Cuando se reactivó la investigación judicial por una presunta defraudación millonaria con tarjetas de débito en la Legislatura de la provincia de Buenos Aires, el legislador bonaerense Nahuel Sotelo, de La Libertad Avanza, presentó un proyecto de ley para crear una comisión bicameral “de revisión y reforma del régimen normativo del personal” en ese cuerpo legislativo.

Hasta ahora, en La Libertad Avanza habían emitido un tibio comunicado condenando el caso del puntero del PJ Julio “Chocolate” Rigau, detenido hace un mes cuando cobraba el sueldo con tarjetas de debito de 49 empleados de la Cámara de Diputados bonaerense. El escrito, firmado por Sotelo y su compañera de bancada Constanza Moragues, manifestaba la “profunda preocupación por el caso” y solicitaba que la Justicia investigue la maniobra.

Pero ni Javier Milei ni la cúpula de La Libertad Avanza habían hecho manifestaciones al respecto y tampoco el espacio había promovido acciones para cuestionar el presunto sistema opaco de financiamiento político a través de los recursos de la Legislatura, cuyos alcances aún se desconocen.

Sotelo -en principio, en soledad- presentó hoy vía mesa de entradas el proyecto de ley que buscaría “el estudio, revisión, elaboración y tratamiento de una reforma legislativa integral y orgánica del régimen de personal de la Legislatura de la provincia de Buenos Aires”.

“Frente a las recientes denuncias de los actos y hechos de público conocimiento, resulta entonces necesario, como aporte a la transparencia avanzar desde la Legislatura Bonaerense en la adopción de medidas legislativas de fondo que impliquen en lo inmediato subsanar las indeseadas deficiencias normativas que pesan en materia de contratación de personal de la Honorable Cámara de Diputados”, reza el proyecto en sus fundamentos.

Esta semana, la fiscal de La Plata Betina Lacki reactivó a fondo la investigación sobre “Chocolate” Rigau y dispuso una batería de 20 medidas de prueba que incluyen la apertura de su teléfono celular, prevista para la semana que viene.

Los movimientos de Rigau sacaron a la luz un sistema de empleados “ñoquis” que entregaban parte o todo su sueldo a la política a cambio de contar con obra social o los aportes para una jubilación futura. La fiscal del caso le pidió a la Cámara de Diputados de la Provincia que explique qué significa que un empleado trabaje en un “bloque político”, como figuraba en sus legajos, dado que la mayoría de los titulares de las tarjetas entraron a la Legislatura por el PJ, el Frente Renovador o Juntos por el Cambio y luego empezaron a revistar en la categoría “bloque político”. Todavía se desconoce las ramificaciones del caso y si podría vincularse este sistema de recaudación a otros espacios políticos.