Confirman la condena a prisión al exintendente de Río Turbio y a un expresidente de la UIA por desvío de fondos
La Cámara Federal de Casación Penal confirmó las condenas a cuatro años de prisión para el exintendente de Río Turbio Atanacio Pérez Osuna y el expresidente de la UIA Juan Carlos Lascurain, ...
La Cámara Federal de Casación Penal confirmó las condenas a cuatro años de prisión para el exintendente de Río Turbio Atanacio Pérez Osuna y el expresidente de la UIA Juan Carlos Lascurain, por el desvío en 2015 de unos 5 millones de dólares –cuyo valor fue actualizado en 50 millones de pesos– destinados a la construcción de una ruta de acceso al Yacimiento Carbonífero de Río Turbio que no se realizó.
La empresa que debía hacer la obra era presidida por Romina Mercado, sobrina de la expresidenta Cristina Kirchner y fiscal de la Provincia de Santa Cruz, gobernada por su madre, Alicia Kirchner, hasta el 10 de diciembre, cuando desembarcará en el Senado de la Nación.
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La condena había sido impuesta por los jueces del Tribunal Oral Federal N°7, Germán Andrés Castelli, Enrique Méndez Signori y Fernando Canero. Los jueces en ese momento ordenaron que todos los acusados fueran presos una vez que la condena quede firme y que se restituya el dinero más los intereses.
Los condenados, tras el fallo de la Cámara de Casación firmado ahora por Ángela Ledesma, Guillermo Yacobucci y Carlos Mahiques, pueden recurrir a la Corte Suprema de Justicia mediante un recurso extraordinario. Si es rechazado, les queda acudir a una queja. Si la Corte rechaza esa queja, el fallo quedará firme y los condenados deberán quedar detenidos.
La Casación rechazó los recursos de Pérez Osuna y de Lascurain, que fueron condenados junto con el excoordinador de Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT) Miguel Ángel Larregina, que ahora logró revocar el fallo en su contra; el diputado provincial Horacio Mazú, que ya falleció, y el exasesor Juan Vargas.
El Tribunal Oral Federal N°7 los condenó por el delito de peculado. Lascurain había estado preso cuatro meses en la causa de los cuadernos de las coimas y ahora está en libertad. “La conclusión condenatoria a la que arribaron los sentenciantes aparece sustentada en una adecuada valoración de los elementos probatorios”, dijo la Cámara de Casación.
Se encuentra “suficientemente fundada la comprobación de la materialidad de los hechos y la responsabilidad que en estos le cupo a cada uno de los encartados”.
En el caso se juzgó el cobro como anticipo de 50 millones de pesos para realizar 7 kilómetros de una calle que uniera Río Turbio con la localidad de 28 de Noviembre. La calle se llamaba Avenida de los Mineros. La empresa era Fainser, de Lascurain y presidida por Romina Mercado.
“Tengo por cierto y probado que Atanacio Pérez Osuna –en su calidad de interventor de Yacimientos Carboníferos de Río Turbio–, Miguel Ángel Larregina –coordinador general de Yacimientos Carboníferos de Río Turbio–, Juan Marcelo Vargas –asesor de la Intervención–, Horacio Matías Mazu –intendente de la Municipalidad de Río Turbio– y Juan Carlos Lascurain –presidente de la firma FAINSER S.A.– tomaron parte, respectivamente, en la substracción de fondos públicos de la empresa Yacimientos Carboníferos Río Turbio y de los Servicios Ferroportuarios de Punta Loyola y Río Gallegos, concretamente al desviar cincuenta millones de pesos ($50.000.000), sin justificación o causa jurídica alguna, a la empresa FAINSER S.A., a través del pago de tres cheques, dos de ellos librados el día 30 de noviembre y el restante el 9 de diciembre de 2015″, sostuvo la fiscal Fabiana León durante el juicio oral.
La causa tuvo origen en la denuncia presentada el 6 de julio de 2017 por Omar Faruk Zeidan, a cargo de la intervención de Yacimientos Carboníferos Río Turbio desde enero de 2016. Acusó a Atanacio Pérez Osuna, interventor de Yacimientos Carboníferos Río Turbio de los Servicios Ferroportuarios de Punta Loyola y Río Gallegos (YCRT), a Miguel Angel Larregina, coordinador general de esa empresa, Matías Mazu, intendente de Río Turbio, e integrantes de la firma FAINSER S.A. por el delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública. Al asumir su cargo, advirtió la existencia de pagos realizados en 2015 a la empresa FAINSER S.A., por montos millonarios y relacionados con una obra de varios kilómetros de ruta que no había sido iniciada. El fiscal que investigó el caso en Comodoro Py 2002 fue Carlos Stornelli.
