CÓRDOBA.- A menos de dos semanas del cambio de gobierno nacional, volvió al centro de la escena la discusión por los subsidios al transporte de pasajeros. Mientras que las ciudades de Córdoba y Rosario fijaron un aumento del 30% de la tarifa (pasa a $240), las cámaras empresarias del AMBA plantearon que la situación financiera de las empresas de colectivos puede derivar “en interrupciones y hasta una parálisis del sector” por el atraso en los precios.

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Los subsidios al transporte son un punto clave dentro los problemas que deberá resolver la administración libertaria; el área está bajo la responsabilidad del designado ministro de Infraestructura, Guillermo Ferraro, quien tendrá a cargo del tema al cordobés Franco Mogetta.

En la entrevista de esta semana con TN, el presidente electo Javier Milei se refirió al tema: “La tarifa está cubriendo cerca del 17% del costo, quiere decir que yo la tendría que multiplicar por seis para dejarla en equilibrio. Eso me da 336 pesos y la mitad es impuestos, con lo cual si saco el impuesto estoy en 175, casi 180 pesos″.

Las empresas del AMBA reclaman una deuda de casi $45.000 millones. Entienden que el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, aporta más de la mitad (56%) de ese monto. A la Nación, según sus cálculos, le corresponde aportar unos $16.000 millones y el resto a CABA.

Según un comunicado de las cámaras del sector, la situación se debe a una “inédita combinación de factores” que explican el “deterioro en los servicios que se observa en estos meses y que lamentablemente nos llevarán a una mayor reducción y/o eventual parálisis, de no tomarse medidas urgentes”.

Advierten que, en un año con la inflación más alta de los últimos 30, las tarifas están congeladas desde agosto y, antes, lo estuvieron “durante más de 3 años, entre 2019 y 2022″. Esa situación del AMBA no se replica en el resto del país, donde los usuarios del servicio de transporte urbano pagan una media de cuatro veces más y donde hubo incrementos periódicos.

Los empresarios que atienden al AMBA sostienen que los subsidios tarifarios que, deberían cubrir la diferencia entre la tarifa abonada por el pasajero y el costo real de la actividad, están “persistentemente mal calculados”. Apuntan que esta semana se actualizaron los precios de la estructura de costos a precios de agosto/septiembre (eran de abril): “Una actualización que ya nace atrasada en más de 30%”. Según los datos, el costo reconocido por el ministerio es de $91,8 y el “real” es de $126,5.

“Somos un sector que destina más del 80% de sus ingresos a salarios, comprar gasoil y repuestos indispensables para operar -añaden-. Los cuales, además de ser cada vez más inaccesibles por los desfasajes entre los ingresos reconocidos por el regulador y los precios reales del mercado, son cada vez más difíciles de adquirir por el creciente desabastecimiento”.

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En el caso de Córdoba y Rosario -ciudades que desde hace meses deciden mover en conjunto sus tarifas- los secretarios de Transporte de los dos municipios, Marcelo Rodio y Nerina Manganelli, respectivamente, indicaron que la suba busca “mantener un equilibrio financiero para preservar la continuidad y calidad” del servicio.

Rodio enfatizó que el gobierno nacional es el responsable: “La Nación destinó 9000 millones de pesos de impuestos de todos los argentinos para congelar la tarifa del boleto del transporte en el Área Metropolitana de Buenos Aires”. Desde diciembre de 2019 el boleto en Córdoba aumentó 652%, unos 160 puntos porcentuales menos que la inflación.