Daniela Carbone, la azafata que ayer fue echada de Aerolíneas Argentinas por haber amenazado de bomba un vuelo que debía partir hacia Miami el 21 de mayo pasado, fue procesada con prisión preventiva por intimidación pública, entorpecimiento del transporte aéreo y coacción agravada.

Lo resolvió el juez federal de Lomas de Zamora Federico Villena, que le dictó la prisión domiciliaria y le trabó un embargo sobre sus bienes hasta cubrir la suma de $400 millones. En su resolución, además, le suspendió la matrícula profesional de tripulante de cabina y le prohibió acercarse a las zonas restringidas de cualquier aeropuerto del país.

“Efectuado un pormenorizado análisis de las distintas constancias que componen estas actuaciones y puesto   a resolver la situación procesal, adelanto que, de la detenida y objetiva lectura de los elementos probatorios   glosados al sumario, a la luz del sistema de valoración de la prueba y con el grado de certeza que la instancia reclama, habré de considerar a Daniela Carbone prima facie como autora penalmente responsable de los delitos de intimidación pública en concurso ideal con el delito de entorpecimiento del transporte aéreo, que a su vez concurren con el delito de coacción agravada por haber sido cometido mediante amenazas anónimas, todo ellos en su calidad de empleada pública de la empresa Aerolíneas Argentinas”, sostuvo el juez Villena en su resolución de 105 páginas, a la que tuvo acceso LA NACION.

Según el expediente judicial, la amenaza de bomba fue el 21 de mayo pasado a las 8.10. Un empleado de la línea aérea de bandera recibió un mensaje de voz por medio de Whatsapp donde le advertían: “Decile al capitancito que le pusimos tres bombas en el Miami, que se deje de joder con la política y que chequee el avión porque van a volar en mil pedazos”.

Villena resolvió hoy, por un lado, la situación procesal y, por otro, la prisión domiciliaria. “He de destacar que a partir de la implementación de las nuevas pulseras/tobilleras electrónicas de control satelital por GPS se permite efectuar un seguimiento permanente de la imputada, garantizándose de esta forma que la misma será habida en caso de requerirse su comparecencia, como así también que no abandonará el país, asegurando de   esta forma su sujeción al proceso”, sostuvo el magistrado al conceder la morigeración del arresto.