, “la fiscalía destacó que la víctima expresó una sola palabra, antes de llorar ante el tribunal, para definir su vida en Buenos Aires: ‘Destrozada’”.

El TOF N°4 condenó al militar a 10 años de prisión por los delitos de trata de personas con fines de explotación laboral, agravada por mediar abuso de una situación de vulnerabilidad, por ser la víctima menor de edad y por haberse consumado la explotación, en concurso real con el delito de abuso sexual con acceso carnal, agravado por haber resultado un grave daño a la salud.

El fiscal Córdoba, en su alegato, había sostenido que también debían aplicarse las agravantes de mediación de engaño, fraude y amenaza, por ser la víctima menor de edad y por estar embarazada, en cuanto a la comisión del delito de trata, y la agravante del uso de armas, con relación al abuso sexual.

La esposa del marino fue absuelta del delito de trata de personas con fines de explotación laboral agravada por mediar engaño, fraude, amenaza y abuso de la situación de vulnerabilidad, por ser la víctima menor de edad, por estar la víctima embarazada y por haberse consumado la explotación por el que la fiscalía había requerido la imposición de 10 años de prisión.