Un comisario de la Policía de la Ciudad, un empresario, dueño de un desarrollo inmobiliario en General Rodríguez y su empleado quedaron al borde del juicio oral por el descuartizamiento y homicidio del trader Fernando Pérez Algaba, ocurrido el 18 de julio pasado. Hace dos meses, cuando pidió los procesamientos de los acusados, el fiscal Marcelo Domíguez, consideró que habían sido responsables de un asesinato por codicia.

La Cámara de Apelaciones y Garantías de Lomas de Zamora confirmó los procesamientos con prisión preventiva para Maximiliano Pilepich, Nahuel Sebastián Vargas y el comisario Horacio Mariano Córdoba. En tanto que los integrantes de la Sala I de dicho tribunal revocaron los procesamientos de Matías Ezequiel Gil, Luis Alberto Contreras, alias Chicho, y Fernando Gastón Martín Carrizo y dispusieron que sean excarcelados.

La resolución dictada por los jueces Miguel María Alberdi, Miguel Carlos Navascues y Guillermo Rolón, confirmó los procesamientos que había dictado el juez de Garantías, Sebastián Monelos y dejó al borde del juicio oral a Pilepich, Vargas y al comisario Córdoba.

Según los fundamentos de la resolución dictada por los mencionados camaristas, los acusados Gil y Carrizo “no pueden considerarse coautores del homicidio debido a que no efectuaron los disparos que mataron a la víctima y si eventualmente, ayudaron y/o colaboraron a deshacerse del cuerpo, no está acreditado que esa conducta haya obedecido a una promesa anterior, sino más bien a ayudar a los autores a eludir las investigaciones y sustraerse de la acción de la justicia”.

La llegada de Fernando Pérez Algaba al barrio Renacer, de General Rodríguez, en un Range Rover

A partir de la reconstrucción del crimen realizada por los investigadores judiciales y policiales, se determinó que Pérez Algaba fue citado, mediante engaños, por los acusados Pilepich y Vergas al country Renacer, en General Rodríguez, con excusa de pagarle una deuda. Allí habría sido asesinado a balazos. Después, los sospechosos ordenaron derribar la casa en la que ocurrió el crimen para borrar las pruebas que pudieran incriminarlos y llevaron el cuerpo a la casa del acusado Contrera para que lo descuartizara y lo hiciera desaparecer.

Los procesamientos que habían sido dictados hace dos meses por el juez Monelos habían sido solicitados por el fiscal Domínguez, que se hizo cargo de la investigación a partir del hallazgo de distintas partes del cuerpo de la víctima dispersas en la estación de bombeo de Villa Fiorito, en el arroyo El Rey, al costado de la calle de La Ribera y en un terreno, de Ingeniero Budge.

“La eventual ayuda o colaboración que pudieron haber prestado Carrizo y Gil después de consumado el homicidio, aportando movilidad o logística o una actividad tendiente a lograr deshacerse del cuerpo puede, en todo caso, constituir otro delito. El acusado Contrera estaría en la misma situación”, consignaron los integrantes de la Sala I de la Cámara de Apelaciones y Garantías lomense.

Contrera, alias Chicho, un mecánico que se dedicaba a cortar automóviles robados, dejó su DNI en la valija roja en la que fue hallado el torso de Pérez Algaba, en el arroyo El Rey, en Ingeniero Budge.

A los investigadores del homicidio, dirigidos por el fiscal Domínguez, les llevó no más de tres semanas relacionar a Chicho con Pilepich: sus nombres figuraban como imputados en un expediente judicial por comercialización de autopartes robadas que se instruyó en el Departamento Judicial de Mercedes y que se inició por un operativo realizado por los efectivos de la comisaría de Moreno, en 2004.

Pilepich había recurrido a Chicho porque necesitaba hacer desaparecer el cuerpo de Pérez Algaba. Y le había pagado $100.000, en concepto de adelanto y otros $400.000 a las 24 horas. Pero el cuerpo apareció descuartizado en tres lugares distintos, situados en la zona del camino de La Ribera, en Ingeniero Budge y la víctima fue identificada. No obstante, los camaristas consideraron que Contrera no tuvo participación en el homicidio.

A partir del seguimiento de esta pista, los vínculos y las fotos de Pérez Algaba con Pilepich y Vargas no tardaron en aparecer. Al declarar como acusados, Vargas y Pilepich se responsabilizaron mutuamente de haber disparado contra el asesor financiero.

Para el Ministerio Público, hubo una división de tareas en las que Vargas y Pilepich habrían sido los supuestos coautores del homicidio y los otros imputados habrían participado en las diferentes etapas del proceso criminal, al que el fiscal calificó como un homicidio agravado por ser cometido mediante el uso de arma, con alevosía, por codicia y por el concurso premeditado de varias personas.

