CÓRDOBA. Hace tres meses, el crimen de Joaquín Sperani, de 13 años, a manos de su mejor amigo, de 14, en Laboulaye, sacudió al país. Ya se determinó que el menor, que sigue alojado en el Centro de Admisión y Diagnóstico (CAD) del Complejo Esperanza, de esta capital, actuó solo para cometer el asesinato. Y el abogado que lo representa legalmente solicitó el cese de la privación de la libertad y la consecuente restitución del chico a su seno familiar, ya que, por su edad, es inimputable. La Justicia de Menores espera los informes psiquiátricos y psicológicos del adolescente y de sus padres –que ya no viven en aquella localidad del sur provincial– para definir si regresa a su casa o queda institucionalizado bajo tratamiento.

Mientras, la causa tiene sus efectos colaterales. Enrique Carreras, el jefe de la Departamental, muy cuestionado por la familia de la víctima por el procedimiento de búsqueda de Joaquín, está en uso de licencia anual.

Y hubo otra novedad administrativa: la separación del cargo de los directores de la escuela adonde iban los adolescentes, quienes fueron cuestionados por la madre de Sperani, Mariela Flores, quien sostuvo que su hijo sufría bullying y que no habrían actuado en consecuencia. No hay denuncias judiciales contra la dirección.

Según la reconstrucción que hizo la Justicia, el 29 de junio pasado “L” salió del Instituto Provincial de Educación Media (IPEM) N°278 “Malvinas Argentinas” a las 9.21 y se dirigió a una casa abandonada, donde 72 horas después, el domingo 2 de julio, fue encontrado el cuerpo de Joaquín.

A esa hora llevó un pedazo de hierro con punta que usó para golpear a su amigo, además de unos pedazos de hormigón. Regresó al IPEM a las 9.56.

Joaquín había ido a clase de educación física esa mañana y se retiró a las 10 a pesar de que tenía otra que cursar otra materia. Su madre había avisado a la escuela que su hijo, después de gimnasia, se iba a retirar. Regresó a la hora de la siesta y dejó la bicicleta en el patio del establecimiento educativo, pero no entró en la clase.

A las 14.50, los dos amigos salieron de la escuela; fueron filmados por una cámara de seguridad instalada en una casa vecina. Según se ve en esas imágenes, Joaquín llevaba su mochila y “L” no tenía nada. En la casa abandonada, el confeso asesino le asestó 18 golpes; la víctima murió en el acto por traumatismo de cráneo y pérdida de masa encefálica.

Los padres de Joaquín denunciaron su desaparición el jueves 29 de junio a la noche. El domingo 2 de julio, el cuerpo del adolescente fue hallado por sus primos en la casa abandonada, situada a 100 metros de la escuela.

La Justicia dio por terminada la investigación después de analizar todas las cámaras de la localidad y confirmar que “L” actuó solo. El motivo del crimen sigue siendo un misterio, ya que las veces que el menor habló no dio precisiones. De todas formas, a los fines de la causa, no es un tema clave, aunque sí lo sigue siendo para la familia de Sperani.

El jefe policial Carreras fue muy cuestionado por Flores, que entiende que la búsqueda de su hijo no se realizó como debiera haber sido. Desde la Jefatura Policial explicaron a LA NACION que no fue apartado del cargo, sino que está en uso de su licencia anual.

“Cuando hice la primera marcha, la policía y el fiscal se enojaron, pero recién ahí empezaron a actuar. La gente los obligó a investigar como se debe”, afirmó Flores el día después de que se encontrara el cuerpo de su hijo.

“Apareció en una cámara y me pregunto por qué no buscaron ahí, en otras cámaras de la zona, para ver si siguió caminando o si quedó ahí. ¿Por qué no buscaron ahí? ¿Por qué tanta burocracia? Nos mandaban al norte a buscar, nosotros empapelamos con mi familia todo el barrio 8 de Octubre entero y mi hijo estaba al lado de la escuela. Está todo mal hecho. Me preguntó ¿cuál es la verdad?”, dijo.

Para su propio resguardo, “L” sigue en el Complejo Esperanza, adonde llegó el día después de que se encontrara el cuerpo de su amigo y él confesara el asesinato. Fue sometido a peritajes psicológicos y psiquiátricos. Y, con los informes terminados, la Justicia decidirá su destino.

El abogado Palacios, que representa legalmente los intereses del autor del crimen, solicitó al juez de Control, Niñez, Adolescencia, Penal Juvenil, Violencia Familiar y de Género y Faltas de Laboulaye, Sebastián Ignacio Moro, que se expida sobre el pedido de “restitución a sus padres” que hizo, sobre la base de un reciente fallo del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Córdoba.

Según especificó a la agencia de noticias Télam, esa resolución del máximo tribunal policial, emitida el 25 de septiembre pasado, insta a los jueces penales juveniles a que “busquen otras alternativas distintas a la internación” en el Complejo Esperanza para el tratamiento de los casos de los menores que cometen delitos y que por su edad no son punibles” y que, en consecuencia, “no pueden estar privados de su libertad”.

“El chico está mal, quiere volver con sus padres”, resaltó Palacios, que solicitó al juez Moro que acelere el proceso para obtener el informe final de los peritajes.

Aunque la alternativa de volver a su casa está, fuentes judiciales señalaron a LA NACION que el chico podría ser alojado en una institución psiquiátrica para seguir su tratamiento.

En tanto, el Ministerio de Educación de Córdoba confirmó que “se apartó al equipo directivo”del IPEM Nº278 con el objeto de “profundizar la investigación administrativa que lleva adelante el ministerio, y para garantizar el clima institucional”.

Fuentes de esa dependencia informaron a Télam que fue puesto en funciones un “director organizador”.

La investigación administrativa se había iniciado a partir de declaraciones públicas de la mamá de Joaquín, quien había reprochado a las autoridades de la escuela porque “no avisaron” que su hijo no había concurrido el día del crimen, pese a que ella se había comunicado para avisar que el chico que iba a llegar con demoras porque había salido unos minutos tarde de la casa.