Fabrizio G. y su cómplice no habían nacido en julio de 2002, cuando un menor delincuente, de 14 años, conocido en la zona de Villa Tranquila como Chucky, asaltó un supermercado en Gerli y mantuvo como rehenes a 19 clientes y empleados durante cinco horas. En ese momento, la imagen del adolescente, de caminar vacilante, al entregarse a los policías del Grupo Halcón que rodeaban el local, se convirtió en el foco de atención de los canales de noticias y ocupó las tapas de los diarios, ya que había pocos antecedentes de menores involucrados en delitos graves con armas de fuego.

Tres años antes, tres adolescentes que tomaron cautivas a una abogada y su hija habían sido noticia porque la jueza de menores de San Isidro María Piva de Argüelles aceptó el pedido de los asaltantes para que los dejara huir en el momento en que llegaran al asentamiento La Cava, a cambio de que liberaran a las víctimas

Estos hechos que hace más de dos décadas eran excepcionales en la actualidad se convirtieron en episodios habituales. Según las estadísticas oficiales, durante 2022 creció la cantidad de menores punibles, de entre 16 y 17 años, acusados de delitos. El año pasado, 22.100 adolescentes de esa edad fueron procesados por cometer diversos delitos en territorio bonaerense. Durante 2022, se registraron 3600 hechos delictivos más que en 2021.

Las estadísticas del Ministerio Público bonaerense indicaron que durante 2022 aumentó 19% la cantidad de jóvenes de 16 y 17 años sometidos a procesos en el Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil de la provincia de Buenos Aires. La cifra no incluye a los menores de 16 años, porque no son punibles por la legislación argentina.

Fabrizio G. y su cómplice formaron parte de ese universo de 22.100 menores, de entre 16 y 17 años, procesados por delitos. Además, integran el grupo de acusados de haber sido responsables de uno de los 61 homicidios cometidos por jóvenes de dicha edad en territorio bonaerense durante 2022. La Justicia los consideró coautores del asesinato del empresario Andrés Blaquier, ocurrido el 29 de octubre pasado, cuando ambos menores mataron al hombre de negocios para robarle la moto BMW, en la Panamericana, a la altura de Pilar.

Desde que Fabrizio G. y su cómplice mataron al empresario hace poco más de siete meses, aumentaron los casos de menores que cometen los denominados delitos de sangre, como homicidios, lesiones graves y robos con armas.

“En 2022, durante un turno de 15 días dictaba no más de cuatro prisiones preventivas contra chicos, de 16 y 17 años acusados de haber cometido hechos de sangre. Una cifra que ponía al descubierto una realidad muy grave. Pero este año la situación se complicó más. Durante dos turnos de 2023, dispuse siete prisiones preventivas para adolescentes acusados de delitos de sangre”, explicó un magistrado que se desempeña en un Departamento Judicial del Gran Buenos Aires y que solicitó mantener su nombre en reserva.

Según el magistrado, también se registraron más casos menores de 16 años, no punibles, a los que se les tuvo que dictar una medida de seguridad por haber cometido un homicidio. Este año, durante un turno de dos semanas, este magistrado aplicó medidas de seguridad para dos adolescentes no punibles que habían sido detenidos por hechos de sangre, cuando durante 2022 disponía una por turno.

La medida de seguridad se aplica exclusivamente para los menores de 16 años acusados de homicidios. Debido a que, por su edad, no pueden ser sometidos a un proceso penal, los adolescentes de 15 años o menos detenidos por homicidio o robo con armas y lesiones graves no pueden ser enviados a una cárcel común.

Ante esos casos, la opción que les queda a los magistrados es disponer que el adolescente quede detenido en alguno de los institutos de menores que dependen del Organismo de la Niñez y Adolescencia del Ministerio de Desarrollo Social bonaerense. De estos centros de detención no se escapa el que no quiere.

Este fue el caso de Fabrizio G. el procesado como coautor del homicidio de Blaquier y conductor de la moto verde y blanca en la que viajaba el autor de los disparos contra el empresario.

Desde que fue detenido cerca de su casa en el barrio Cri Cri, de Garín, Fabrizio G. había anticipado que no pasaría mucho tiempo detenido y que era capaz de huir de cualquier Instituto de Menores.

El martes pasado a las 19.40, Fabrizio G. y otros tres adolescentes forzaron la barra de una reja y, luego de trepar la pared y saltar a la calle, huyeron del Centro de Recepción y Ubicación (CREU) de Lomas de Zamora, situado en el cruce de 12 de Octubre y Larroque.

