Era miércoles poco después del mediodía y en el salón principal del Sheraton de Mar del Plata se apagaban las luces. Entonces, empezó a mandar una imponente pantalla que hacía de telón de fondo del escenario. Empezaba el 59° Coloquio de IDEA, la reunión más importante y más masiva que tiene el calendario de empresarios y ejecutivos en la Argentina.

Hubo tres días de debate y entre 900 y 1000 participantes que, a razón de cuatro cafés diarios cada uno, consumieron no menos de 12.000 pocillos. En los pasillos hubo unas 3000 rondas de charlas con café de por medio y otras tantas en las que no se bebió nada. En total, unas 6000 conversaciones en las que se habló de la coyuntura, de los desafíos y de las personas que llevarían a cabo las reformas urgentes. En una palabra, se habló de la Argentina.

Hubo un tiempo en que por esas rondas pasaba lo más jugoso que ofrecía IDEA. Pero eso ha cambiado: los empresarios y los ejecutivos de las grandes compañías, que se especializaron en medir sus dichos, ya no le temen a ponerle todas las palabras a los problemas del país. Ya no todo pasa por charlas de pasillo; ahora se habla de inflación, de la corrupción y del peso del Estado en el escenario, en voz alta y frente a todos. Se pueden exponer cifras, plantear propuestas y ser crítico de lo que sea.

“Estamos inmersos en una realidad que nos agobia: vemos el crecimiento del delito y la inseguridad, la caída en la calidad educativa y demoras injustificadas en la aplicación de justicia. Tenemos una economía que no genera empleo privado de calidad hace más de una década, una inflación insoportable y un aumento continuo del índice de pobreza. También tenemos una intromisión permanente del Estado en aspectos básicos de nuestras vidas, como la libertad de comercio, la de fijar un precio, la de comprar o vender activos o, simplemente, la de alquilar una vivienda. Esa intromisión le da oportunidad a otro flagelo: la corrupción”.

El párrafo precedente es una de las principales partes del discurso de apertura del encuentro que pronunció Santiago Mignone, presidente del 59° Coloquio, Tesorero de IDEA y socio de PwC LAN.

Ese fue el tono que marcó la agenda. Si esos son, a grandes rasgos, los problemas, pues habrá que encontrar propuestas para solucionarlos. Y de eso se trató la actividad de los tres días en Mar del Plata: de presentar, además del diagnóstico, una veintena de medidas sobre las que ya hay un trabajo previo para aprovechar. El punto es que esas iniciativas se encuentran con un aspecto en el que hay una enorme indefinición: no se sabe quién será el interlocutor para que reciba ese temario. Se sabe solo que el próximo gobierno quedará en manos de Javier Milei, Patricia Bullrich o Sergio Massa, y la situación actual genera una enorme incertidumbre.

Por ahí transcurrieron los miles de cafés y por ese lugar también transitaron las exposiciones en los paneles. Diagnosticar, proponer y esperar a despejar la incógnita más grande: quién será el presidente de la Argentina a partir del 10 de diciembre.

Pero, más allá de las propuestas, hubo un común denominador en todas las alocuciones: el peso del Estado en la vida de las empresas y de los argentinos en cuanto ciudadanos, en las relaciones comerciales y en los aspectos laborales se ha vuelto imposible de soportar. Y para que ese equilibrio se restablezca, es necesario que el gobierno que venga se involucre en la tarea de dar una solución.

Si fuese necesario hacer un resumen de temas que surgieron de los debates, hubo varios que se destacaron y que marcaron varias necesidades: la de tener un tipo de cambio unificado, la de lograr mejores condiciones para contratar personal, la de mejorar las regulaciones, la de bajar la inflación y la de generar un empalme que funcione para que las personas con planes sociales pasen a tener un trabajo de calidad. En esas cuestiones está lo que frena el potencial que tiene la Argentina y que varios, por no decir todos los sectores que tuvieron viva voz en el Coloquio, destacaron como posible y realizable.

En una de las jornadas donde expusieron referentes de los llamados “sectores de alto impacto”, quedó claro el freno que genera el Estado. “Necesitamos un dólar único. Nos encantaría ser Perú en eso. El valor intangible del sector alcanza a US$40.000 millones con baja emisión de carbono y eso no lo estamos aprovechando. Somos muy optimistas porque, con las condiciones adecuadas, podemos llegar a ese objetivo”, dijo Ignacio Lartirigoyen, fundador y CEO de Lartirigoyen y Compañía, una empresa agropecuaria con fuerte crecimiento en el interior.

A su lado, Mariano Bosch, cofundador y CEO de AdecoAgro, también se lamentaba por la política pública para ese sector. “La agroindustria contribuye con US$27.000 millones en recursos fiscales y, si se redujeran los derechos de exportación esa cifra podría crecer. Para eso, además, hay que combatir la evasión”, agregó, a su turno.

Para el campo se pensaron desde IDEA varias propuestas. “Simplificación de trámites y reducción de costos de logística; ley para promover la internacionalización, sumar exportadores y capturar más mercados internacionales; ley de fomento inversiones agrobioindustriales; ley de para la gestión del riesgo para reducir costos de capital de trabajo; otra norma para las economías regionales”, son algunas iniciativas incluidas en un documento elaborado por IDEA.

Quizá uno de los momentos en los que se habló con más detalle de un tema fue el dedicado a discutir sobre el trabajo. O, mejor expresado, sobre las limitaciones del sector privado para poder generar más puestos. Solo 30% de la fuerza laboral tiene empleo formal privado en la Argentina. Hay 7,8 millones de trabajadores informales contra 6,4 millones formales en el sector privado”, dijo Eduardo Levy Yeyati, economista y profesor plenario de la Universidad Torcuato Di Tella (UTDT).

Martín Galdeano, CEO de Ford Argentina, lideró el equipo que planteó propuestas para este sector. Creo que en los costos extra salariales hay oportunidades de avanzar. El problema de las multas estuvo planteado en el Coloquio de 2022 y seguimos esperando el cambio de régimen, pese a que contó con consenso político. El Estado debe tener el rol de establecer y controlar esas multas para desincentivar la litigiosidad, para reducir la incertidumbre y para promover el empleo”, dijo. Luego, avanzó en la propuesta concreta: aumentar el período de prueba para un nuevo trabajador de tres a seis meses y bajar a cero las cargas previsionales en ese período.

A Galdeano se le sumó en la exposición Daniel Funes de Rioja, presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA) y Gerardo Martínez, de la Uocra, el sindicato de la construcción. Ambos fueron claros: el Estado no debería terciar demasiado en las políticas de discusiones paritarias. “Si se discute paritaria, se acuerda y después aparece el Gobierno y da un bono por decreto, pasamos a depender del mesianismo político”, dijo el referente del empresario. A su lado, Martínez, aprobó. Y coincidieron en que los acuerdos colectivos entre las empresas y los sindicatos son más valiosos que la intermediación estatal. “Yo apuesto al diálogo y a la concertación. De lo contrario no tenemos destino como país”, remató el dirigente sindical.

A su lado, Wanda Weigert, directora ejecutiva de Globant Argentina, miraba como desde un balcón. En su sector, dijo, no hay tanta conflictividad y el desafío pasa por la capacitación y la búsqueda de trabajadores calificados. “Estamos frente a una oportunidad en el mundo. Lo que necesitamos es trabajar en la oferta de empleo, sobre todo en la economía del conocimiento”, dijo.

Con el hilo conductor trazado, las conversaciones siguieron por el debate sobre el desafío de que tiene la Argentina con los planes sociales. Según los datos que se exhibieron en la pantalla, en la Argentina existen 1,3 millones de planes Potenciar Trabajo. “El plan Potenciar Trabajo se triplicó en tres años. En 2023, el gasto fiscal alcanzará el 0,5% del PBI. En sus diversas versiones, el plan “empalme” no superó los 10.000 puestos”, dijo Levy Yeyati.

