Quizás durante los próximos cuatro años María Alejandra L.Q. no tenga que mirar todo el tiempo hacia atrás por sobre su hombro, aterrada, ante la posibilidad de que aparezca el hombre que, según ella asegura, los quiere matar a ella y a su familia desde hace más de una década. Ese es el tiempo que Carlos Marcelo Di Stefano, su exesposo, tendrá prohibido salir de la Argentina, en caso de que el juez correccional de San Martín Claudio César Fraga homologue el acuerdo de juicio abreviado en el cual se propuso que él reciba una pena de dos años de prisión de cumplimiento efectivo por insolvencia familiar fraudulenta y otros delitos.

Todo estará sujeto, por supuesto, a la voluntad del acusado. Su detención, el domingo, en el aeropuerto de Ezeiza, fue el epílogo de un último capítulo infame. Acababa de llegar de Madrid, desde donde regresó sin avisar a la Justicia y a la policía de la capital ibérica, que le habían impuesto una restricción monitoreada por una pulsera electrónica: es que, a pesar de que tenía prohibido salir de la Argentina, por la causa que tenía pendiente, voló a España a fines de abril y, tras pasar tres días en un hostel, alquiló un auto en el que durmió durante semanas mientras, según se sospecha, controlaba todos los movimientos de su ex y de la familia a través de un celular que había pegado con cinta adhesiva debajo del chasis del coche de la mujer. Como reveló LA NACION, ella lo descubrió providencialmente, porque el teléfono se despegó y cayó en su garaje, y en ese momento él intentó irse rápidamente del país, pero lo atraparon en el aeropuerto de Barajas.

Él, al declarar en calidad de “investigado”, “negó haber colocado teléfono alguno en los bajos del vehículo de María Alejandra y negó haber amenazado a la misma, sosteniendo que la finalidad de María Alejandra siempre ha sido apartarle de sus hijos”, y que la finalidad de su viaje a España había sido, precisamente, retomar el contacto con ellos. La abogada que lo representó en la audiencia se opuso a que se dicten medidas restrictivas en su contra. Sostuvo que no existían “inidicios racionales de criminalidad ni riesgo alguno” para Alejandra y sus hijos. Di Stefano solo pidió que les preguntaran a sus hijos si deseaban verlo.

La jueza que tomó el caso dio por hecho que la situación que se cernía sobre Alejandra era de “riesgo extremo”, como la calificó la policía en su investigación. Por eso, le impuso una restricción de 1000 metros para acercarse a su hija, a su exesposa, a los hijos de ella y a su nueva pareja. Tampoco podía comunicarse con ellos bajo ningún concepto y por ningún tipo de medio. Es más: debía abandonar, directamente, el territorio de Pozuelo de Alarcón.

Le colocaron una pulsera electrónica para monitorear que no se acercaría. Pero a las 1.51 del domingo, Alejandra advirtió que la señal se había perdido y la policía lo comprobó. Claro: Di Stefano no le avisó a nadie, fue a Barajas y tomó el vuelo UX041 hacia Buenos Aires. Cuando pasó por Migraciones, efectivos de la Policía de Seguridad Aeroportuaria lo detuvieron. Curiosamente, llevaba puesta la pulsera electrónica; tenerla colocada y activada no le impidió pasar los escáneres de la aeroestación ibérica y tomar un vuelo.

Ayer, según confió a LA NACION el abogado Jorge Cancio, conocedor al detalle del caso porque llevó durante años el expediente, hasta que asumió en 2021 como subsecretario de Transporte bonaerense, se llevó adelante una audiencia de partes por la causa 1036/2019, por insolvencia familiar fraudulenta, por la cual el juez correccional de San Martín Claudio César Fraga había dictado la detención y captura de Di Stefano.

Llegaron al acuerdo de juicio abreviado en el que el acusado aceptaba una pena de dos años de prisión de cumplimiento efectivo y cuatro años de prohibición de salida del país. La última palabra, ahora, la tiene Fraga.

“Pensábamos que se iba a quedar allá. Y que iba a tratar de matarla a Alejandra. Él vendió tres autos por 13 millones de pesos, tenía fondos suficientes como para contratar a cualquiera para cumplir ese designio. Esto es algo que lleva años, y él nunca se ajustó a cumplir con las medidas que le dictaban. Cada vez que se agregaba una causa, pedíamos su detención porque era obvio que había riesgo procesal. Y no pasaba nada. Ahora también le va a quedar en España una causa por acoso; se tomaron medidas de seguridad y está la causa por desobediencia, más lo que se investiga para ver si hubo una tentativa de homicidio”, precisó Cancio.