CÓRDOBA.- Siguen esperando cobrar los cientos de inversores que fueron atraídos por la promesa de una rentabilidad de hasta 20% mensual en dólares que les hizo Adhemar Capital SRL. La empresa, que combinó criptomonedas y esquema Ponzi, pagó 210.000 dólares en mayo pasado a través de 21 convenios y, después, cortó. La estafa en blanco se estima en US$50 millones y Edgar Bacchiani –cabeza de la firma procesado y detenido– condicionó poner otros 58 millones de dólares a que le dieran prisión domiciliaria.

Una defensora oficial pidió que el Estado indemnice a las víctimas, pero la Justicia rechazó la alternativa. Además, un abogado de ahorristas recusó a toda la plana judicial que tiene la causa en Catamarca y la Fiscalía Federal de la Cámara de Tucumán ordenó que se investigue la quiebra de la firma como “fraudulenta”. A estos hechos se le suma que un candidato a vicegobernador de la provincia en representación de la oposición vincula la causa Adhemar al asesinato, en diciembre pasado, del ministro de Desarrollo Social de Catamarca, Juan Carlos Rojas.

Contra Bacchiani, detenido desde abril del 2022 en la cárcel catamarqueña de Miraflores, hay unas 200 denuncias radicadas en Córdoba y otras 600 en Catamarca (donde se unifican las presentaciones de esa provincia, La Rioja y de Tucumán). Los abogados querellantes calculan que la estafa total ronda los US$400 millones, ya que la mayor parte de las operaciones eran en negro.

En Catamarca, donde continúan las marchas de protesta y los reclamos de los ahorristas, la defensora de víctimas ante la Justicia Federal, Mariana Vera, pidió que el Estado se haga cargo de indemnizar a los damnificados. Para sostener el pedido, afirmó que la Municipalidad de San Fernando del Valle –la ciudad capital–, el gobierno de la provincia y el de la Nación omitieron fiscalizar a las criptofinancieras y dejaron al público expuesto a eventuales estafas.

El juez federal Miguel Contreras rechazó esa pretensión, aunque admitió como querellante a Vera. Fundamentó la decisión en que “no se encuentra imputado en autos ningún funcionario del Estado, ya sea nacional, provincial o municipal, por el cual deban responder, como así tampoco existe ninguna relación jurídica del Estado con los imputados en autos que lo coloque en situación de responsable solidario con estos en el marco del presente proceso penal”.

Advirtió que, respecto de si existe o no responsabilidad civil del Estado nacional, el provincial o el municipal, “sería competencia de la Justicia Civil resolver tal planteo”.

En Catamarca, además del caso de Adhemar, hay otra estafa estimada en unos US$100 millones: la de RTV Inversiones, causa que está a cargo del juez federal de Santiago del Estero Sebastián Argibay. En marzo pasado, el magistrado procesó por lavado de activos y estafa a Edgardo Edmundo Bulacio; a su esposa, Alicia Nieva, y a su hijo, Edgardo Federico Bulacio.

Ese mismo mes, la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán apartó al fiscal Santos Reynoso de la causa Adhemar, ya que es cuñado de una de las víctimas. Interviene el fiscal federal general, Rafael Vehils Ruiz.

Alfredo Aydar, abogado de un grupo de ahorristas damnificados, presentó la semana pasada la recusación de Contreras porque al juez se lo vio cenando en un restaurante con Walter D’Agostini, padre de Augusto D’Agostini, quien inició el año pasado el juicio para la quiebra de Adhemar Capital “en un contexto de abyecta maniobra para no solo evitar el pago de las deudas a centenares de víctimas indefensas, sino también, pendiente a ocultar un gigantesco aparato criminal con números tentáculos estatales –autoridades públicas– y particulares”.

También pidió la recusación del secretario de la Fiscalía Federal Penal interviniente, Javier Merep, por ser pariente de un “pocero” de la financiera (por esa razón, el funcionario se había inhibido en la investigación).

