¿Gradualismo inviable para tratar de sostener la función de un Estado altamente intervencionista y supuestamente benefactor con cambios gatopardistas y sin financiamiento; o shock para estabilizar, dolarizar y reordenar la economía con alto costo social?

A primera vista, la continuidad de las políticas populistas o un cambio de fondo en el régimen económico parecen ser las opciones extremas de cara al balotaje que mañana definirá quién será el próximo presidente de la Nación a partir del 10 de diciembre. O entre “socialismo y capitalismo”, como simplificó esta semana en The Wall Street Journal la articulista Mary O’Grady.

Pero no son las únicas, a juzgar por las contradicciones y dudas a granel que sembraron ambos candidatos durante los últimos tramos de la campaña electoral, que fue tornándose más agresiva, confusa y sucia, con el telón de fondo de la altísima inflación mensual que –pese a la desaceleración de octubre–, sobrepasa a la que en un año registran los países de la región (excepto Venezuela) y sumerge en la pobreza al 42% de la población.

En este contexto, la incertidumbre sobre el resultado del balotaje desmiente la clásica mitología popular argentina: no hay evidencia de que lo malo conocido sea mejor que lo bueno por conocer. Una muestra fue en 2015 cuando Mauricio Macri se impuso a Daniel Scioli, quien sufrió en carne propia el claro voto castigo a la gestión de los dos mandatos de Cristina Kirchner. Otra, el triunfo de Néstor Kirchner en 2003 con sólo 22,2% de los votos, tras la decisión del dos veces presidente Carlos Menem de no presentarse al que hubiera sido el primer balotaje instituido por la reforma constitucional de 1994, debido al castigo que significó su magra cosecha de 24,4% en la primera vuelta.

Hay quienes suponen –con razón– que antes de este segundo balotaje la economía tocó fondo, a raíz de las enormes distorsiones de precios relativos; deterioro real de jubilaciones y salarios; reservas netas negativas; más de 20 tipos de cambio diferenciales y transitorios; brecha cambiaria de 150%; creciente endeudamiento estatal; escasez de insumos importados en diversos sectores y una torta productiva (PBI) similar a la de 2011 para repartir entre más habitantes.

No obstante, la experiencia indica que se puede estar peor con ajustes “por las malas” como los que precipitaron las últimas crisis; a menos que “por las buenas” surja un plan de estabilización que genere previsibilidad, confianza y reactivación económica. La gran incógnita es qué grado de apoyo político podría lograr en el Congreso con la configuración votada el 22 de octubre.

El candidato oficialista desplegó una campaña electoral tan hiperactiva como contradictoria y financiada con fondos públicos. No solo se mostró ajeno al gobierno que aún integra, sino que virtualmente dejó de lado que es ministro de Economía desde hace casi 16 meses, durante los cuales la inflación acumulada trepó más de 200%. Como si viviera en otro país, habló de igualdad de oportunidades y movilidad social ascendente sin admitir que, con los crónicos vaivenes políticos y económicos, la Argentina perdió hace décadas esas características que la diferenciaron del resto de la región. En todo caso, la única excepción de movilidad ascendente se verifica en los funcionarios con cargos políticos que hace años viven aferrados al Estado y en los numerosos protagonistas de casos de corrupción que se mantienen impunes, debido al exceso de procedimientos judiciales introducidos por la política para que las causas demoren años hasta que prescriban.

Para más datos, no se pronunció públicamente sobre el frustrado intento de juicio político a la Corte Suprema de Justicia, el espionaje paraestatal (Zanchetta), ni los últimos y resonantes casos de corrupción (Insaurralde, “Chocolate” Rigaud), mientras gestionaba el apoyo de presidentes o ex presidentes extranjeros afines ideológicamente al kirchnerismo. Así será difícil terminar con la grieta.

Si el objetivo del candidato fuera el país productivo y socialmente equitativo que describió su último spot, tampoco explica cómo ni con qué. De hecho, reeditó el plan “platita 3″ destinado a sectores masivos de votantes, con la proliferación de bonos de suma fija a jubilados (supeditados en enero y febrero a un triunfo electoral oficialista); subsidios de todo tipo (Previaje, 190.000 pases libres en transporte público bonaerense, viajes de egresados) y reintegro parcial de impuestos o exenciones (IVA, Ganancias), sin la contrapartida de recortes de gasto público para compensarlas. A esto se suman garantías y créditos de bancos oficiales a tasa negativa para inquilinos sub-30 o proyectos de inversión de pymes. Todo un compendio de clientelismo electoral destinado a acentuar la dependencia del Gobierno.

La campaña del candidato opositor tampoco estuvo exenta de contradicciones. Su último spot se ocupó de negar la privatización de la salud y la educación públicas a raíz de la confusión que generaron sus prematuros anuncios de cambios en el financiamiento estatal, como también la portación irrestricta de armas y la reforma del Incucai.

Aunque después de su acuerdo con parte del PRO afirmó que la dolarización y el cierre del Banco Central no son negociables, su mención a tres generaciones de reformas para un período de 30 años también es una fuente de confusión y dudas. Igual que su afirmación de que el ajuste (fiscal) lo pagará “la política”, en un impreciso sentido genérico. Meses atrás dijo que su primera prioridad es la reforma del Estado, con baja de gastos, impuestos, eliminación de regulaciones, jubilaciones de privilegio y reducción a ocho del número de ministerios, cuando en sus actos enarbolaba la “motosierra” que luego dejó de lado cuando se acercaban las elecciones. También que la obra pública se financiará con el modelo chileno de iniciativa privada, a través de contratos con tasas de retorno relacionadas con el capital invertido.

A diferencia del candidato oficialista, que anunció una medida cosmética como la integración de medio directorio del BCRA con economistas de la oposición, el candidato opositor ya anticipó quién será su titular (Emilio Ocampo) en caso de ganar; pero con la misión de cerrarlo cuando concrete su controvertida propuesta de “dolarizar sin dólares”. No obstante, admitió en un reportaje con el canal TN que Ecuador demoró nueve meses en adoptar al dólar como única moneda de curso legal y que el rescate total de la base monetaria para canjear pesos por dólares resultará más lento por la falta de billetes de menor denominación en los bancos. Mientras tanto, va a necesitar al BCRA, incluso si insiste en su no menos discutible iniciativa de crear un Fondo de Estabilización Monetaria a través de un fideicomiso bajo legislación extranjera que emitiría commercial papers para canjear las leliq, pases pasivos del BCRA, acciones de empresas argentinas en poder de la Anses y del Tesoro para avanzar en la dolarización. Como lo anticipó esta columna hace una semana, Marina Dal Poggetto estima que si busca conseguir US$30.000 millones, a un costo “optimista” de 8% anual en dólares, las necesidades de financiamiento para 2024 aumentarían en US$2400 millones anuales. Y a partir de 2025, el principal componente del cash flow serían los servicios de bonos del Tesoro (tras el canje de letras intransferibles del BCRA) que se elevarían a US$12.000 millones, más del doble de los actuales vencimientos de deuda con el mercado.