Caso Pérez Algaba: Reconstrucción del crimen del empresario

“Fernando estaba cambiando unas lamparitas y Vargas le pegó dos o tres tiros, no sé dónde se los pegó. Dijo que se le había nublado la vista y le disparó. Después, Vargas se arrodilló en el pasto y se agarró la cabeza, ya que no entendía lo que había pasado”, relató Pilepich.

Una de las claves para esclarecer el homicidio fue el seguimiento del recorrido de los celulares de las últimas personas que vieron con vida a Pérez Algaba, los investigadores del homicidio descubrieron que la señal de ambos teléfonos se perdió en la zona de alcance de una antena instalada a un costado del Acceso Oeste, a la altura de Villa Tesei, partido de Hurlingham.

Lo llamativo del caso fue que, junto a los celulares de Maximiliano Pilepich y Nahuel Vargas, también se activó en la misma zona el teléfono de Pérez Algaba, pese a que estos aseguraron en sus declaraciones que habían dejado a Pérez Algaba en General Rodríguez, varias horas antes.

En ninguna de las declaraciones que hicieron como testigos, ambos integrantes del entorno de la víctima, mencionaron haberse quedado con el celular de Pérez Algaba. Los dos exsocios de la víctima aseguraron que lo dejaron en el emprendimiento inmobiliario de General Rodríguez y que antes le pagaron US$ 60.000, que era la última cuota de la deuda de US$ 150.0000 que mantenían con la víctima.

Los celulares de Pilepich y Vargas impactaron en la misma antena, a la misma hora y en la misma zona que el teléfono de Pérez Algaba cuando, según declararon, la víctima se había quedado en General Rodríguez, donde lo pasarían a buscar.

Según pudo saber LA NACION de fuentes oficiales, la “última actividad real del teléfono celular de Pérez Algaba se realiza a las 2.58 del 19 de julio pasado; en ese momento se activa una celda situada en la zona de Hurlingham. Luego de eso, hay un ´silencio´ que se interrumpe cuando recibe una llamada, a las 10.12, que no se concreta”. Ese momento es el inicio de una secuencia de llamadas que no se concretan.

Pilepich afirmó que le mandó un mensaje a Pérez Algaba el 19 de julio, a las 4. En el Ministerio Público de Lomas de Zamora, comprobaron que los celulares de Pilepich, Vargas y Pérez Algaba, estaban juntos.

“En lugar y momento aún no determinados, pero entre las 18 del 18 y las 3 de las 19 de julio pasado, varias personas, entre ellas, al menos las identificadas como Maximiliano Pilepich, Nahuel Vargas y Horacio Córdoba, habiendo actuado de manera premeditada entre sí, y con una previa división de tareas y mediante utilización de armas de fuego, provocaron dos lesiones en la parte posterior del torso de Pérez Algaba que ocasionaron su muerte, habiendo actuado en consecuencia con la correspondiente alevosía, valiéndose en tal sentido del estado de indefensión en el que se encontraba la víctima al habérsele disparado por la espalda y por codicia, al reportarles el citado homicidio un rédito económico ilegítimo, ya que algunos de los antes nombrados se vieron exentos del pago de una deuda con la víctima”, sostuvo el fiscal Domínguez al solicitarle al juez Monelos los procesamientos de los acusados.

Novedades en la causa por el crimen de Pérez Algaba

Según fuentes de la investigación, Córdoba le habría entregado a Pilepich un teléfono celular que pertenecía a la flota de móviles de la Policía de la Ciudad. Los investigadores judiciales y policiales determinaron que una de las líneas de telefonía celular que utilizaba Pilepich, tenía como domicilio de titularidad el edificio donde funciona el Ministerio Justicia y Seguridad porteño, en Regimiento de Patricios 1142, en Barracas.

“El abonado en cuestión está afectado a la compra mediante licitación identificada como ´PLIEG-2020-16571320-GCABA-DGAYCON´, tratándose dicha licitación de la compra de una determinada partida de teléfonos para ser utilizados por la Policía de la Ciudad. Del análisis de dicho teléfono se desprende que el mismo estaba inactivo, es decir, que no se utilizaba, que no presentaba comunicaciones ni movimientos de antena hasta el 18 de julio y culminan sus movimientos el 25 de julio”, afirmó el fiscal Domínguez en el dictamen con el que pidió la detención del comisario Córdoba.

Pilepich tenía una relación de negocios con Pérez Algaba, según el expediente judicial. “Se analizaron los teléfonos celulares de Pilepich y de los mismos surge que el nombrado poseía con la víctima una relación de negocios de mucho tiempo a esta parte y emerge de las conversaciones y mensajes que se enviaban la existencia de una relación de amores y odio, en las que se advierte y se puede afirmar la existencia de discusiones y peleas y amenazas que se efectuaron ambos”, explicó el fiscal Domínguez.