LA PLATA.- Se llama Ezequiel. Estudia en la Facultad de Derecho de La Plata, para ser abogado. Y su testimonio podría ser clave para desentrañar todo un sistema que niega el poder político, en caso que reabra la investigación que se instruyó en la justicia por supuestas defraudaciones reiteradas en la Legislatura.

El testimonio, que sería de una persona llamada Ezequiel -titular de una de las 48 tarjetas de debido secuestradas en poder de Julio “Chocolate” Rigau-, llegó a la justicia justo antes de que la Sala III de la Cámara de Apelaciones declarara ayer nula toda la Instrucción Penal Preparatoria abierta el 9 de septiembre.

Esa noche Rigau fue detenido con 1,2 millones de pesos y decenas de tarjetas del Banco Provincia. Pocos días después Ezequiel declaró ante la justicia y su testimonio quedó en el expediente que ahora revisa el fiscal General de La Plata, Héctor Vogliolo, para apelar la nulidad de la causa por defraudaciones reiteradas.

¿Qué dijo el testigo clave? Ezequiel declaró que es estudiante de derecho y que estaba sin trabajo. Relató que le ofrecieron ser asesor en la Cámara de Diputados, pero dijo no recordar asesor de quién, ni tampoco el nombre de la persona que lo había llamado. Pero sí recordaba que enero de este año le llegó una tarjeta de débito a la casa. Poco después le informaron desde la Cámara baja que el contrato finalmente no se había firmado: no iba a salir su empleo.

Luego le pidieron devolver la tarjeta de débito a la Cámara Baja, aunque dijo no recordar ante quién lo hizo.

El testigo afirmó que los primero días de enero entregó la tarjeta de débito en la Cámara de Diputados de la Legislatura de la provincia de Buenos Aires. Y, otra vez, dijo no recordar quién se la recibió.

La misma tarjeta a nombre de Ezquiel fue hallada el 9 de septiembre último en poder de Rigau, mientras extraía dinero de un cajero automático del Banco Provincia.

Ezequiel fue uno de los pocos testigos titulares de las tarjetas de debido secuestradas que negó haber entregado de manera voluntaria el plástico de manera personal al puntero justicialista para que le cobre el sueldo. Desconocía tener un contrato activo. A su entender, el empleo nunca se había concretado.

Su testimonio consta en la Investigación Penal Preparatoria N° 06-00-47.539-23, instruida ante la UFI N° 2 y con intervención del Juzgado de Garantías N° 1 que se abrió por el delito de “defraudaciones reiteradas -177 (ciento setenta y siete) hechos consumados y 45 (cuarenta y cinco) tentados, todos en concurso real, que fue declarada nula el jueves pasado.

El fiscal Vogliolo ya analiza toda la prueba y los testimonios tomados por la fiscal Betina Lacki para apelar la semana que viene ante la Cámara de Casación.

Entonces, tras el sorteo de rutina, el órgano revisor podría disponer la reapertura del expediente. Una posibilidad que no descarta es que la Procuración General de la Provincia, a cargo de Julio Conte Grand, llegue a intervenir en caso de que el expediente trascienda a la Cámara de Casación y luego a la Suprema Corte de Justicia de la Provincia.

La nulidad de toda la investigación dispuesta el jueves con el voto del juez Juan Alberto Benavides, volvió a la opacidad todo un sistema que es conocido por los actores tanto del oficialismo como de la oposición de la Legislatura.

Benavides, el camarista que fundamentó con su voto la liberación de Julio Rigau, fue nombrado durante la administración de Axel Kicillof a propuesta de un operador judicial de La Plata que vincula al peronismo con el Frente Renovador.

En tanto Alejandro Villordo, que adhirió al voto de Benavides, tiene más de una década en la justicia pero entro a la cámara penal durante otro gobierno peronista: el de Daniel Scioli.

El camarista que fundamentó la decisión de hacer lugar al habeas corpus, declarar la nulidad liberar a Rigau, es el exfiscal del fuero penal juvenil Juan Alberto Benavides un hombre que habría llegado a ser designado en la Cámara de Apelaciones tras ganar una terna a propuesta de un operador judicial del peronismo de La Plata.

El pliego de Benavides fue enviado al Senado en pandemia por el gobernador Kicillof y fue aprobado con acuerdo de toda la Cámara Alta.

En tanto Villordo- un exfiscal de instrucción- adhirió a esta votación que fundamentó Benavides.

La investigación de la justicia ordinaria quedó desarticulada, por ahora. En los pasillos de la fiscalía aún se preguntan si el Fiscal de Estado, Hernán Gómez (nombrado durante el gobierno de María Eugenia Vidal), se presentará mediante sus abogados querellantes con una queja ante la Cámara de Apelaciones para que se vuelva a investigar si existió una defraudación múltiple al fisco provincial.