Ni es un “incentivo”, ni es “eficaz”. Los paraísos fiscales han dejado de ser atractivos para el Diccionario de la lengua española (DLE), que ha modificado su definición para eliminar la valoración positiva que hasta ahora les otorgaba. Queda tachada aquella parte más complaciente de la acepción, que describía estos regímenes como “un eficaz incentivo para atraer capitales del exterior”. La nueva descripción se alinea así a la del Diccionario panhispánico del español jurídico y a la petición lanzada por Plataforma por la Reforma Fiscal que más de 30.000 personas firmaron en Change.org. A la vez, la expresión “refugio fiscal” hace su debut como sinónimo.

El cambio ha sido incluido en las novedades de la versión en línea del Diccionario presentadas el martes, 4381 cambios entre nuevas palabras y descripciones actualizadas. Por primera vez, además, se incorporan los sinónimos y antónimos de cada término. Es así que un paraíso fiscal deja de ser “un país o territorio donde la ausencia o parvedad de impuestos y controles financieros aplicables a los extranjeros residentes constituye un eficaz incentivo para atraer capitales del exterior” —es decir, un lugar atractivo para invertir gracias a su laxa fiscalidad—, y se convierte en “país o territorio caracterizado por su baja o nula tributación y la falta de un efectivo intercambio de información fiscal con otros estados”.

Lista negra: la Unión Europea actualiza su registro de paraísos fiscales

La nueva definición no es una total sorpresa. La Comisión de Ciencias Sociales de la Academia ya había acordado el pasado abril que modificaría la definición de “paraíso fiscal” en el diccionario de la lengua española para que fuera más acorde a la descripción contenida en el Diccionario panhispánico del español jurídico —que lo define como “territorio caracterizado por su baja o nula tributación, la ausencia o escaso número de convenios para evitar la doble imposición y la falta de un efectivo intercambio de información fiscal con otros Estados”—. Sin embargo, no estaba claro si se mantendrían ambas descripciones, la popular y la jurídica, ni si se incluirían sinónimos.

La Plataforma por la Reforma Fiscal —que agrupa a asociaciones como Economistas sin Fronteras, Oxfam Intermón, Attac o los sindicatos CC.OO. y UGT— fue el colectivo que más presionó para el cambio: lanzó el pasado 3 de abril, Día internacional contra los paraísos fiscales, una recogida de firmas en Change.org para exigir a la RAE que cambiara la definición de paraíso fiscal.

También pidió que se empezara a usar el término “guarida” o “refugio”, alegando que “paraíso fiscal” es una mala traducción del inglés tax haven que confunde haven (refugio) con heaven (cielo, paraíso), algo que ocurre en otros idiomas como el francés o el italiano. La campaña, bajo el lema Pidamos a la RAE que hable de “guaridas fiscales”, cuenta con 31.198 firmas.. “Desde la Plataforma por la Justicia Fiscal lamentamos que, con la actual definición, la RAE parezca defender que es un magnífico objetivo de política económica que la tributación sea nula o muy baja y que se evite todo control financiero”, rezaba la petición de la organización, que ahora celebra el cambio.

“La versión electrónica 23.7 del DLE incorpora la expresión refugio fiscal como equivalente a paraíso fiscal, restándole atractivo a estos lugares que sirven para cometer #evasiónfiscal. En esta última versión del Diccionario de la lengua española se ha modificado la definición de #paraísofiscal con el objetivo de eliminar o, al menos, reducir la valoración positiva de la #evasiónfiscal que reflejaba la anterior definición”, celebró la Plataforma por la Reforma Fiscal en X.

La decisión de la RAE llega después de una larga lista de escándalos vinculados a territorios de fiscalidad agresiva que han salpicado a grandes empresas, políticos y personajes famosos. Entre ellos Shakira o Apple, solo para citar algunos nombres conocidos que han estado en las primeras planas de los periódicos en las últimas semanas.

Según el informe Evasión fiscal global 2024, publicado en octubre por el Observatorio Fiscal de la UE, el desvío de beneficios de las multinacionales a escala mundial restó US$169.000 millones a las arcas públicas en 2020. En el caso de España, la merma ronda los US$5000 millones.

El estudio también pone números a la riqueza registrada en territorios offshore —aquellos que cuentan con una gran industria bancaria privada que atiende a no residentes—: superaba los US$12 billones en 2022 a nivel global. La cifra procedente de España alcanzó los US$140.000 millones, la más alta de las últimas dos décadas.