La célebre frase atribuida a Groucho Marx (“Estos son mis principios, pero si no les gustan tengo otros”) calza perfectamente con la campaña proselitista de Unión por la Patria (UxP) para las PASO. Otro tanto ocurre con las mentiras o exageraciones dignas de Pinocho incluidas en los numerosos spots de propaganda oficial con la misma intención de retener o captar votos, aunque difícilmente muevan el amperímetro de los sectores independientes más moderados y/o mejor informados del electorado.

Sergio Massa es el mayor exponente de esta tendencia, pero no el único. Hace tres semanas pasó a ocupar el centro de la escena de UxP en su cuádruple rol simultáneo de ministro de Economía; precandidato presidencial; virtual jefe de Estado en uso de la lapicera para el manejo discrecional del gasto público o su “capitalismo de amigos” y comunicador excluyente de anuncios oficiales con supuestas buenas noticias en medio de la crisis económica.

Cuánto ganó el que hizo un plazo fijo y qué pasará en los próximos meses

Así como hace cuatro años desterró al olvido sus recordadas promesas electorales de 2015 (“meter presa a Cristina” y “echar a los ñoquis de La Cámpora”), hace algo más de cinco meses hizo lo mismo con sus referencias públicas a la inflación.

El ministro prácticamente se llamó a silencio después de haber relanzado en febrero la ampliación del programa Precios Justos, con aumentos pautados y monitoreo satelital. Poco antes había cometido el mayor error no forzado de su gestión, cuando estimó públicamente para este año subas de 4% mensual en el índice de precios al consumidor (compatibles con la pauta inflacionaria de 60% interanual incluida en el ya desactualizado Presupuesto 2023) e incluso de 3% hacia fin de año. En el primer semestre, el IPC arrojó un promedio de 7% mensual (50,7% acumulado). Y el 6% registrado en junio –por debajo de las estimaciones privadas– muestra en un solo mes un incremento superior al que prevén para todo el año la mayoría de los países de la región (Brasil, Bolivia, Paraguay, Uruguay, Chile, Perú y Ecuador). Para la Argentina, la proyección es de 142% interanual, según el relevamiento de expectativas (REM) que procesa el Banco Central.

No sólo eso. Si bien al asumir hace casi un año Massa logró cierta estabilización macroeconómica tras asegurar que cumpliría el acuerdo con el FMI –rechazado en 2022 por el kirchnerismo y afectado en 2023 por el impacto de la sequía–, ahora como candidato cambió su discurso. Ante la demora en la renegociación contrarreloj de las metas fiscales, monetarias, cambiarias y de reservas netas del BCRA, más la incógnita sobre las condicionalidades para los próximos desembolsos, volvió a acusar a economistas de la oposición de interferir. Ya lo había hecho a fines de abril a través de Sergio Chodos, representante argentino en el organismo, lo cual fue desmentido por exministros del gobierno de Mauricio Macri. También dejó trascender una supuesta carta del director de China para habilitar el pago en yuanes de los vencimientos hasta fin de año, cuya existencia fue negada por el Fondo. Y además quedó desvirtuada de hecho la versión oficial de que el FMI se oponía a la finalización del gasoducto Néstor Kirchner (GPNK), ya que en la revisión conjunta de marzo último figuraba como prioridad.

Para este giro, Massa contó con la colaboración de su esposa Malena Galmarini, titular de Aysa y candidata a intendenta de Tigre, que en su cuenta de Twitter criticó duramente a Macri por no haber licitado el gasoducto y utilizar el crédito stand by para facilitar la “fuga de capitales”, en línea con el relato kirchnerista. Presumiblemente, para desviar la atención por los cuestionamientos de la oposición a la licitación de Aysa de un contrato por US$129 millones hasta 2026 (prorrogable hasta 2029) con la empresa Transclor como único oferente, cuyo dueño es Mauricio Filiberti, socio de José Luis Manzano y Daniel Vila en Edenor.

Aunque la inauguración oficial de la primera etapa del GPNK el 9 de julio se convirtió en un indiscutible acto proselitista, Cristina Kirchner no se quedó atrás en materia de omisiones cuando justificó la reestatización parcial de YPF debido al excesivo giro de utilidades de la española Repsol.

La vicepresidenta no dijo que en los años 90 había apoyado la privatización de YPF en el Congreso, con Oscar Parrilli como miembro informante, y que Néstor Kirchner recibió como gobernador de Santa Cruz US$500 millones de coparticipación, cuyo destino nunca quedó claro. Tampoco que a partir de 2006 se asfixió a Repsol con bajos precios de los combustibles, hasta que en 2008 el matrimonio apadrinó el ingreso del Grupo Eskenazi (con domicilio fiscal en Australia) a cambio de cederle el 15% de las acciones (con opción al 25%) y el management de YPF sin poner un dólar, sino a través de un préstamo saldado con las utilidades de la compañía que se restaron de las inversiones en producción y exploración. En 2012, después de la reestatización del 51% del paquete accionario dispuesta por la entonces presidenta, Repsol recibió US$5000 millones en bonos que efectivizó de inmediato. Pero al no realizarse una oferta pública por el 100% de las acciones, como preveían los estatutos, el fondo buitre Burford inició un juicio en los tribunales de Nueva York tras comprar la parte de Eskenazi a cambio de una participación del 30% del monto indemnizatorio. Meses atrás, la Corte de Nueva York falló contra el Estado argentino, que podría pagar alrededor de US$15.000 millones, si no prospera la instancia de apelación.

Más ideológico es el spot de campaña de Juan Grabois, el otro precandidato presidencial de UxP, aunque no está exento de exageraciones históricas para invocar el concepto de soberanía. Al tal punto que pone en un pie de igualdad a la gesta del general San Martín para emancipar a la Argentina del imperio español, con la de Juan Perón y Eva Perón (sic) para derrotar al embajador estadounidense Spruille Braden, y la de Néstor y Cristina Kirchner para liberarse del FMI y “levantar al país desde sus cenizas”(sic).

Al fin y al cabo, el nuevo sello electoral del oficialismo confunde el concepto de Patria, que por definición es ampliamente abarcativo (comprende a la tierra natal o adoptiva ordenada como Nación, a la que el ser humano se siente ligada por vínculos jurídicos y afectivos), con el manejo del Estado por parte de una facción política de carácter excluyente si gana elecciones. Nada que ver, por ejemplo, con el modelo uruguayo de alternancia y convivencia política de partidos con ideologías diferentes que buscan acuerdos en beneficio del conjunto del país y lleva 40 años de democracia representativa con división de poderes republicanos. No es lo mismo trabajar para el Estado que aferrarse al poder sólo para seguir viviendo del Estado. En este contexto, el eslogan de UxP de “defender a la Patria” se asemeja al personaje del Chapulín Colorado, como si no hubiera otra opción.

Ahora, el problema es que cada anuncio de Massa como candidato, que invariablemente implica más gasto público, más subsidios, más emisión de pesos depreciados diariamente y más endeudamiento (por encima de los US$70.000 millones contraídos por el gobierno de Alberto Fernández) complica su gestión como ministro. Si quedara segundo en las PASO, tendrá más presión del oficialismo por otro “plan platita”, con gastos más abultados en aumentos salariales para el sector público, bonos extras para jubilados y obras públicas sin prioridades. También por nuevos congelamientos o atrasos de precios relativos que, como resortes apretados, agravarán la herencia macroeconómica que recibirá el próximo gobierno incluso si, hipotéticamente, le tocara ganar sin un plan para salir de la crisis.