A Emmanuel García no le importaba si las bitcoins que le entregaba “El Licenciado” estaban manchadas con sangre. Le interesaba hacer el negocio y ganar la jugosa diferencia que quedaba por vender las criptomonedas en los Estados Unidos y retirar los dólares en la cueva del piso 19, situada en la esquina de San Martín y Bartolomé Mitre para entregarlos a la célula local del cartel de Sinaloa que preparaba un embarque de 1862 kilos de cocaína a Barcelona.

“El Licenciado”, tal como identificó García al mexicano, uno de los lugartenientes del cartel de Sinaloa, lo había llamado por teléfono para que se hiciera cargo de realizar la maniobra de triangulación de dinero a través de la venta de bitcoins y cobrar los dólares en la Argentina para financiar la compra de los rollos de acero laminado y armar las empresas que se utilizarían en nuestro país y en España para la exportación de las bobinas de acero, cargadas con droga.

“Al venderlo tan negativo es tentador. Tal vez me quieran cagar. Obvio que están manchadas con sangre. Por lo cual, el primer caso me preocupa, el que me quieran cagar, digo. El segundo caso, que vengan manchadas con sangre, no me preocupa del todo, a excepción que se trate de algo que me prenda fuego. Escapa de mi conocimiento saber eso”, decía García, en una conversación telefónica con uno de los operadores de una empresa de servicios financieros de la City porteña, que fue incorporada en el expediente de la operación Bobinas Blancas.

Esta grabación fue uno de los fundamentos que el Tribunal Oral Federal N° 2, de Bahía Blanca, utilizó para sostener las condenas contra los siete integrantes de la banda que intentó traficar 1862 kilos de cocaína a Barcelona. En el caso de García, se trató del primer condenado en América Latina por lavado de dinero proveniente del narcotráfico mediante la utilización de criptomonedas. El fiscal federal de Bahía Blanca, Gabriel González Da Silva, estuvo a cargo de la acusación contra los siete ingregantes de la banda y de presentar las pruebas que fundaron la condena por narcotráfico y lavado de dinero.

El tribunal impuso condenas de entre 15 y 14 años de prisión a Max Rodríguez Córdova, Jesús Madrigal Vargas y Gilberto Acevedo Villanueva. Los tres ciudadanos mexicanos fueron considerados coautores del almacenamiento ilegal de estupefacientes, agravado por la intervención de tres o más personas.

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Además, los jueces Pablo Candisano Mera, Pablo Larriera y Pablo Díaz Lacava, sentenciaron a seis años de cárcel a los comerciantes argentinos que habrían facilitado la logística para armar las empresas usadas como fachada para ocultar el envío de cocaína oculta en rollos de láminas de acero.

García fue el séptimo condenado en el juicio por el operativo Bobinas Blancas. La sentencia en su contra no está firme y su defensa presentó un recurso que deberá ser analizado por la Cámara de Casación federal.

En la parte resolutiva de la sentencia, los magistrados, además de fijar los montos de las condenas, solicitaron que se extrajeran copias de las pruebas que se ventilaron durante el juicio para profundizar sobre las maniobras de lavado.

Algunos de esos testimonios, como los cientos de páginas y datos hallados en el celular de García, fueron tomados por los abogados de la Aduana de Bahía Blanca que, a su vez los remitieron a la Dirección Nacional, donde comenzó una investigación con el objetivo de identificar al presunto lavador de dinero del cartel mexicano y sí, eventualmente, se cometieron otros delitos con maniobras de dólares del mercado ilegal de divisas.

Según fuentes judiciales, uno de los receptores de esos mensajes de García, habría sido Ivo Esteban Rojnica, más conocido como El Croata y uno de los dos socios que fueron detenidos en las últimos días, acusados de presunto lavado de dinero y asociación ilícita. Rojnica y sus cómplices son los dueños de la cueva del Piso 19, del edificio de San Martín y Bartolomé Mitre donde funcionaba la empresa de servicios financieros Nimbus.

En el juzgado federal de Lomas de Zamora, a cargo de Federico Villena, se trata de establecer si Nimbus fue utilizada por García para retirar los dólares en efectivo, producto de la venta de bitcoins que le proporcionaron los mexicanos y que se comercializaron en Estados Unidos.

Esta maniobra sería una de las actividades presuntamente ilegales por las que habrían sido acusados Rojnica y sus socios.

