El alto nivel de informalidad y la incidencia de las trayectorias laborales interrumpidas por diferentes motivos –dos aspectos del mercado de trabajo que tienen como telón de fondo la realidad de la pobreza que afecta a millones de habitantes de la Argentina– provocaron que, mes a mes y desde hace ya bastante tiempo, en el sistema previsional de la Anses sean más quienes acceden a una prestación recurriendo a mecanismos de excepción, que quienes lo hacen habiendo cumplido con el requisito que exige la ley, de contar con al menos 30 años de aportes.

Los mecanismos de excepción son en este caso las moratorias y el nuevo “plan de pago de deuda previsional”, aprobado por ley durante el último verano pasado y por el cual, según un dato difundido por la Anses, este mes 40.600 personas empiezan a cobrar prestaciones previsionales.

En parte en mayo y en parte en el actual mes de junio hubo una actualizaron de los valores de referencia de este nuevo esquema, que implica la aplicación de amplios subsidios del Estado, al igual que las moratorias ya vencidas y de la que todavía sigue en pie, que es la que permite declarar deudas por aportes no pagos correspondientes solo a períodos previos a octubre de 1994.

En el caso del plan definido por la ley 27.705 (el nuevo plan de pago de deuda previsional), los períodos por los que es posible adquirir aportes van desde los 18 años de edad de cada persona interesada hasta diciembre de 2008. Para las mujeres rige el beneficio por el que se cuentan entre uno y tres años de aportes por cada hijo.

En mayo se modificaron los montos topes de ingresos, de gastos y de patrimonio que alguien puede tener para ser admitido en los planes de pago de la deuda que se contabiliza por la compra de aportes (son planes que contemplan hasta 120 cuotas). Es decir, se reajustaron los requisitos para poder jubilarse de inmediato y saldar la deuda mediante descuentos en los haberes (sin concretar ningún pago efectivo). Si se superan los límites permitidos, la normativa igualmente habilita la compra de aportes a un valor subsidiado, pero, en ese caso, la persona debe pagarlos en una única vez, para luego gestionar la prestación.

Así, el plan de compra de aportes es amplio a la hora de habilitar el acceso y no está limitado a personas vulnerables o con recursos escasos, a contramano de lo que pedían los funcionarios del FMI para contener el efecto fiscal negativo que se genera.

El mecanismo establecido consiste en la compra de la cantidad de períodos de aportes que hagan falta para completar los 30 años exigidos por ley, algo que puede hacerse se haya trabajado o no en los meses implicados. