Cristina Kirchner recibió hoy un revés judicial en el caso de los cuadernos de las coimas. La Cámara de Casación dejó firme la decisión del tribunal oral de rechazar la nulidad de la decisión de elevar a juicio la causa en la que se investiga a una red de funcionarios que cobraron sobornos y a empresarios que lo pagaron para mantener sus contratos con el Estado.

El fallo fue firmado por los jueces Gustavo Hornos, Javier Carbajo y Alejandro Slokar de la Sala III de la Cámara de Casación penal. Por unanimidad rechazaron la queja de la vicepresidenta al entender que el recurso no es de los que se consideran sentencias definitivas.

La causa por los cuadernos de las coimas, producto de una investigación de LA NACION, ya está elevada a juicio oral. El tribunal oral les permitió a todos los imputados, a los querellantes y a la fiscalía que hagan el ofrecimiento de la prueba que usarán en el proceso. Esto es, definir a testigos que quieran convocar, qué documentación quieren incorporar, o si entienden que hay que hacer medidas previas al comienzo de la audiencia, como nuevos peritajes. Ahora los jueces están analizando qué pruebas admiten y cuáles no.

La principal acusada en esta causa es Cristina Kirchner, señalada como presunta jefa de una asociación ilícita. Las acusaciones surgieron de Oscar Centeno, un chofer del Ministerio de Planificación que anotó en cuadernos los viajes que hacía con funcionarios de la cartera para retirar sobornos pagados por empresarios. Algunos de estos viajes terminaban en el departamento que ocupaba Cristina Kirchner en Recoleta, donde atendía Daniel Muñoz, el fallecido secretario privado de Néstor Kirchner.

El Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 7 había decidido no hacer lugar a la nulidad de los requerimientos de elevación a juicio del caso de los cuadernos y todos los los elementos posteriores del expediente. Cristina Kirchner, con la defensa de Alberto Beraldi y Ary Rubén Llernovoy, recurrió con un recurso de casación, cuyo rechazo motivó la presentación de la queja.

Ahora, los jueces decidieron que el fallo contra el cual planteó la queja “no reviste la calidad de sentencia definitiva ni se equipara a ella” pues “no pone fin a la acción ni a la pena, no hace imposible que continúen las actuaciones, ni deniega la extinción, conmutación o suspensión de la pena”.

Recordaron que la Corte ya dijo que las decisiones que admiten o deniegan nulidades ”no constituyen sentencia definitiva pues en esta materia prima un criterio de interpretación restrictiva”. Asimismo, dijeron que la defensa no demostró la existencia de una cuestión federal ni las razones por las cuales debe intervenir la Casación.

“Corresponde no hacer lugar a la queja interpuesta por la defensa particular de Cristina Fernández de Kirchner, con costas”, dijeron Carbajo y Hornos. El juez Alejandro Slokar acompañó y escribió que “los letrados impugnantes se limitaron a manifestar su disconformidad con los argumentos denegatorios expuestos”, sin lograr refutarlos adecuadamente y por falta de fundamentación rechazó el recurso.

En la causa ya hay 159 imputados y están todos en libertad. Los testigos ofrecidos en el juicio son 899, lo que convierte a este expediente en “la investigación de hechos de corrupción más extensa que se ha realizado en la historia judicial argentina, comparable a unas pocas a nivel mundial”, según dijo la fiscal de juicio Fabiana León.

De las 159 personas imputadas había ocho detenidas al momento en que el caso fue elevado a juicio oral. Seis de esas personas recuperaron la libertad por disposición de la Cámara de Casación con la llegada del nuevo Código Procesal Penal y a pesar de que la fiscalía y el tribunal oral se opusieron. Las otras dos personas recuperaron la libertad al vencerse los plazos de prisión preventiva. Entre los liberados están Ricardo Jaime y Roberto Baratta, entre otros.

Se han decretados embargos, inhibiciones generales de bienes e intervenciones de sociedades, secuestros de elementos, prohibiciones de repartir dividendos o subrogados de ganancias. Y si bien algunas medidas se han cambiado por otras “ni un solo centavo alcanzado por estas afectaciones en beneficio del Estado se ha perdido o se ha desatendido”, dijo la fiscalía.

Esta causa, en rigor, no es un solo expediente sino que son 10 expedientes que se encuentran conectados y por eso tramitan como un conjunto. Esos expeidnte involucran 26 calificaciones jurídicas, y abarcan en total 540 hechos de corrupción, que en su mayoría son pagos y recepciones de sobornos.

La fiscalía realizó en estas causas 376 presentaciones y pidió, además de la declaración de 899 testigos, que se realicen 13 peritajes y 139 medidas de instrucción suplementaria. Estas últimas son otras medidas de prueba adicionales a las efectuadas en la instrucción de la causa.

Ademá se instó a incorporar al juicio por lectura, es decir sin mas trámite, unas 512 piezas procesales y sé instó la ejecución de 102 pruebas informativas.

El tribunal oral federal N° 7 es el encargado de determinar que pruebas se admiten en el juicio o cuales no. Está integrado por los jueces Enrique Méndez Signori, Germán Castelli y Fernando Canero.

Los acusados vienen interponiendo diversos recursos de nulidad para frustrar la realización del juicio o excluir sus declaraciones como “arrepentidos” en la cuales admitieron haber efectuado pagos a los empresarios. La fiscalía se opuso en todos los casos y lo propio resolvió el tribunal oral federal.