A pocos días de dejar la gestión, la transición en la provincia de Chaco quedó envuelta en un nuevo escándalo después de la denuncia que diputados chaqueños del bloque de Juntos por el Cambio (JxC) denunciara que el gobierno de Jorge Capitanich emitió una serie de cheques de pago diferido por $3500 millones que deberían ser cancelados después del 10 de diciembre, lo que comprometería a la nueva administración que estará a cargo del gobernador electo de Juntos por el Cambio (JxC), Leandro Zdero.

Esta semana, la Subsecretaría de Hacienda del Chaco emitió el Memorándum 170 a través del cual dio instrucción de emitir cheques de pago diferido a favor del Instituto de Seguridad Social, Seguros y Préstamos (INSSSEP) por un monto de $3500 millones con vencimiento entre los días 20 a 22 de diciembre.

Junto a ello, diferentes versiones aseguran que el gobierno de Capitanich pretende anular pagos de préstamos a plazo corto por $30.000 millones que fueron realizados entre enero y octubre de este año a las empresas SAMEEP y SECHEEP, una maniobra que afectaría seriamente las finanzas del gobierno entrante.

Ante esta situación, el bloque de Juntos por el Cambio sostuvo que “la gestión de Capitanich está llevando adelante una serie de maniobras que comprometen las arcas públicas” y presentó ante la Legislatura provincial un pedido de informes.

“Según versiones recogidas en los medios, el gobernador de la provincia del Chaco, Jorge Milton Capitanich, a un mes del cambio de gobierno habría tomado decisiones que dificultarían y complicarían el arranque del nuevo gobierno”, señalaron los legisladores de la oposición Leandro Césa Zdero, Doris Lilian Arkwright, Andrea Silvina Canteros Reiser, Debora Soledad Cardozo, Gustavo Silvio Corradi, Zulma Galeano, Livio Edgardo Gutierrez y Sebastian Leonardo Lazzarini.

En ese sentido, expresaron: “La maniobra complicaría financieramente la gestión que se inicia, a un mes de asumir el gobernador electo. Se trataría de un posible operativo irregular de anulación de órdenes de préstamos a SECHEEP y SAMEEP de préstamos a corto plazo que fueron auditadas por la Contaduría General de la provincia, que pretenden ser reemplazadas por cuentas a cobrar a largo plazo”.

Este hecho se suma a la polémica que tuvo lugar a principios de mes, cuando la Legislatura- por pedido de Capitanich- aprobó el pase a planta permanente de 17.000 personas, en su gran mayoría militantes, familiares y ex funcionarios, hasta el año 2030. Al igual que ocurrió este martes, el mandatario electo de Juntos por el Cambio por la provincia de Chaco criticó el proyecto oficialista.

“Utilizar un concepto tan importante como el derecho de los empleados públicos para meter ‘amigos y militantes’ por la ventana nos parece aberrante y una falta de respeto a la sociedad. Durante años no se han ocupado de hacer lo correcto y ahora, en un plan de retirada, quieren quedar bien con los que maltrataron comprometiendo los recursos del Estado. Permítannos hacerlo con responsabilidad valorando a los que trabajan”, señaló Zdero en un comunicado.

“La carga que hoy pesa sobre los chaqueños es enorme, y no es justo que debamos asumir adicionalmente esta mochila de acomodados de último momento”, subrayó dentro del documento que tiene por título “Madurez política para que el Estado no reviente”.

Y concluyó: “Recorrí la provincia de este a oeste, de sur a norte y sé que muchos trabajadores hace tiempo están precarizados. Los valoro y quiero trabajar para darles seguridad, pero estas picardías propias de la vieja política y de algunos imprudentes que se creen los dueños del Estado se pueden llevar puesta la provincia y comprometer su presente y su futuro”.

Una fuente opositora adelantó a LA NACION que, si se aprueba la iniciativa, escasearían los recursos para pagar los sueldos estatales de finales del próximo mes.