Los números duelen en sí mismos y más aún cuando se los contrasta con imágenes como las del exjefe de gabinete bonaerense, Martín Insaurralde paseando por el Mediterráneo: hoy más de 1,8 millones de niñas y niños crecen con hambre. Sin embargo, “el hambre y la pobreza infantil no pareciera ser una prioridad en la campaña electoral”, denunció hoy Celeste Fernández, abogada y docente, codirectora de la Asociación Civil Igualdad y Justicia (ACIJ), e integrante del colectivo Infancia en Deuda, que presentó el informe “Crecer sin pobreza, para que la lucha contra la pobreza infantil sea prioridad en la agenda pública”.

El trabajo se basó en los datos oficiales sobre esta problemática y las última información disponible de Unicef sobre ese tema en infancia. “El 57% de la población infantil vive en condiciones de pobreza, y, al menos, el 12% sufre pobreza extrema. Eso significa que 7,4 millones de niñas, niños y adolescentes viven sin acceso a derechos básicos (según el Indec, equivalen al 57% de los menores de 17 años), y que más de 1,8 millones (el 14,3%) crecen sin una alimentación mínima”, se destacó. Además, de acuerdo a datos de Unicef, el año pasado casi el 20% de los hogares con niños dejó de realizar al menos una comida al día.

¿Quiénes son los más pobres entre los pobres? El informe identificó un gran factor que aumenta las chances de caer en la pobreza: que haya chicos en la casa. “La infantilización de la pobreza es un problema estructural”, se lee en el documento. Y aporta datos de Unicef: entre 2017 y 2022, la pobreza infantil aumentó 8,4% y la monetaria extrema, 2,7%.

Y dentro de este grupo, también se identificaron tres sectores de mayor vulnerabilidad: los adolescentes entre 10 y 17 años; los chicos que viven en hogares monoparentales con jefatura femenina, también llamados monomarentales, y los que viven en barrios populares.

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Pero hay otra escala que grafica quiénes son los que más dificultades encuentran para cubrir las necesidades básicas. “Esto es, para acceder a la canasta básica y al derecho a la alimentación, que es un derecho protegido por convención internacional”, apuntó Bárbara Zanino, abogada especialista en temáticas infantojuveniles y en derecho sociales de la ACIJ, que presentó el informe.

El gráfico que mostró detalla cómo aquellas familias que no acceden a alguna de las prestaciones sociales que se otorgan desde el Gobierno, como mecanismo para palear el efecto de la caída bajo la línea de pobreza, se encuentran en una condición de mayor vulnerabilidad.

Las transferencias del Estado para esta población son tres: la Asignación Universal por Hijo (AUH), por la que se cobran $17.000 por cada hijo menor de 17 años; Alimentar ($22.000 por un hijo hasta los 14 años, $34.500 por dos o $45.500 por tres o más) y también las asignaciones familiares, de $17.000 por hijo menor de 17 años cuyos padres trabajan en relación de dependencia, sean monotributistas o cobran un seguro de desempleo y tengan un ingreso de hasta $ 264.703.

Así, por ejemplo, quienes cobren las tres prestaciones estarían en la parte más alta de la base de la pirámide. Es decir, serían quienes están mejor posicionados. Pero aún así las tres prestaciones sociales alcanzarían apenas para cubrir el 77% de la canasta básica de alimentos para este año. En 2021, cubrían el 94,7%, y el año pasado, el 85,6%. Esto significa que el último año perdieron un 8,6% de poder adquisitivo con los mismos recursos.

En tanto, los que le siguen en esta escala de la pobreza son aquellos que solo reciben las asignaciones familiares: con ese dinero apenas cubren el 37,9% de la canasta básica. Los que están casi en el peor de los escenarios son quienes cobran solo la AUH, por ejemplo, porque sus hijos superaron los 14 años, y, pasada esa edad, dejan de recibir el programa Alimentar. Ellos retroceden aún más en su poder adquisitivo: compran apenas el 37,5% de la canasta. “Hay que aclarar que la canasta básica no contempla necesidades nutricionales especiales ni de otro tipo”, apunta la directora de ACIJ.

Los que peor situación atraviesan son los que no reciben ninguna de las prestaciones sociales. Según destaca el informe, sobre datos propios y de Unicef, existe 1,4 millones de niños argentinos que directamente están excluidos de los programas sociales, por cuestiones migratorias, suspensiones por falta de presentación de libretas sanitarias, o directamente por no estar registrados en el Anses.

El informe de ACIJ apunta que, paradójicamente, frente al aumento de la inflación y de la pobreza, la inversión del Gobierno en programas sociales destinados a mitigar el impacto, no solo que no aumentó, sino que retrocedió. Así, mientras que en 2021, para la AUH se destinaban 931.586 millones de pesos, para este se llevan gastados unos 737.360 millones de pesos (se aclara que son valores expresados en pesos reales, ajustados a 2023 según inflación promedio, de acuerdo al Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM), de 116,8%). Si se miran los números de 2022, (835.017 millones de pesos) en el último año se produjo una desinversión del 11,7% en esa asignación.

Algo similar ocurrió con las partidas destinadas a la prestación Alimentar y a las asignaciones familiares. Tuvieron una reducción interanual de 18,5% y del 32,7% respectivamente.

El informe de ACIJ incluyó distintas recomendaciones para que el próximo gobierno tenga en cuenta y así evitar que se produzcan estas escalas arbitrarias en el descenso a la pobreza más extrema. Y también proponen de dónde sacar los recursos.

La propuesta es que se garantice “una protección social suficiente” para los niños y niñas de menores ingresos, mediante la creación de una única prestación que cubra el 100% de la canasta básica, de forma de garantizar que todos los chicos accedan a la alimentación que mínimamente necesitan y a la que hoy no acceden.

“El costo de elevar dichas prestaciones hasta una canasta básica suficiente sería, a valores de 2023, un incremento de $1,2 billones, lo que equivale al 0,74% del PBI y al 3,44% del presupuesto”, apunta Zanino. “Este costo es menor a lo que el Estado deja de recaudar por no cobrar Ganancias al Poder Judicial y por la quita más reciente en dicho impuesto a sectores de mayores ingresos”, apuntó.

La segunda opción que se presentó es que se modifique a AUH a uno que logre garantizar que cada chico que percibe esta prestación (hoy son unos 4,2 millones) reciba una asignación que cubra una canasta básica. “El costo de elevar la AUH a valores de 2023 sería de $622.228 millones, lo que equivale al 0,36% del PBI y al 1,68% de presupuesto”, se detalla.

La tercera propuesta apuntó a “jerarquizar y ampliar la prestación Alimentar, mediante la incorporación de los adolescentes de 15 a 17 años, que se sancione una ley que reconozca la prestación a fin de asegurar su continuidad y estabilidad. Que se incluya una fórmula trimestral de actualización (al igual que las Asignaciones Familiares). “El costo de esta propuesta a valores de 2023 sería de $255.087 millones, lo que equivale al 0,15% del PBI y al 0,69% de presupuesto”, detalló Zanino.