La advertencia es grave: el abastecimiento de alimentos para los 13.000 presos alojados en las cárceles del Servicio Penitenciario Federal (SPF) corre riesgo: las empresas que proveen el servicio por licitación denunciaron que el Gobierno les debe unos 4000 millones de pesos.

Así lo dijeron a LA NACION voceros de las firmas que prestan el servicio en las cárceles federales, donde cumplen condena peligrosos delincuentes, como, por ejemplo, los jefes de la temible banda de Los Monos.

“En 30 años nunca vivimos una situación parecida. No sabemos cómo vamos a pagar los sueldos de los empleados. Agotamos todas las alternativas de financiamiento”, sostuvo a LA NACION un empresario, que prefirió mantener su identidad en reserva por temor a no poder cobrar la deuda.

Según las fuentes consultadas, hay siete empresas que prestan el servicio de alimentación en las cárceles federales y por mes, solo se les abona el 20% de la factura.

“Si pasamos en limpio, nos deben siete meses completos de facturación. La situación es crítica”, explicó el empresario consultado. En su compañía trabajan más de 300 personas.

Según las fuentes consultadas, por la falta de pago, una empresa que prestaba el servicio en la Unidad 8 del SPF, en Jujuy, primero fue sancionada y después se le rescindió el contrato de licitación.

“No son entregados en tiempo y forma los insumos necesarios para la elaboración de los diferentes menús establecidos para la totalidad de la población penal y del personal penitenciario, no llegando desde hace varias entregas a cubrir la totalidad del pedido solicitado en el plan de entrega semanal, lo que dificulta dar óptimo cumplimiento al menú institucional y cubrir con la cantidad de raciones al personal”, se especifica en un escrito que los responsables de la Unidad 8 enviaron a la Dirección de Contrataciones del SPF.

Fuentes del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación admitieron a este diario que existen demoras en los pagos. “En este año, en particular, la variación de los precios complicó mantener la continuidad de los pagos, sobre todo por una cuestión burocrática de adecuar las partidas por medio de decretos cada pocos meses. La deuda nunca llegó a lo que afirman desde el sector empresario”, explicaron.

Las fuentes consultadas dijeron que la situación comenzó a normalizarse después de la publicación en el Boletín Oficial, en las últimas horas, del decreto de autorización de modificaciones presupuestarias. Y afirmaron que en agosto se abonaron 1000 millones de pesos por el servicio. También sostuvieron que el retraso en los pagos fue utilizado para “agitar” a la población carcelaria.

El Servicio Penitenciario Federal tiene ocho complejos penitenciarios, 21 unidades carcelarias y 14 alcaidías distribuidas en el país.

“Ante esta circunstancia, sumada a la delicada coyuntura económica y a la deuda en el pago del servicio, las empresas proveedoras se vieron obligadas a financiarse a tasas exorbitantes, lo que ha provocado que se encuentren al borde de la quiebra. Las compañías se ven obligadas a seguir prestando el servicio, a pesar de que la irregularidad en los pagos comenzó hace siete meses y que hace 90 días que no facturan. Se trata de una crisis sin precedentes”, explicaron fuentes allegadas a las empresas.

Las fuentes cercanas a las empresas dijeron: “Es posible que varias unidades penitenciarias se queden sin alimentos y que las personas detenidas vean afectado su derecho de alimentación”.

En junio de 2020, después de una serie de protestas de los presos en medio de la pandemia de Covid-19, el presidente Alberto Fernández dispuso la intervención del SPF y nombró como interventora a la exjueza y expresidenta de Justicia Legítima, María Laura Garrigós.

“Vamos a ocuparnos de intervenirlo y de ciertas cosas que nunca más quiero que ocurran”, sostuvo en aquella oportunidad el presidente Fernández.

En principio, Garrigós, que también asumió al frente de la Subsecretaría de Asuntos Penitenciarios, iba a desempeñarse como interventora del SPF por seis meses. “Es la persona ideal para ordenar todo el sistema. Es sólida y honesta”, explicaron en su momento fuentes del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.