Ante el juez federal Julián Ercolini, Facundo Martínez Radaelli, el joven de 20 años acusado de 35 amenazas de bomba y de muerte, eligió el silencio. No repitió las palabras que le dijo a los detectives de la Policía Federal Argentina (PFA) que lo detuvieron en su casa de Llavallol, en Lomas de Zamora: “Somos de la mafia Hentai” y “Hago las amenazas cuando me despierto y veo el mundo con tanta crueldad”. Ante el magistrado que lo indagó, se negó a declarar.

Así lo informaron a LA NACION fuentes judiciales. Martínez, hijo de un policía bonaerense retirado y hermano de una oficial de la Policía de la Ciudad, está acusado de haber estado detrás de las amenazas de bomba en la Casa Rosada, en el Congreso de la Nación, en el Complejo C, en el barrio de Chacarita, que fue utilizado como búnker del candidato a presidente Sergio Massa, en establecimientos educativos y estaciones de trenes de las líneas Sarmiento, Belgrano Sur, Urquiza y Roca y de amenazar de muerte al juez federal Ariel Lijo y al ministro de Transporte de la Nación, Diego Giuliano.

Martínez fue detenido el viernes pasado, diez minutos después de la amenaza de muerte que recibió Giuliano, por División Delitos Constitucionales de la Dirección General de Seguridad de Estado, que depende de la Superintendencia de Investigaciones Federales de la PFA.

Lijo y Giuliano recibieron las amenazas de muerte en sus teléfonos celulares. Los investigadores ahora intentarán determinar cómo el autor de las llamadas intimidantes consiguió los contactos del juez y del funcionario nacional.

Detectives de la PFA no descarta que Martínez esté vinculado con la causa donde se investiga el hackeo de la base de datos de distintos organismos públicos.

Además de Martínez, el viernes pasado fueron detenidos otros dos sospechosos. Dos jóvenes acusados de vender las líneas T-Phone, servicio de telefonía móvil digital de la empresa Telecentro utilizadas para hacer las amenazas de bomba. Ambos negaron cualquier tipo de relación con Martínez y se negaron a responder preguntas.

Tras las declaraciones indagatorias de los tres sospechosos, el juez Ercolini levantó el secreto de sumario y las incomunicaciones de los imputados.

“Las amenazas eran realizadas por medio de varias líneas telefónicas de la empresa Telecentro, las cuales utilizan una nueva tecnología que canaliza las llamadas a través de una conexión a internet. Los sospechosos se dedicaban a hackear las cuentas de los clientes de la empresa y gestionaban, sin su consentimiento, nuevas líneas telefónicas a su nombre, las que luego eran vendidas al mejor postor en el mercado negro de la Deep Web”, explicaron calificadas fuentes de la PFA.

Los investigadores sospechan que, Martínez, después adquirir líneas a nombre de otras personas, utilizaba redes de wifi públicas para concretar las llamadas extorsivas.

“La utilización de redes de wifi públicas tenía como finalidad evitar ser rastreado. Pero, los investigadores lograron establecer la existencia de una serie de patrones comunes de conexión que resultaron ser clave para identificar a los sospechosos”, explicó un detective de la PFA.

Según los informantes consultados, tras ubicar a los posibles autores de las amenazas, la Justicia ordenó una serie de intervenciones de líneas telefónicas.