Cuando D. S. atendió el teléfono, su interlocutora se presentó como Sarah Sis Kwasi y dijo ser presidenta del Banco de Desarrollo Agrícola (BDA) de Ghana y le explicó que se comunicaba con él para informarle que era el beneficiario de una herencia que le había dejado un familiar que acaba de morir y que, para poder cobrar lo que le correspondía, solo tenía que hacer una transferencia de dinero para habilitar el pago. Para darle veracidad al relato, le enviaron una fotografía que simulaba ser un documento bancario donde se acreditaba que le correspondían 8.400.000 de dólares. Era una trampa. La víctima lo supo después.

En la app de citas Tinder, A. M. F. conoció a una persona que se presentó como ingeniero geofísico de los Estados Unidos que trabajaba en Pakistán en la reparación de tuberías. La mujer recibió fotos y las charlas continuaron por correo electrónico y chats de WhatsApp. Él prometió una pronta visita a la Argentina. Antes, le dijo, le iba a llegar un paquete con regalos, dinero y documentación personal. De pronto, hubo un inconveniente, le explicó su enamorado, y la encomienda había quedado retenida en el aeropuerto internacional de Ezeiza. En realidad era una puesta en escena. A. M. F. fue contactada por el supuestamente representante de una empresa de logística que le exigió 1300 dólares para poder recuperar el envío postal. Era otra trampa y la víctima terminó transfiriendo 2.765.840 de pesos.

M. L. L. también cayó en la trampa de los mismos estafadores. A ella la engañaron, primero por Facebook, con la historia de un supuesto cardiólogo de los Países Bajos que estaba en una misión humanitaria en Yemen. La mujer, después de conversaciones por WhatsApp y el chat de Hangouts, se sintió enamorada y no dudó cuando la persona que ella creía que era médico le pidió ayuda para pagar una intervención de su hijo y para abonar “una fianza” para que él pudiera viajar a la Argentina. Ella no lo dudó y transfirió dinero en varias oportunidades. En total fueron $658.730.

Hubo más casos de gente que cayó en la trampa de una organización criminal trasnacional que operaba en la Argentina, unas 40, según el expediente judicial.

El presunto jefe de la banda, Obinna Chukwuemeka Ejikeme, conocido por el apodo de Bobby, está prófugo y con pedido de captura internacional. Se sospecha que está en la ciudad de Lagos, en Nigeria.

A prisión de meses, tras una extensa investigación, en la denominada Operación Internacional Jackal, detectives de la División Delitos Tecnológicos de la Policía Federal Argentina (PFA) detuvieron a 17 sospechosos. Se trata de la tercera etapa de una pesquisa que comenzó en 2021 y tiene 75 imputados.

“Corresponde reiterar aquello afirmado en la introducción de la resolución del 4 de julio de 2022 en el marco de la cual se acreditó la existencia de una estructura detrás de los hechos que se identificaron y fueron incorporando al objeto procesal, sumamente compleja y creada específicamente para cometer delitos -en su mayoría sobre el patrimonio de las personas y para obtener un elevado flujo de dinero, por sumas millonarias- con integrantes que ocupaban distintas jerarquías y roles: desde mulas bancarias o mulas de dinero, reclutadores, organizadores y jefes de facciones locales hasta operadores de los engaños en línea y, posiblemente, jefes regionales. Existe un flujo de dinero internacional que circula por países de distintos continentes y que la Argentina no es la excepción con relación a esta operatoria, siendo más de paso que de destino final”, sostuvo el juez Manuel de Campos, a cargo del expediente, en una reciente resolución donde procesó a 22 sospechosos con prisión preventiva y trabó embargados sobre los bienes de los estafadores hasta cubrir la suma de 60.000.000 de pesos en cada uno de los casos.

Entre los imputados hay ciudadanos argentinos, peruanos, paraguayos, colombianos y venezolanos. La investigación continúa porque falta identificar a otros integrantes de la organización criminal.

En julio del año pasado, en resolución a la que hizo referencia el juez de Campos, se explicó: “Esta investigación sirve para observar y comprobar las severas consecuencias causadas por el crimen organizado, sea porque, al contar con mayores recursos, pudo afectar a un mayor número de personas, o porque –a partir de aquellos y del producido del propio delito– consiguió expandirse a gran velocidad, generando serias dificultades para que, desde el propio estado de derecho se le imponga un límite y se lo reprima”. En esa oportunidad procesó a 32 sospechosos.

La investigación que lleva adelante el juez de Campos comenzó a principios de 2019 tras la denuncia de un empresario que fue víctima de la organización criminal.

En esta tercera etapa de la investigación, los detectives de la PFA tuvieron la colaboración de agentes del FBI de los Estados Unidos y de personal de la Policía Nacional de España, quienes aportaron información y la localización de cuentas en el extranjero y datos de otras células de origen nigeriano que operan en distintas partes del mundo, conocidas como Black Axe.

“Esta organización criminal es liderada por delincuentes nigerianos que reclutaban a venezolanos y colombianos para cometer estafas y extorsiones a empresas y personas incautas que caían en sus trampas”, explicaron en su momento fuentes de la PFA.

Tras las detenciones, la PFA estimó el botín de la organización criminal en 8.000.000 de dólares. Fuentes judiciales destacaron el trabajo hecho por los detectives de la División Delitos Tecnológicos del Departamento Ciberdelito y de los especialistas de División Lavado de Activos, áreas que dependen de la Superintendencia de Investigaciones Federales, a cargo del comisario general Alejandro Ñamandú.

“Cada actuación individual, cada aporte en concreto y cada eslabón de la cadena que se fue generando con la concatenación, fue igual de relevante para la concreción de todo este entramado y de toda esta afectación, lo que grafica que todos los indagados deben responder por igual en torno a su intervención en cada estafa, defraudación y/o extorsión -sin perjuicio de que, el día de mañana, frente a una eventual condena, se gradúen penas distintas atendiendo a cada una de las situaciones en particular-.”, afirmó el juez de Campos al procesar a los sospechosos.