Por otro lado, Gustavo Gómez, fiscal de la Cámara Federal de Casación de Tucumán, pidió que se forme un expediente por separado para investigar la presunta quiebra fraudulenta de Adhemar, declarada hace un año. Para Gómez se estaría frente a un “acto fraudulento”, por lo que ordenó que se investigue y que se devuelvan a la Justicia federal los fondos depositados en el fuero Comercial. “No debió haberse declarado la quiebra habiendo una causa penal en trámite”, indicó.

El temor es que se transfiera el dinero a la cuenta de la quiebra que administra el síndico, abstrayéndose de la causa penal y con el eventual objeto de repartirlo solo entre un grupo individualizado de acreedores, que no serían todos los estafados.

En enero de 2022, el Banco Central le solicitó a la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) que investigara a Adhemar Capital ante la posibilidad de que estuviera desarrollando una estafa piramidal bajo la fachada de supuestas inversiones en criptomonedas.

El Central actuó tras una denuncia de los gobernadores de Catamarca, Raúl Jalil (uno de sus hermanos, amigo y compadre de Bacchiani, tiene colocado dinero en Adhemar), y de La Rioja, Ricardo Quintela, quienes alertaron en setiembre del 2021 por las actividades de una serie de empresas dedicadas a captar fondos para criptomonedas. El destape de esta presunta estafa coincidió con el escándalo de Generación Zoe, encabezada por Leonardo Cositorto, actualmente detenido en Córdoba.

Antes de su detención, Bacchiani publicaba en las redes sociales toda su vida, mantenía charlas con sus seguidores, se mostraba en viajes y en fiestas con famosos, hacía gala de los lujos que se daba y de la Ferrari que había estrenado en enero de 2022 en las calles de San Fernando del Valle de Catamarca.

Un mes después de su arresto, el mandamás de Adhemar Capital le presentó al juez federal de Catamarca Miguel Ángel Contreras un “plan de negociación” en el que prometía comenzar a pagar a un grupo de ahorristas si su situación procesal “mejoraba”, lo que significaba ser beneficiado con una excarcelación o con la prisión domiciliaria. Consiguió irse a su casa y, durante cinco días, firmó 21 convenios con querellantes.

Lucas Retamozo, abogado de Bacchiani, quedó detenido en diciembre pasado, cuando una exempleada de la financiera lo apuntó como el responsable de organizar el sistema piramidal; aportó fotografías, capturas de pantalla y audios. Ella misma terminó imputada, en las últimas horas.

Aydar lleva presentados cinco informes sobre la “ruta del dinero” –dice que serán 30– y plantea que ya detectaron US$120 millones en plataformas virtuales y Exchange de los imputados Bacchiani, José Blas, Alexis Sarroca, Saraive Garcés Rusa (esposa y socia de Bacchiani). Critica la “inoperancia” del exfiscal Santos Reynoso y asegura que Contreras “deliberadamente” rechazó los “pedidos de imputación y detención de varios poderosos”, entre ellos, el de Andrés Jalil, de quien sostiene que “se ocupaba a captar inversiones” de empresas a las que está ligado.

Como si todo eso fuera poco, el candidato a vicegobernador de Catamarca por Juntos por el Cambio (JxC), Hugo “Grillo” Ávila, aseguró que al ministro de Desarrollo Social catamarqueño Rojas, lo asesinaron por no querer firmar un desvío de 250 millones de pesos provenientes de Nación que “terminaron en Adhemar Capital”.

Dijo en Radio On: “¿Por qué lo matan a Rojas? Porque no quiso firmar los certificados de los 250 millones que venían de Nación y que tenían asignación específica para la compra de insumos en Desarrollo Social ¿Quién era el socio de Bacchiani? El “Tronco” Jalil, el hermano del gobernador. Entonces ellos quieren eso, hacer política con esa declaración y generar una expectativa”.