Finalmente, la justicia federal consumó el final feliz que esperaba la vicepresidenta Cristina Kirchner. Y para como si fuese una película, después del “fin” aparece el elenco. Casi que se pueden ver los protagonistas: el juez Sebastián Casanello, el fiscal Guillermo Marijuan, la AFIP y la Unidad de Información Financiera (UIF). Cada uno hizo lo suyo para que todo resulte tal como esperaba la ahora beneficiaria del sobreseimiento.

Aquel mote que tanto le molesta al juez, “tortuga Casanello”, fue ganado en esta causa, que para entender, es una derivación de otro expediente, la ruta del dinero K, donde Lázaro Báez, el hijo Martín y una veintena de personas entre las que están Leonardo Fariña y Sebastián Elaskar. Sucede que si bien en ese expediente sí hubo condena y fueron condenados por lavado de dinero y evasión fiscal que luego la Cára corrigió y dejó solo el último, quedó un residual en el que se investiga si Cristina Kirchner estaba al tanto o participó de ese sistema.

Cuando aparecieron las imágenes de La Rosadita con Martín Báez, entre otros, contando miles de dólares en efectivo, Casanello tardó meses antes de allanarla. Y poco tiempo después, y sólo después de 13 apelaciones, entre ellas alguna de Marijuan, fue la Cámara la que obligó al juez a indagar a Cristina Kirchner.

La pregunta que había que contestar era simple: entender si aquel dinero que se lavó era de Lázaro Báez o si, por el contrario, era un testaferro de la familia Kirchner. Por lo pronto, en el expediente llamado “la ruta del dinero K” selo había condenado por lavar dinero ilícito e incrementar el patrimonio de Austral Construcciones, empresa insignia del grupo, en US$32,8 millones.

Esa tardanza para avanzar sobre Cristina Kirchner fue la que determinó el sobrenombre del magistrado que ahora la sobreseyó. Ahora bien, cuando de este tipo de maniobras se habla, pocas veces se encuentra un documento firmado entre la pantalla y la verdadera identidad. Y ese papel es el que lógicamente, jamás se encontró.

Pero el derecho ha desarrollado doctrina, legislación y jurisprudencia para acercarse a la verdad a través de indicios que conduzcan a la verdad. Dicen los autores que un sólo indicio es insuficiente para acreditar la responsabilidad del acusado, pero varios de ellos resultan suficientes. Claro que habrá que valorarlos a todos, que deben estar vinculados con el objeto del proceso, que deben ser contundentes, concordantes y que tienen que tener una temporalidad con el hecho. La corrupción es sigilosa y a las acusaciones se llega a través de este tipo de pruebas.

Esos indicios aparecieron por todos lados en este proceso, al punto que Marijuan dijo en su dictamen dijo: “Entiendo y no tengo duda alguna, de la estrecha y directa relación personal entre Cristina Elisabet Fernández y Lázaro Antonio Báez.”

El fiscal, además, debo decir que Cristina Fernández, representada por su hijo Máximo Kirchner entregó un inmueble en permuta a Austral Construcciones, mientras que otro bien lo entregó en concepto de dación en pago de la obra ejecutada en la Quinta 10 A, de la ciudad de El Calafate. “Además, el matrimonio Kirchner, ha vendido a Austral Construcciones, firma insignia de Lázaro Báez 10 (diez) propiedades”, dice el fiscal en su dictamen.

De hecho, en aquella permuta de la que habla Marijuan está implicado el terreno sobre el que se construyó la casa en El Calafate donde vivió el matrimonio Kirchner y donde reside la vicepresidenta. Como si esto fuese poco, hay 372 comunicaciones entre los teléfonos de ambos ocurridos en poco más de dos años. “Con solo imaginarse lo difícil o casi imposible que es para cualquier ciudadano llamar telefónicamente a un presidente de la Nación, el resultado de esta medida, pone en evidencia, con esa inmensa cantidad de contactos, que Lázaro Báez y Cristina Fernández eran algo más que simples conocidos de Santa Cruz y tenían un contacto fluido”, argumenta. Para que se entienda: un llamado cada dos días.

La relación comercial entre Cristina Kirchner y Báez quedó plasmada en decenas de operaciones Una de ellas fue una investigación publicada el 31 de julio de 2022 en LA NACION, un día antes del inicio de las audiencias del juicio de obra pública que terminó con la condena de la actual vicepresidenta. Además, tanto la Unidad de Información Financiera (UIF) como la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) presentaron decenas de pruebas de aquellos movimientos. De hecho, en el organismo recaudador, fueron relevados de sus funciones todos los investigadores tributarios que seguían con el caso cuando, en 2019, asumió el actual gobierno kirchnerista. Con el paso del tiempo y con nuevas directivas políticas, ambos desistieron de sus acusaciones.

También, la confusión patrimonial de la pareja con el empresario se aprecia en los diez departamentos ubicados en la calle Bartolomé Mitre 535 de Río Gallegos que se construyeron utilizando la figura de un fideicomiso en el que se estipulaba que, una vez finalidad, dividirían en partes iguales los inmuebles, pero que finalmente, en la declaración jurada de bienes presentada por Kirchner ante la Oficina Anticorrupción, presentó a todo el complejo inmobiliario como propio.

Otra evidencia que el fiscal no contempló es un documento que presentó la Oficina Anticorrupción que no parece contar con una explicación patrimonial razonable que no sea la preservación de los acuerdos entre Báez y Kirchner. En ese escrito, el constructor constituye un fideicomiso testamentario mediante el cual expresamente busca “respetar los contratos vigentes sobre los inmuebles hasta el plazo de finalización de éstos” y “que se aceptara la prórroga en todos los casos si se produjere el vencimiento del contrato original”. Algo así como dejar un legado contra los herederos y a favor de los compromisos comerciales

Se podrían enumerar declaraciones y decenas de pruebas. Pero no hubo, el fiscal no tuvo dudas al punto que no pidió la elevación a juicio oral. Y que se entienda, no se la sobreseyó después del proceso de audiencias públicas sino que no se la acusó. Ahí radica otra de las particularidades. Para el Ministerio fiscal, y en esa instancia del proceso, cuando existen dudas se eleva juicio oral. Luego, ante la duda en el proceso de audiencias y pruebas, similar al del caso Vialidad, juega el principio procesal de favorecer al acusa si aquellas persisten. Pero en este caso, directamente no habrá juicio oral.

Sin este requisito necesario, al que se sumó el desistimiento de la AFIP y de la UIF, Casanello se quedó sin juicio, muchos años después de haber sido remolón para avanzar. Junto a Marijuán escribieron el colorín colorado que Cristina Kirchner esperaba.