CARACAS.– Solo transcurrió una semana del hito de las primarias venezolanas cuando la gran triunfadora de esas elecciones, María Corina Machado, erigida en líder de la oposición, se enfrenta a su primera gran prueba. Tarek William Saab, fiscal chavista, citó para el lunes, en calidad de investigados, a los organizadores de los comicios, cerca de medio centenar de juristas y catedráticos responsables de la gesta democrática autogestionada.

A la cabeza está Jesús María Casal, presidente de la Comisión Nacional de Primarias (CNP) y decano de Derecho de la Universidad Católica Andrés Bello, convertido en un héroe popular.

Casal condujo con éxito un proceso casi imposible, con la ayuda de miles de voluntarios y testigos y sin el respaldo del Consejo Nacional Electoral (CNE), lo que obligó a usar todo tipo de instalaciones para albergar los 5000 centros electorales. El escrutinio final confirmó el favoritismo de la dirigente conservadora, que se define como “liberal democrática”, que conquistó el 92,35% de los votos, más de 2,3 millones de apoyos.

Entre los perseguidos por el régimen también están Mildred Camero, vicepresidenta de la CNP, y Roberto Abdul, directivo de la organización Súmate, que dio asistencia técnica al proceso. Junto a ellos comparecerán los responsables de las distintas juntas regionales. El Ministerio Público les achaca delitos de usurpación de funciones, usurpación de identidad, legitimación de capitales y asociación para delinquir.

La embestida chavista para intentar mitigar el fenómeno político nacido tras la gesta ciudadana del domingo pasado provocó de inmediato la solidaridad nacional e internacional. Miembros de la sociedad civil llamaron a acompañar a los investigados ante la Fiscalía. De momento no es pública cuál será la estrategia que adopte Machado, que recibió el jueves pasado de la CNP la credencial como ganadora de las primarias.

“Estamos ante una violación de los Acuerdos de Barbados”, insistió Machado. Muy parecido opina Gerardo Blyde, jefe de la delegación negociadora opositora, quien ha repetido que la judicialización de “un proceso interno protegido por el acuerdo puede implicar un grave problema para su cumplimiento, por lo que reclamaremos ante la comisión de verificación y seguimiento de manera contundente”.

Desde el chavismo se aseguró hasta la extenuación que Machado no será candidata por nada del mundo. Incluso Jorge Rodríguez, jefe de la comisión negociadora chavista, apareció en los canales públicos para asegurar que con “fascistas” no se dialoga.

Pero, como de costumbre, el régimen navega en sus propias contradicciones. “No fueron a votar más de 520.000 personas en ese evento”, señaló Saab con vehemencia, aunque no se puso de acuerdo con sus jefes políticos. Maduro aseguró que votaron entre 550.000 y 700.000; el número dos del chavismo, Diosdado Cabello, apostó por 600.000; Rodríguez ajustó en 598.350, y Bernabé Gutiérrez, uno de los líderes colaboracionistas, se decantó por 800.000.

Para enredar aún más el asunto, la propaganda bolivariana insiste en que es imposible que 2,4 millones de personas hayan votado en solo 5000 centros electorales. Pero en las elecciones internas del chavismo de 2021, según los resultados oficiales, 3,5 millones de personas votaron en la misma cantidad de centros electorales.

“Condeno el acoso del régimen. Venezuela debe votar en 2024 sin inhabilitaciones ni persecuciones y con estricto cumplimiento de lo acordado en Barbados”, dijo Luis Almagro, secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA).

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) rechazó la investigación penal contra los organizadores para insistir que el “Estado debe propiciar garantías para la participación política”. La ONU también llamó a que Maduro respete los derechos políticos.

En los acuerdos de Barbados, firmados la semana pasada entre gobierno y oposición con el auspicio de Estados Unidos, se establece el derecho de cada actor político de seleccionar candidato para las elecciones presidenciales “de manera libre y conforme a sus mecanismos internos”. Una de las exigencias de Washington a Nicolás Maduro fue que se permitiera la organización de las primeras.

La CNP, incluso, pidió asistencia técnica al CNE, pero este solo respondió meses después y cuando el proceso ya estaba casi acabado. Ninguna de las diez organizaciones políticas que participaron en las primarias presentaron quejas por irregularidades o anomalías.

Las maniobras bolivarianas para intentar reducir el impacto del triunfo de Machado no solo se han centrado en las amenazas judiciales contra los juristas. El chavismo también convocó un referéndum para el 3 de diciembre para definir sobre el Esequibo, territorio en disputa con Guyana, algo en lo que todo el país está de acuerdo.

Maduro también organizó una falsa Conferencia de Paz para rodearse de colaboracionistas y empresarios amigos, para acusar a la oposición de montar una estrategia de violencia. Su gobierno también puso en marcha por vía exprés una Gran Misión Venezuela Mujer, para simular un perfil feminista en sus políticas sociales, al tener en frente una candidata unitaria mujer.