Carlos Eduardo Robledo Puch, el asesino serial más sanguinario de la historia penal argentina, seguirá preso. La Justicia rechazó un pedido presentado por su defensa para que se le conceda la libertad o la prisión domiciliaria y a los 71 años continuará sus días en la cárcel de Olmos, donde cumple la condena a prisión perpetua más la accesoria de reclusión por tiempo indeterminado que un tribunal de San Isidro le impuso al considerarlo responsable de 11 asesinatos cometidos entre el 15 de marzo de 1971 y el 3 de febrero de 1972.

La Sala I de la Cámara de Apelaciones y Garantías de San Isidro determinó que correspondía rechazar las solicitudes de la defensa de incorporar a Robledo Puch a un régimen de libertad o prisión domiciliaria. Se basó en informes psicológicos que enfocaron la “ausencia de un proceso crítico y reflexivo” del reo sobre los crímenes que cometió –él insiste con que es inocente– y en su cerrada negativa a recibir tratamiento de salud mental.

Hasta ahí, la parte “técnica” del fallo, que, en rigor, encierra una trama inesperada: la de dos mujeres que se propusieron como “garantes” de la excarcelación del Ángel de la Muerte con el oculto propósito de quedarse con una millonaria suma que el asesino múltiple, que lleva 51 años preso, tiene en una cuenta a su nombre, producto de la venta de dos casas heredadas de sus padres.

Desde que supo que otro impactante asesino, Ricardo Barreda, había logrado salir de la cárcel luego de casarse con Berta André, que le dio casa y se convirtió en su garante extramuros, Robledo Puch supo que tenía que conseguirse “una Pochi” que se hiciera cargo de él. “Quiero morir en libertad, no quiero morirme preso”, les dijo en el verano de 2022 a los dos abogados que presentaron, en su nombre, uno de los tantos pedidos de libertad condicional que no prosperaron.

Durante 14 años su deseo de conseguir esa “garante” se topó contra un muro, hasta que, en 2022, el panorama cambió: dos mujeres de San Nicolás –madre e hija, a las que se identifica solo como G. F. y Y. A.– se ofrecieron para recibirlo en una casa de aquella ciudad del norte bonaerense o para derivarlo en un geriátrico, donde cumpliría con la eventual prisión domiciliaria.

El ofrecimiento de las mujeres corrió por cuenta de un mediático abogado que, el último verano, se presentó en varios canales de televisión como “el letrado que sacaría de la cárcel a Robledo Puch”. G. F. y Y. A. visitaron a Robledo Puch en la prisión platense de Olmos junto a ese letrado. En la charla, el abogado tomó con su celular fotos que posteó en Instagram con la leyenda: “Dirimiendo estrategias con Robledo”, según denunció El Ángel de la Muerte ante la Cámara de San Isidro.

Esa actitud del abogado despertó la desconfianza de Robledo Puch, que decidió desplazarlo de la defensa. Debido a que el letrado no fue formalmente acusado y sus acciones no tipifican delito, su nombre se mantiene en reserva.

No obstante, la situación de ambas mujeres puso al descubierto una eventual maniobra que consiste en relacionarse con presos a los que les ofrecerían la posibilidad de acceder a un domicilio que puedan fijar como lugar de cumplimiento de una prisión domiciliaria.

La investigación encarada por el tribunal reveló que la mayor de las mujeres mantenía conversaciones con varios presos al mismo tiempo, especialmente con Robledo Puch, al que se refería como su “amigo”, aunque lo fue a visitar solo en una oportunidad, en enero de este año.

“A la mujer que se presentó como garante le preocupa el destino del dinero de Robledo Puch, ya que fue informada por un funcionario judicial de que tenía depositada una suma millonaria de dinero, proveniente de la venta de un inmueble que recibió por herencia. La mujer afirmó que el detenido le dijo que quiere disponer de ese dinero para el pago de un abogado. Que para tal cometido han planeado que se presente una nueva persona como posible tutora de Robledo Puch”, explicó una de las asistentes sociales que realizó el estudio ambiental en el lugar que se había ofrecido para que cumpliera la prisión domiciliaria.

Robledo Puch desconfió y se negó a que G. F. se convirtiera en su garante y tutora. Reconoció que G. F. le llevaba alimentos, pero sostuvo que se habría complotado con otro preso para quedarse con el dinero de la venta de dos casas en Villa Adelina, que habían sido de sus padres.

En los estudios socioambientales ordenados por el Tribunal quedó al descubierto que G. F., había manifestado en su barrio, en San Nicolás que “se ocuparía de gestionarle la jubilación a Robledo Puch, quien la había elegido como administradora del dinero que posee depositado en una entidad bancaria por la venta de dos inmuebles”. También, que “siempre se refería a una suma millonaria que comenzaría a utilizar para el pago mensual de la institución geriátrica, comprarle artículos que necesitaba y, también, para alquilar una casa en la que pudiera vivir”.