A partir de ahí, se vieron tres propuestas concretas para “transicionar”, según la palabra que se usó, del plan social al mercado laboral. La primera es confeccionar un registro único y público de beneficiarios de programas sociales; la segunda, mejorar el programa de “puente al empleo”, y finalmente, volver a poner en marcha un agresivo sistema de incentivos al primer trabajo.

Allí, volvió a surgir la propuesta de Galdeano: elevar de tres a seis meses el período de prueba.

Hubo un capítulo para la discusión del gasto público. Finalmente, si se habla del peso del Estado, pues entender en qué gasta y por qué tiene tanta necesidad de recaudar es determinante en la discusión. El diagnóstico es conocido: se gasta más de lo que se recauda y el déficit se cubre con emisión monetaria o con deuda. Y, además, con inflación.

Una de las primeras soluciones que se plantearon es “reordenar el sistema previsional de manera equitativa y sostenible”.

“Proponemos eliminar el requisito de años mínimos de aportes (que hoy es de 30 años para acceder a la jubilación ordinaria) y unificar el acceso al régimen general y a pensiones no contributivas, terminando así con las distorsiones originadas por las moratorias. En segundo lugar, consideramos necesaria la revisión de los subregímenes diferenciales y especiales”, se escuchó en el auditorio. Finalmente, un dato más: “Es necesario modificar la fórmula del cálculo de haberes del régimen general. Ésta pasaría a conformarse por un componente fijo y universal (equivalente al 80% del haber mínimo) y un componente variable y contributivo (un coeficiente 1,3% multiplicado por año aportado y por el sueldo promedio histórico)”, se lee en el documento de IDEA.

Luego, hay dos temas sobre los cuales los informes elaborados para su discusión en IDEA apuntan propuestas. “Racionalizar y reducir los subsidios energéticos y, además, eficientizar el desempeño de las empresas públicas”, se lee por un lado. Y, finalmente, el capítulo referido a los impuestos. No hay demasiada sorpresa, ya que siempre se repiten los mismos términos: distorsivos, altos, informalidad... Sobre esos puntos se dio el debate.

Fueron tres días de debates, café y charlas variadas. O no tan variadas. En el medio, todo se tamizó con la política. El presidente de la Nación, Alberto Fernández, fue el encargado del cierre de la primer jornada. Su paso será recordado como uno de los momentos más intrascendentes en la vida de los 59 Coloquios. No hubo una sola frase que podrá ser recordada. “Leí un libro que dice que yo vivo borracho. Y yo me caracterizo por tomar pomelo, el mozo de acá me dio pomelo cuando llegué”, resumió.

Al otro día, el jueves, fue el tiempo de Patricia Bullrich, la candidata a presidente por Juntos por el cambio. A diferencia de Fernández, a quien jamás lo interrumpieron para aplaudirlo, la candidata sí se llevó varias ovaciones. “Vamos a presentar la nueva carta orgánica del Banco Central, que va a establecer la prohibición, el impedimento de los cepos. Tenemos claro que tenemos que sacar inmediatamente el cepo, tenemos que lograr que ningún funcionario de tercera o cuarta línea te cierre las exportaciones. Es “prohibido prohibir”, dijo ante un auditorio que esperaba alguna certeza.

A esa misma hora, Javier Milei era la estrella de la contracumbre, donde unos pocos empresarios lo escuchaban. Llegó, habló y se fue, casi son presentar un signo de sociabilización. Sergio Massa prefirió no ir, al igual que su viceministro, Gabriel Rubinstein, que el día antes de sumarse a un panel se excusó mediante un mensaje de texto. No es fácil hablar de economía para los funcionarios del Gobierno.

Así pasó IDEA, lleno de debates, cafés y charlas. Todos se despidieron, y queda esperar que se despejen las variables que quedan pendientes de definirse. Recién entonces, cuando las certezas electorales se establezcan, las propuestas encontrarán destinatarios. Quizá entonces tomen cuerpo los debates que se dieron en Mar del Plata.