MENDOZA.- Arrancó hoy un juicio en tierra cuyana con alto impacto nacional, ya que se definirá el futuro de uno de los jueces federales más poderosos de la provincia. Se trata del suspendido magistrado en lo penal y electoral Walter Bento (56 años), quien está acusado de liderar una banda que cobraba coimas a cambio de beneficiar a presos vinculados a causas de contrabando y narcotráfico.

El polémico juez, que estuvo a cargo del Juzgado Federal N°1 de Mendoza, llegó temprano a la primera audiencia en los tribunales federales de la provincia, acompañado por su esposa e hijos, también procesados, al igual que una treintena de acusados en la causa, conocida como “Bentogate”, entre policías, abogados, contrabandistas y narcos, por lo que hubo que acondicionar y ampliar la sala del primer piso para poder albergar a más de 100 personas. El debate oral y público está presidido por la magistrada de San Luis, Gretel Diamante, completando el tribunal las juezas Carolina Pereira, también puntana, y su par sanjuanina Eliana Rattá.

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Bento, quien además enfrenta un proceso de juicio político en el Consejo de la Magistratura, que ya el 31 de mayo lo apartó de su cargo y podría destituirlo a fines de año, se sentó hoy en la primera fila del banquillo para comenzar a dar cuentas ante la Justicia penal por una serie de graves acusaciones. Se lo acusa de asociación ilícita en calidad de jefe, enriquecimiento ilícito, cohecho pasivo en 15 casos y lavado de activos de origen ilícito. De ser hallado culpable, el magistrado podría recibir hasta 50 años de cárcel.

En la primera jornada, que transcurrió con normalidad, sin declaraciones del imputado y de su esposa Marta Isabel Boiza (58) y sus hijos, Nahuel (31) y Luciano (28), todos acusados también por lavado de activos, se realizó la lectura oficial del requerimiento de elevación a juicio, el cual comprende un cuerpo de casi 1000 páginas. En este sentido, se espera que recién a principios de septiembre comiencen a escucharse las voces de los imputados y de los casi 500 testigos que tendrá el esperado debate. En este sentido, principalmente, las confesiones de los arrepentidos serán clave para avanzar contra el magistrado, quien en varias oportunidades ha sostenido que es una “persona honesta” y que se trata de una causa “armada”.

Así durante la lectura de los hechos que se le imputan a Bento se relataron algunos pasajes acerca del mecanismo de corrupción y los nexos del magistrado, quienes se encargaban de negociar con los abogados de los presos y de cobrar las millonarias coimas. Así, hubo declaraciones de imputados y arrepentidos que permitieron avanzar con las acusaciones que lo ubican al magistrado en el centro de la escena. “Quieren plata para Bento”; “Bento decía cuánto dinero era y se arreglaba el pacto”, fueron algunas de las frases resonantes que se escucharon en la primera jornada.

Sin dudas, se trata de un caso que concita la atención nacional y de todo el arco político y judicial del país. De acuerdo con altas fuentes consultadas por LA NACION, que han sido parte de activa del proceso, hay fuertes expectativas en que el magistrado sea condenado en el fuero penal, resolución que llegaría recién entrado el año próximo o en 2025, por lo que primero se conocerá lo que determine el Consejo de la Magistratura. En caso de ser destituido por ese cuerpo, Bento perderá los fueros y quedará detenido ya que pesa sobre él una orden de prisión preventiva. De esta manera, continuará el juicio ya con el magistrado privado de su libertad.

“Afortunadamente el Consejo de la Magistratura lo suspendió, como debía ser, en base a su cuestionado desempeño y a todas las pruebas que pesan sobre él. Bento llegó al juicio como siempre lo hizo en tribunales: vestido de manera impecable, con saco y corbata, pero con una causa muy complicada sobre sus espaldas. Ahora, sólo resta esperar que funcione el sistema de Justicia; creo que va a funcionar”, expresó a LA NACION una importante fuente judicial que siguió de cerca todo el proceso, desde que se destapó el caso, en 2020.

Tras la investigación realizada por el fiscal general Dante Vega, bajo el liderazgo del juez federal Eduardo Puigdéngolas, Bento tiene fuertes cargos en su contra: se lo acusa, principalmente, en 15 casos de cohecho, como jefe de una asociación delictiva, sostenida por una red cercana de abogados, encargada de las negociaciones y los cobros de las coimas en dólares. Asimismo, está imputado por enriquecimiento ilícito y lavado de activos de origen ilícito, ya que su nivel de vida no condecía con sus ingresos. De hecho, todo el proceso fue avalado por la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac).

El resonante caso comenzó a revelarse en 2020 tras el crimen de Diego Aliaga, un despachante de aduanas que se convirtió en informante policial e intermediario que cobraba el dinero, supuestamente en nombre del magistrado, con el objetivo de favorecer a quienes estaban bajo causas en el juzgado a cargo de Bento. Las llamadas y mensajes que había intercambiado Aliaga con el juez, a quien tenía agendado como “primo”, fueron determinantes para avanzar en la causa. De hecho, en la dura acusación contra Bento por parte de la Fiscalía se dejó en claro que hubo 265 llamados entre ambos personajes a través de la plataforma Telegram, lo que permitió a empezar a desentrañar la red que había de fondo. “Algo que el juez aún no explica”, fue otro de los pasajes que se escuchó en la lectura de la elevación a juicio.

El debate se realiza semana de por medio, los miércoles, jueves y viernes de 9 a 16.30, y es trasmitido en vivo a través del canal de Youtube del Centro de Información Judicial (CIJ).