“La Justicia deberá demostrar que las operaciones que se realizaban desde la empresa de Rojnica y sus socios constituyeron un delito. Además, de las transacciones que se habrían realizado con el acusado García, en 2017, se sospecha que eran oportunistas que realizaban esas maniobras sin preguntar de dónde venía el dinero. Sus clientes requerían sus servicios para mover grandes montos de dólares sin pagar impuestos, era toda plata negra”, explicó uno de los investigadores que impulsó la denuncia contra El Croata.

Desde su departamento en Arenales al 1800, García coordinaba con “El Licenciado” el envío de bitcoins a los Estados Unidos, no por el mercado regular, sino de persona a persona, a una billetera virtual. Con ese movimiento, García, según consta en el expediente, ganaba el 70% del capital que transfería. Después, habría recurrido a los servicios del Croata para traer ese dinero a la Argentina.

En realidad, los dólares se quedaban en los Estados Unidos, la maniobra, denunciada por la Aduana, apuntaba a que la empresa de servicios financieros de Rojnica usaba una firma fantasma para simular una exportación que nunca se concretaba y cobrar esas divisas para ingresarlas en nuestro país. Esos billetes serían los que les habría entregado García a los mexicanos.

“La cadena de bloques es una suerte de matrix planetaria descentralizada, donde quedan registradas de manera inalterable todas las operaciones con bitcoins en forma pública, pero que no almacenan ni nombres, ni direcciones IP, ni documentos de identidad, ni números de teléfonos”, expresaron los magistrados en los fundamentos de la sentencia contra García.

El allanamiento que terminó con el secuestro de la droga se concretó el 5 de julio de 2017, luego que el juez federal de Campana, Adrián González Charvay, recibió una nota de alerta de la Drug Enforcement Administration (DEA) de los Estados Unidos sobre un cargamento de cocaína que una célula del cartel de Sinaloa planeaba enviar a Barcelona, oculto en bobinas de acero laminado, a través de mencionado puerto bonaerense.

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Grande fue la sorpresa de los investigadores de la Policía Federal cuando allanaron el galpón situado en Francisco Ramírez y Mosconi, en el Parque Industrial de Bahía Blanca y revisaron los rollos de acero. Allí encontraron estibados los paquetes que contenían 1376 kilos de cocaína que estaban identificados con sellos de marcas de relojes de alta gama y animales. En los tabiques donde estaba oculta la droga, los narcotraficantes habían colocado un aparato de radiofrecuencia para interferir la señal del scanner por que pasan los contenedores con los distintos puertos. En una marmolería de la ciudad de Perdriel, en Mendoza fueron secuestrados otros 486 kilos de cocaína, apilados juntos a bloques de cuarzo.

Durante la investigación encarada por los inspectores de la Aduana que provocó la denuncia que se instruye en el juzgado federal de Lomas de Zamora se habría determinado la existencia de transferencias de divisas entre García, Rojnica y los dueños de otra agencia de servicios financieros.

“Toda la información sobre los mensajes y operaciones de García con Rojnica y sus socios figura las descargas de la aplicación Whatsapp”, indicó un funcionario judicial que intervino en el sumario que se instruyó en Bahía Blanca.

Aunque los vínculos de García no se terminarían en la cueva del Piso 19. Los dueños de la otra empresa de servicios financieros fueron identificados y serían los próximos en caer presos.

“Está dudoso. Bueno es dudoso. Bajó plata de la exportación de flores a Holanda, bueno, está manchada. No está impactada en la red. Así que no me complica. Entonces, les compro. A mí también me gusta el billete con dulce de leche”, expresó García sobre el origen vidrioso de las bitcoins que debía comercializar para los acusados mexicanos.

La sospecha de los investigadores apunta a que Rojnica y sus dos socios, en un período no determinado de tiempo, habrían desviado varias decenas de millones de dólares al exterior con estas maniobras. Para los responsables de la pesquisa, las operaciones que habrían realizado con el operador financiero del cartel de Sinaloa sería una de las maniobras supuestamente ilegales que fundaron la apertura del expediente que se instruye en el juzgado federal de Lomas de Zamora.

Rojnica tiene otro frente judicial abierto, en el juzgado federal de Marcelo Martínez de Giorgi, donde se instruye la denuncia realizada por los abogados de la Aduana.

A raíz de esta presentación se concretaron los allanamientos en las oficinas de Nimbus, en el piso 19 de San Martín y Bartolomé Mitre. En esta causa, hasta el momento, el juez Martínez de Giorgi, todavía no adoptó ningún temperamento contra Rojnica y sus socios.