El plan oficial para retirar el asbesto o amianto en las áreas o componentes críticos de la red de subte porteña avanza de común acuerdo entre representantes gremiales, de la empresa concesionaria del servicio y la firma estatal que administra y controla su operación, según surge de las actas de inspección y de las audiencias en la Subsecretaría de Trabajo, Industria y Comercio de la ciudad. Las tareas de remoción, una vez consensuadas, están tercerizadas a dos empresas.

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“El horizonte no es tan incierto. Se está buscando dónde hay riesgo de exposición para los trabajadores”, señalaron desde Subterráneos de Buenos Aires Sociedad del Estado (Sbase), la empresa que administra la red de subtes, servicio que hoy vivió el paro 21 de actividades en lo que va del año. Entre las 6 y las 9, no funcionó ninguna línea.

“Como no sabemos cuándo se instaló el asbesto por la antigüedad de la red, puede ser que alguien ingrese a un lugar o manipule elementos para hacer alguna tarea y pudiera haber asbesto. Se trata de definir dónde está y puede generar daño”, continuaron en diálogo con LA NACIÓN tras la publicación sobre si el subte es o no seguro.

El programa de desasbestizado, que se lleva adelante desde hace cinco años en todas las líneas con sus flotas, talleres, subestaciones, pozos de bomba, tableros, entre muchos puntos más, donde pueda existir desde una mínima pieza o la composición del material pueda incluir amianto.

La normativa vigente desde 2001 dispone la prohibición, comercialización, importación y uso de ese material: la exposición en el tiempo a partículas que se desprenden (fibras de 1 x 5 micrones –un micrón es la milésima parte de un milímetro–) por el desgaste, la fricción o la manipulación puede causar enfermedades pulmonares o pleurales, incluidos cánceres.

“La presencia de por sí de asbesto no representa riesgo, porque el que se suele encontrar en el subte está en un porcentaje embebido en otros materiales”, afirmaron desde Sbase, que depende de la Jefatura de Gabinete de la Ciudad, área a cargo de Felipe Miguel.

Con esto, también coincidieron desde Emova, la empresa concesionaria a cargo de la operación y el mantenimiento de la red. “Es importante la cantidad en la pieza, la estructura o el elemento en el que se encuentra y, también, su estado: si se disgrega fácilmente con el solo hecho de apretar de la mano, es más riesgoso que el que tenemos en baja proporción, compacto, sólido y que se puede agarrar con la mano. El riesgo radica en que pasan los años, el material se pone viejo y pierde las cualidades de fábrica, se rompe o se daña por acción mecánica. Por eso, se está buscando dónde el personal puede estar en contacto o hacer tareas de mantenimiento directo.”

Hoy, son 312 los empleados que todavía trabajan en sectores (tráfico y mantenimiento de material rodante y de instalaciones fijas), en los que aún hay presencia de asbesto, según confirmó Emova de acuerdo con los datos del Relevamiento de Agentes de Riesgo (RAR). A la vez, son 2149 los trabajadores en el programa de vigilancia de la salud, a los que se les hacen chequeos anuales, de acuerdo con los criterios de un comité médico. La atención del personal se centraliza, según se indicó, en el Servicio de Neumología del Hospital Británico.

Una vez generado el listado de potenciales elementos o áreas con asbesto, se presenta a la comisión de trabajo con representantes de todas las partes. Tras ser consensuado ese listado, se toman muestras para analizar. El trabajo lo hacen empresas registradas ante la Agencia de Protección Ambiental (APRA), que depende de la Secretaría de Ambiente de la ciudad.

En este caso las firmas Borg y Geo Assist, que trabajan en las burbujas de contención en los talleres Rancagua y Lacarra. Los resultados se informan a la comisión, si hay asbesto se etiqueta como riesgoso para que el personal no tenga contacto y se procede al desasbestizado. APRA aprueba el procedimiento, que implica el manejo y la disposición de residuos peligrosos. Esto lo hace, la firma Operador In Situ.

Al completar la tarea, según precisaron de APRA, deben analizar “el cumplimiento de las tareas, la calidad del aire y la correcta gestión de los residuos”.

Además de la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y el Premetro (Agtsyp), tienen presencia gremial en el subte la Unión Tranviarios Automotor (UTA) y la Asociación de Supervisores de Subterráneos de la República Argentina (Assra). Según coincidieron, tienen un 30% de representatividad. Desde la UTA, que alcanza a un 10% que son maquinistas y choferes, indicaron que no hacen declaraciones sobre el conflicto por el asbesto. Para Rubén Zappala, secretario general de Assra, “la empresa empezó a tomar medidas, pero aún no alcanza. No adherimos a los paros porque se está cumpliendo con lo pactado y no queremos afectar a los usuarios”. Assra representa a 450 supervisores.