QUITO.– La calma que reina en las calles de Quito no se condice con el estado de crisis política que atraviesa Ecuador. Y mientras algunos sectores todavía reclaman que sea declarada inconstitucional la “muerte cruzada” decretada por el presidente Guillermo Lasso para evitar un juicio político por malversación de fondos, la carrera electoral ya toma forma.

Lasso recurrió a un artículo constitucional que le permitió disolver el Congreso y convocar a elecciones legislativas y presidenciales anticipadas. El Consejo Nacional Electoral (CNE) estimó que estas tendrán lugar el 20 de agosto. En caso de ser necesaria una segunda vuelta, se llevaría a cabo 45 días después, a mitad de octubre.

Las 18 organizaciones nacionales que pueden presentar candidatos a la presidencia sólo cuentan con una docena de días, hasta el 31 de mayo, para hacer oficial el nombre de sus abanderados. Previamente, el 24 de este mes, el CNE arrancará el calendario electoral, convirtiéndolo en un momento clave: ni siquiera una decisión de la Corte Constitucional contra la activación de la “muerte cruzada” y la disolución del Parlamento provocaría la marcha atrás para estas elecciones.

“Es un desafío enorme, en cuanto todo se contrae en los tiempos previstos por la Constitución y por la ley”, destacó Diana Anamaint, presidenta del CNE, que aboga por la convocatoria de primarias y por reducir la campaña electoral de 45 a 8 ó 15 días. Las nuevas autoridades (presidente, vicepresidente y 137 asambleístas) asumirían en noviembre.

En paralelo, la Corte Constitucional analiza las demandas presentadas por las antiguas bancadas opositoras en contra del decreto de la “muerte cruzada”, ya que consideran que Ecuador no sufre ni crisis política ni conmoción interna, tal y como adujo el presidente.

La urgencia del momento no concuerda con los plazos habituales del tribunal, pese a las presiones que llegan desde todos lados, incluida la Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie). “Que se pronuncie de manera inmediata sobre la muerte cruzada y no permita una dictadura disfrazada de instrumento institucional”, reclamó el movimiento indígena en un comunicado.

Los jueces elegidos para los distintos recursos se mostraron previamente a favor y en contra del juicio político contra Lasso, por lo que no sólo la fecha de su resolución, también su contenido, es toda una incógnita.

La incertidumbre que reina en los planos electoral y político poco tiene que ver con el estado de las calles: la calma más absoluta reina tras la decisión de Lasso. Ni protestas ni disturbios en una sociedad que vive de espaldas a los políticos, pero que en 2019 abrió el ciclo de protestas en la región con la toma indígena de Quito, que precedió a las de Chile y Colombia.

El juicio político contra el presidente parece haber quedado en la historia, mientras crece el avispero electoral y los escarceos para las nominaciones. En su primera entrevista para la CNN, Lasso justificó la puesta en marcha de la “muerte cruzada” para frenar el “macabro plan de tomarse el control de las instituciones del Estado para producir impunidad y dar viabilidad al retorno de un presidente que ha sido sentenciado por corrupción”.

El mandatario conservador, que gobernará los próximos meses a través de decretos de emergencia económica, señaló de esta forma a su gran enemigo: Rafael Correa, líder de Revolución Ciudadana y principal beneficiado hasta el momento de la actual crisis política.

“Mi gobierno no ha sido perfecto, los ciudadanos tienen razón. Tenemos que hacer en cinco meses lo planeado para dos años”, concluyó Lasso, cuyos ministros presentarán el viernes, o a más tardar el lunes, el segundo decreto de emergencia económica. En este caso se trata del proyecto para las zonas francas, rechazado por la Asamblea Nacional desde que fue presentado hace año y medio.

El gobierno busca incentivar la inversión extranjera para que las empresas locales propongan iniciativas industriales, manufactureras, logísticas y en servicios. El proyecto también prevé, como ya se hace en Costa Rica, que edificios dentro de las ciudades también se beneficien de ser zona franca, sobre todo a la hora de crear call-centers.

Henry Cucalón, mano derecha de Lasso y ministro de Gobierno, confirmó que el primer decreto económico, la reforma tributaria, fue enviado a la Corte Constitucional para que dé su visto bueno lo más pronto posible. Tras la primera reunión de Lasso con su grupo parlamentario, Juan Fernando Flores, que fuera su coordinador, anunció que en los planes del gobierno está presentar otros 15 decretos económicos más.

Lo más llamativo de la decisión final de Lasso es que el bloque opositor no alcanzaba los 92 escaños necesarios para destituirlo tras la declaración en contra de 11 diputados indígenas de Pachakutik. Aliados del exbanquero interpretan que finalmente haya optado por la “muerte cruzada” al bloqueo existente no sólo en el Parlamento, también en otros poderes del Estado y con la elección pendiente de dos magistrados del CNE. Fuentes oficiales aseguran que Revolución Ciudadana también pretendía revisar los procesos judiciales por corrupción contra sus dirigentes.