Ana María Figueroa reclamó al Consejo de la Magistratura que le devuelvan su cargo de jueza y su título de presidenta de la Cámara Federal de Casación y que además la Corte Suprema de Justicia le pague los sueldos de agosto y septiembre. Denunció que fue víctima de una discriminación de género y que el máximo tribunal incurrió en un “acto ilegal” al dejarla cesante cuando cumplió 75 años sin haber obtenido el acuerdo del Senado.

La magistrada planteó sus quejas en una nota presentada en el Consejo de la Magistratura en la que criticó a la Cámara de Casación y a la Corte por haberla dejado cesante a partir del 9 de agosto pasado, cuando cumplió los 75, porque para entonces no había obtenido el acuerdo del Senado. Después, la Cámara alta se reunió el 28 de septiembre y le dio su acuerdo para extenderle el mandato por cinco años, y el presidente Alberto Fernández firmó el 3 de octubre pasado un decreto con el que la vuelve a designar como magistrada.

Desde entonces, la jueza no fue más a su despacho en la Cámara de Casación y su vocalía fue cubierta por su colega Alejandro Slokar, designado por sorteo. La presidencia de la Casación fue dejada por la propia jueza en manos de Mariano Borinsky, que era vicepresidente del tribunal.

Pero ahora Figueroa reapareció. Dirigió su nota de reclamo a la presidenta de la Comisión de Selección del Consejo de la Magistratura, María Fernanda Vásquez, a quien le pidió: “Tenga a bien disponer de los medios necesarios para que se ordene la inmediata mantención en mi cargo”.

Dijo que su continuidad fue “turbada de facto por una simple resolución administrativa de la Corte Suprema de Justicia de la Nación” del 6 septiembre de 2023, luego de que la Cámara de Casación informó a la Corte y al Consejo de la Magistratura de su situación.