Preocupado por la salud de su novia, Leandro Anthony Alexis Quispe insistió con ir a buscar ayuda médica para despejar las dudas y calmar sus dolores. Debieron salir de la burbuja en la que él se escondía, en el centro de la villa 1-11-14, e ir al hospital Parmenio Piñero, a diez cuadras más allá. Siempre se había sentido seguro en el Bajo Flores, un territorio que, durante años, dominó con la mano dura propia de un encumbrado narco. Por eso, quizás, se sorprendió cuando lo atrapó una brigada de la Gendarmería Nacional que hacía más de dos años lo tenía en la mira. “Ni la vio venir”, dijeron a LA NACION fuentes de la fuerza de seguridad federal.

Quispe, al que conocían como “Bandido”, fue uno de los lugartenientes de su compatriota, el peruano Marco Antonio Estrada Gonzales, el mítico Marcos, que durante décadas dominó las operaciones de narcotráfico en el enclave del Bajo Flores, y que fue deportado del país en junio de 2022, mientras purgaba una pena de 24 años de prisión, para luego ser arrestado en Lima, en septiembre pasado, acusado ahora de lavado de dinero del comercio espurio de estupefacientes. Era buscado desde 2021 como integrante de la banda de Los Marolas, un clan familiar que tenía una red de “soldaditos” que usaba para intimidar a rivales y para usurpar casas que luego usaban para instalar búnkeres de venta de drogas.

“Veníamos siguiendo el entorno familiar y estábamos al tanto de que estaba de novio. Mediante trabajos de seguimiento de ella, tanto en la calle como en sus movimientos en redes sociales, sabíamos que iba a ir a hacerse un estudio al hospital y planteamos la hipótesis de que Quispe podía acompañarla... Salió redondo”, explicó, con satisfacción, una calificada fuente de Gendarmería.

Bandido estaba prófugo desde agosto de 2021. A lo largo de dos años y medio, efectivos de la Unidad de Investigación de Delitos Complejos y Procedimientos Judiciales “Cinturón Sur”, junto con el apoyo de la Sección de Reunión de Información de la Gendarmería, llevaron a cabo distintas tareas de investigación sobre la organización criminal que operaba en el Área Metropolitana de Buenos Aires y detuvieron a cuatro de los principales miembros del clan que durante más de dos décadas capitaneó Marcos.

El capo narco peruano había sido expulsado de Argentina el 22 de junio del año pasado, en un operativo de seguridad especial que incluyó el traslado en helicóptero desde el penal ubicado en la localidad bonaerense de Marcos Paz donde estaba alojado, informaron fuentes policiales. Estrada Gonzales cumplía una condena de 24 años de prisión por los delitos de “narcotráfico y acopio de armas de guerra”.

Según estableció una investigación de la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar), el líder narco seguía dirigiendo desde prisión una organización dedicada a la venta de drogas en el barrio 1-11-14. Por tal motivo, el 20 de mayo de 2022, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal (TOF) N°3 autorizó el extrañamiento (expulsión del país) de Marcos hacia Perú, en un fallo en el que le solicitó a la Dirección Nacional de Migraciones que dispusiera los medios para que se realice el traslado del condenado a Lima y se le prohíba de manera permanente el reingreso a la Argentina.

En un juicio que culminó en noviembre del 2020, en pleno aislamiento por la pandemia del coronavirus, el TOF 3 -el mismo que luego le otorgó el extrañamiento- había condenado a “Marcos” a una pena de 17 años de prisión; pero se le unificó con una sentencia anterior a 10 años de encierro que había sido dictada en mayo del 2013, por lo que lo condenó a una pena única de 24 años.

Los jueces lo consideraron “organizador de una empresa destinada al tráfico ilícito de sustancias estupefacientes en la que intervinieran más de tres personas” en la villa 1-11-14, -también conocido como el barrio Padre Ricciardelli- y coautor de “tenencia ilegal de material explosivo y acopio de armas”.

En el mismo fallo, el tribunal condenó a la esposa de “Marcos”, llamada Silvana Alejandra Salazar, a una pena única de 18 años de cárcel, dado que ya cumplía otra a 8. También condenó a su suegra, Lucía Enríquez Alarcón, alias “Doña Lily”, a la pena de 4 años y 6 meses de cárcel como “partícipe secundaria de tráfico de estupefacientes”.

Para los jueces, quedaron probados los vínculos de los condenados en la preparación, entrega y venta de droga durante alrededor de 12 años, aún luego de la detención de “Marcos”, que se produjo en diciembre de 2016.