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“Mientras preparábamos unas pizzas para la cena, observé que había siete internos que practicaban deportes en el fondo del pabellón. En un momento, se pusieron a charlar y a fumar. Estaba a no más de treinta metros de ellos. Entonces, no sé de dónde aparecieron. Eran varias sombras que habían llegado del lado de afuera del patio y corrían en dirección a la garita. Ante esta situación me acerqué hasta el lugar en el que había visto las sombras y advertí que uno de los barrotes de las rejas de las ventanas del patio que da al perímetro exterior había sido cortado y doblado. Lo único que puede hacer fue gritar para que se detuvieran, pero no me hicieron caso. Treparon la pared y el tejido, cerca de la garita y huyeron”, declaró ante la policía uno de los jefes de guardia del mencionado centro de detención.

Cuando realizó el recuento, el responsable de seguridad de dicho instituto advirtió de habían huido cuatro de los 41 menores que estaban alojados en el mencionado centro de detención que, además, tiene un módulo clausurado. Al explicar los detalles de la fuga masiva, el responsable de seguridad del instituto de menores indicó que los evadidos aprovecharon el momento del relevo del policía bonaerense asignado a la custodia del perímetro externo del centro de detención.

Junto a Fabrizio, procesado por el homicidio del empresario, huyeron: Lionel V., con una prisión preventiva dictada por un juzgado de Florencio Varela; Brian M., procesado por un juzgado de La Matanza; y Alan C., detenido por disposición de un juez de Morón. Debido a que todos son menores, sus identidades se mantienen en reserva, según lo establecido por la ley.

Hasta anoche, ninguno de los adolescentes, de 17 años, involucrados en la fuga y procesados por hechos de sangre había sido capturado

“Esto fue la crónica de una fuga anunciada; él dijo que le sería muy fácil escaparse, y lo hizo. Y el Estado no hizo nada para evitarlo”, dijo Ramiro Salaber, abogado de la familia Blaquier.

Dicha afirmación se fundó en el antecedente de abril pasado. En un ataque coordinado dentro de una camioneta que circulaba a 100 kilómetros por hora por la Panamericana y que trasladaba a Fabrizio y a su cómplice a Pilar, para un reconocimiento en rueda detenidos, los dos menores procesados por asesinar al empresario intentaron fugarse.

Uno de ellos golpeó brutalmente a un celador que tenía a su lado; el otro, desde atrás, le cruzó la cadena de las esposas alrededor del cuello a otro vigilador, para ahorcarlo, mientras le gritaban al chofer que parara, para escaparse. Después de esos 120 segundos de pandemónium, los celadores lograron reducirlos.

Los dichos del letrado también se fundaron en el funcionamiento del sistema que debe contener a los menores en conflicto con la ley penal. Debido a que las leyes internacionales sobre los derechos del niño no permiten que los menores que cometieron delitos sean alojados en cárceles comunes, se crearon los centros de detención. Allí no hay uniformados como en las cárceles del Servicio Penitenciario.

“Nadie explicó por qué no se puede difundir la foto del menor que está prófugo. Si algún vecino se cruza eventualmente con el menor evadido, no lo puede denunciar porque no lo conoce, debido a que la foto no se difunde por una cuestión legal. Hay que priorizar la situación de riesgo para la sociedad que provoca que un asesino circule en libertad”, agregó el letrado.

Además, la afirmación del abogado de la familia Blaquier se fundó en un hecho poco conocido. Hace tres años, nueve jóvenes alojados en dicho instituto de menores aprovecharon una revuelta para huir. El motín fue organizado porque los adolescentes exigieron que fuera separado un docente que denunció una práctica conocida como “palomeo”, tal como se denomina al envío de droga al centro de detención mediante bolsas atadas a alguna piedra.

Uno de los nueve menores evadidos era un adolescente, de 17 años, acusado de asesinar al pizzero Adrián Albanese, durante un asalto ocurrido el 20 de julio de 2019, en el local situado en Alsina y Peña, en Banfield.

Según fuentes judiciales, durante los últimos tres años, el Poder Ejecutivo bonaerense redujo a la mitad la cantidad de cupos de los institutos de menores de la provincia. Esta medida provocó que los policías que capturan a un menor acusado de un delito grave tengan que mantenerlo en un patrullero, debido a que la ley no permite que sea alojado en una comisaría, con presos mayores de edad.ß