Sin embargo, la investigación encarada por el Tribunal comenzó a revelar tramas oscuras detrás del supuesto gesto altruista. Se supo que la mujer que se presentaba como garante de Robledo Puch había sido condenada a seis años de cárcel por tráfico de drogas y tenencia ilegal de arma de fuego.

Además, la vivienda en la que intentaba alojar a Robledo Puch –después que fracasaron los intentos por llevarlo a dos geriátricos– fue objeto de denuncias por distintos vecinos que indicaron que allí vivían personas que habían “tomado” la propiedad, que vendían drogas, que allí una joven había sido asesinada a puñaladas y que había sido objeto de varios allanamientos.

Otro dato surgió de la propia declaración de Robledo Puch. El reo dijo que las mujeres que prometían ser sus garantes nunca le llevaron uno solo de los remedios que él necesita. No solo eso, le daban de comer harinas y turrones, algo que agravaba su patología gastrointestinal. “Me daban Mantecol y harinas, y después me sentía muy mal”, dijo el Ángel de la Muerte ante los jueces que debían decidir si procedía la excarcelación que pretendía el mediático abogado que lo había representado en la última apelación.

Ante la negativa constante de Robledo Puch de someterse a tratamientos psiquiátricos y psicológicos que, eventualmente, pudieran avalar la conclusión de que dejó de ser un peligro para sí y para terceros y está en condiciones de afrontar la vida en sociedad, requisito indispensable para que pueda pasar al período de preegreso, la Justicia rechazó, una vez más, la libertad del Ángel de la Muerte.

Ya pasó más de medio siglo. Menos de un año, en los comienzos de los convulsionados años 70, le bastó al casi adolescente Robledo Puch para convertirse en el veinteañero antisocial y de rostro aniñado que dejó tras de sí un rastro de muerte y dolor; once meses en los que causó terror y se convirtió en el paradigma del mal.

El 27 de noviembre de 1980, los jueces José Ignacio Garona, Bernardo Rodríguez Palma y Roberto Borserini, de la Cámara I de Apelaciones en lo Penal de San Isidro, condenaron a Robledo Puch a reclusión perpetua por once homicidios y le impusieron la cláusula de la accesoria de reclusión por tiempo indeterminado.

“No es este un caso novedoso, quizá sea si el caso más patético que se haya conocido. La pena será la más grave de su especie de las contempladas por la ley penal”, sostuvo Garona, al anticipar el veredicto. Desde entonces, el Ángel de la Muerte está detenido. Primero, en la U9 de La Plata, de la que se escapó el 7 de julio de 1973, aunque fue recapturado 68 horas después, en Vicente López. Luego pasó años en el penal de Sierra Chica –donde estuvo durante el sangriento motín de la Semana Santa de 1996– y, desde mayo de 2019, en un pabellón de adultos mayores de la cárcel de Olmos. En febrero, cumplió 51 años preso.

Para él es libertad o nada. Por eso se negó a que lo incorporen a un sistema de semilibertad e incluso pidió que le permitieran construir una casa dentro de Sierra Chica, donde estuvo hasta 2019, cuando sufrió una obstrucción intestinal y de una hernia inguinal, que obligó a su traslado al hospital del complejo penitenciario de Olmos. Padece aquel cuadro gastrointestinal y enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC).

En la resolución firmada por el juez Oscar Quintana y el secretario de la Cámara, Bernardo Hermida Lozano, se encargó a la Dirección de Tercera Edad bonaerense que informe sobre las instituciones de salud o dispositivos de tercera edad que se adecuarían a las necesidades del interno con respecto a condiciones de alojamiento, atención médica y contención. Y se dispuso que los responsables de la Unidad 26 del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) arbitren los medios necesarios para que Robledo Puch sea evaluado por especialistas médicos que diagramen los tratamientos gastrointestinales y pulmonares que necesita.

Pero además de aquellas dolencias, Robledo Puch carece de remordimiento por lo que hizo. “El interno se victimiza y que en su discurso y actuar se observan rasgos de manipulación. La insistencia sobre su inocencia evidencia la ausencia de un proceso crítico y reflexivo. Presenta elucubraciones de tinte paranoide sobre distintos aspectos, tanto sociales, económicas, políticas, judiciales a las cuales remite de forma continua. Sostiene que todo es un complot contra su persona; acá se puede tener en cuenta que Robledo Puch se niega en todo momento a recibir el tratamiento médico para su salud mental”, concluyó la psicóloga que escuchó al Ángel de la Muerte hace meses y elaboró un informe que cimentó el último rechazo a la libertad del mayor asesino de la historia argentina.

Así, seguirá como hasta hoy: valiéndose por sus propios medios en la celda en la que está solo, derecho que se ganó por ser el preso más antiguo de la provincia de Buenos Aires, con sus diarias caminatas con un preso por los patios de Olmos y, sobre todo, con el único deporte que practica: ajedrez.