El Ministerio Público pidió que el fiscal federal de Bahía Blanca Alejandro Cantaro sea condenado a siete años de cárcel por considerarlo partícipe necesario de una banda narco que operaba en la zona.

“En definitiva, señores jueces, Alejandro Salvador Cantaro debe responder penalmente como presunto responsable de ser partícipe necesario del tráfico de estupefacientes, en la modalidad de comercialización, agravada por su condición de funcionario público, encargado de la prevención o persecución de los delitos previstos en la ley 23.737. Solicito, entonces, que lo condene a la pena de siete años de prisión”, sostuvo el fiscal federal Gabriel González Da Silva al finalizar el alegato en el que pidió la condena contra su colega.

La presentación del alegato de la fiscalía constituyó la antepenúltima etapa del juicio oral contra el fiscal Cantaro, acusado de proteger a una banda de narcotraficantes que comercializaba drogas sintéticas en fiestas electrónicas que se realizaban en boliches de Bahía Blanca.

Algunos de los integrantes de dicha organización delictiva fueron condenados durante un juicio oral que había comenzado con la instrucción de una causa penal en la justicia federal bahiense que se conoció como “Drogas sintéticas II”.

Al profundizar la investigación sobre las vinculaciones y relaciones de los narcos condenados, los funcionarios judiciales hallaron comunicaciones entre un sobrino político del fiscal Cantaro y los traficantes. Además, los responsables de la pesquisa incorporaron al expediente capturas de pantalla de mensajes que el fiscal habría intercambiado con algunos de los narcos condenados.

En los fundamentos de la imputación contra el fiscal Cantaro figuran elementos que lo vinculan con su sobrino, identificado como Sebastián Gauna San Millán, actualmente procesado, y con Facundo Texido, uno de los ocho narcos condenados por el caso “Drogas sintéticas II”, también conocida como los “Narcochetos”, por el perfil de los traficantes y el ámbito en el que se comercializaban las drogas.

Según la acusación del Ministerio Público, el fiscal Cantaro habría alertado a Gauna San Millán y Texido de que la Justicia y la policía los investigaban por vender drogas en las fiestas electrónicas y boliches bahienses.

Luego del alegato realizado por el fiscal González Da Silva, el Tribunal Oral Federal, integrado por los jueces Simón Bracco, Ernesto Sebastián y Alejandro Silva, decretó un cuarto intermedio hasta el lunes próximo para que el abogado defensor exponga sus argumentos.

Actualmente, el fiscal federal Cantaro está suspendido en su cargo, procesado y enfrenta el juicio oral en libertad.