CÓRDOBA.- La Confederación de Asociaciones Rurales de la Tercera Zona (Cartez), con base en esta provincia, salió al cruce de la restitución en el presupuesto provincial 2024 del 1,5 por mil del impuesto de Sellos a los contratos de compraventa de granos con destino a puerto. “El mensaje claro de las urnas fue el de reducir los gastos del Estado y el de avanzar en políticas para una menor presión tributaria sobre el sector privado, asfixiado ya cerca del límite de sucumbir ante la inviabilidad”, señala en un comunicado.

Cartez plantea que, por “sorpresa”, la entidad se encontró ante un “proceder incomprensible”, ya que, en el marco de un “paquete de leyes” enviado a la Unicameral cordobesa “se encuentra el Impuesto al sello, gravamen que suma más presión tributaria a un abrumado sector productivo”. Hasta el momento es la única entidad rural que hizo oír su disconformidad.

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El “paquete de leyes” al que hace referencia son la ley del Presupuesto General para la Administración Pública Provincial, la Impositiva para el ejercicio del mismo año y las modificaciones al Código Tributario Provincial. Ingresaron a fines de octubre -como está fijado por norma- y ya fueron sancionadas por la Unicameral.

La entidad señala que fue “informada de manera acelerada y a último momento” sobre los alcances de la creación de un “ente mixto, proyecto incorporado al mencionado paquete de leyes que incluye el impuesto a los sellos” y lamenta “la escasez de tiempo y los apuros del caso”. Enfatizan que habrían podido hacer “contribuciones sustanciales” si hubieran sido convocados para acercar sus aportes.

Hace dos semanas la Unicameral, con mayoría oficialista, aprobó la creación de la Agencia Agro Córdoba – Sociedad de Economía Mixta que tiene como objetivo “actuar como una entidad de colaboración entre los sectores público y privado”. Según indica la norma, se basa en un enfoque específico referido a la “implementación y gestión del Fideicomiso para el Desarrollo Agropecuario (FDA), la herramienta que permite que el campo cordobés disponga de recursos para afrontar obras de infraestructura y mejoramiento de la red secundaria y terciaria”.

La nueva agencia se estrenará en la gestión de Martín Llaryora, el gobernador que asumirá el 10 de diciembre en reemplazo de Juan Schiaretti, con quien las entidades agropecuarias siempre tuvieron buena sintonía.

Desde Cartez insistieron que siguen “apostando al diálogo como factor de construcción”. Dijo: “Entendemos que la conciliación es el medio adecuado para la superación. Ojalá las autoridades comprendan la necesidad de que los cambios deben ser debatidos y consensuados. Esta ha sido la fértil manera con la que hemos sembrado y creado mucho hasta el presente”.

Según explicaron a LA NACION desde la entidad, la alícuota de 1,5 por mil existía y se destinaba a la Bolsa de Cereales de Córdoba por la tarea de registración que realiza; existe el mismo en Rosario y con el mismo fin.

En el 2022, en el marco de reducción de tasas y timbrados que realizó Córdoba, quedó sin efecto. La Bolsa de Cereales provincial impulsó un proyecto para restituirlo a la vez que se hacían gestiones con Rosario para tratar de coordinar un esquema de colaboración. Según dicen desde Cartez, el gobernador Schiaretti sostuvo que lo “convalidarían” si la Mesa de Enlace estaba de acuerdo. Ya entonces Cartez advirtió que no acompañaría.