La iglesia porteña sumó otro duro revés para la continuidad de un proyecto privado en el que está involucrada. A los dos fallos judiciales que ordenaron frenar los trabajos en un predio de su propiedad donde se estaba construyendo una estación de servicio, pero que había sido donado para un colegio y otros usos eclesiásticos, se le sumó una medida del gobierno de la ciudad que le pone un freno temporal a la obra.

A través de la Dirección General de Registro de Obras y Catastro (Dgroc), la Ciudad resolvió “suspender los efectos del registro de plano y permiso de ejecución de obra civil” en relación con la medida cautelar que demandó al Gobierno de la ciudad y a la Corporación Puerto Madero (CPM) y que tuvo a un grupo de vecinos como principales impulsores. El fallo judicial había sido dictado por la Sala II del Fuero Contencioso, Administrativo y Tributario de la Ciudad que actuó en el amparo colectivo presentado por un grupo de propietarios del Consorcio Madero Plaza, cercano a la obra, que había ordenado la suspensión de los trabajos en el predio en cuestión.

Se trata de un terreno que había sido donado por la CPM en 1993 mediante un contrato con cargo, es decir, con la obligatoriedad de que se cumpla lo establecido en el acuerdo que incluía la construcción de una iglesia, la casa parroquial y un colegio. Las dos hectáreas están ubicadas entre las calles Rosario Vera Peñaloza, Aimé Painé, Julieta Lanteri y Encarnación Ezcurra, en la zona más cara de Buenos Aires. Allí, el Arzobispado había cedido, en forma inconsulta, una parte a una empresa privada para la explotación por 40 años con fines comerciales y actividades. La polémica jugada llegó hasta el Vaticano que intervino para exigir mayor claridad en los bienes administrados por la iglesia.

La disposición de Gobierno, firmada por el director de la Dgroc, Alejo Ciliberto, retira los permisos concedidos en su momento al proyecto que está realizando la empresa Lomfako SA “hasta tanto no se resuelvan las medidas judiciales en ejecución”, según explican desde el área. Es decir, la suspensión del permiso de obra estará vigente mientras se estudia la cuestión de fondo y su continuidad o no dependerá de la resolución de la Justicia.

Demandada en la justicia porteña, la CPM intimó hace dos meses al Arzobispado. “Se ha requerido al Arzobispado que se abstenga de ejecutar obras en el terreno donado que no se ajusten y/o que excedan el cargo que se ejecutó la liberalidad”, explicaban, en ese momento, en una intimación para que prosigan los proyectos vinculados al contrato original.

Más tarde, en un paso más allá, inició una demanda en el fuero Civil y Comercial de la Nación contra el Arzobispado de Buenos Aires que se resolvió con la orden del tribunal de “la suspensión inmediata, total y completa de todas las obras en ejecución”.

La Corporación, una sociedad integrada en partes iguales por los estados nacional y porteño, creada en 1989 para el desarrollo de Puerto Madero, pidió en la demanda la revocación de la donación del predio “por incumplimiento del cargo impuesto en razón de la ejecución de obras en transgresión a los destinos a los que se había sujetado la liberalidad; y el dictado de medidas cautelares de prohibición de innovar y suspensión de las obras cuestionadas”.

El recurso pedido por la CPM se interpuso el 15 de mayo y dos semanas después, el 29 de mayo, falló del Tribunal. “La Corporación ha ofrecido explorar alternativas que logren el objetivo buscado por ambas partes dentro del marco de las condiciones impuestas en la donación que efectuara al Arzobispado. En tal sentido, y dentro de las diversas acciones realizadas, convocó a la Mediación Prejudicial Obligatoria el 14 de junio; celebrada la primera audiencia, las partes acordaron llamar a un segundo encuentro para mediados de julio una vez que el Arzobispo recientemente designado se encuentre en funciones”, explicaron desde la Corporación.

Con dos fallos judiciales adversos, al menos hasta que se resuelva la cuestión de fondo, los trabajos no podrán continuar. La batalla legal es inminente. El Arzobispado elabora una defensa con un grupo de abogados que están haciendo las presentaciones necesarias, mientras en el Vaticano el nuevo Arzobispo de Buenos Aires, monseñor Jorge Ignacio García Cuerva, recibió el palio y la bendición tras ser nombrado por el Papa Francisco como sucesor de Mario Poli.

El predio, ubicado en el Dique 1 y cerca de la Reserva Ecológica de Costanera Sur, fue donado por la Corporación antes del desarrollo del nuevo barrio con cargo. En la escritura del 9 de agosto de 1993 entre CPM y el Arzobispado porteño se estableció “el cargo de construir una iglesia bajo la advocación de Nuestra Señora de la Esperanza, casa parroquial, viviendas para sacerdotes y el colegio parroquial”. La iglesia y la casa parroquial ya se construyeron, pero el colegio no.

“Se ha requerido al Arzobispado que se abstenga de ejecutar obras en el terreno donado que no se ajusten y/o que excedan el cargo que se ejecutó la liberalidad”, explicaban, en ese momento, en una intimación para que prosigan los proyectos vinculados al contrato original”, pidió la CPM hace dos meses, aunque la obra continuó.

“La CPM donó el predio al Arzobispado con el cargo de construir una iglesia, una casa parroquial, la vivienda para sacerdotes y un colegio parroquial. La donación se perfeccionó en noviembre de 2001, el colegio aún no se construyó y el plazo para el cumplimiento del cargo vence en noviembre de 2031″, dicen en la Corporación.

“La normativa vigente para ese terreno admite usos comerciales, pero el cargo impuesto en la donación no contempla usos comerciales”, le advirtieron al Arzobispado en abril, antes de recurrir a la Justicia, cómo última advertencia. “La donación con cargo es un contrato, un acto jurídico bilateral que vincula a donante y donatario. Y el control del cumplimiento o incumplimiento del cargo impuesto en la donación es una cuestión entra las partes”, finalizaba la entidad que solicitó la intervención del fuero federal.

A pesar de estas acciones los vecinos que presentaron un recurso de amparo cuestionaron a la CPM por lo que consideran una reacción fuera de tiempo. “Nos debe llamar a la reflexión la tardía y desprolija actitud de la Corporación Puerto Madero que solicitó la revocación de la donación casi dos años después de haber tomado conocimiento de las desprolijidades, pero sin denunciar la violación de los usos urbanos”, sostuvieron. Ahora será la justicia la que deberá resolver cómo sigue esta trama.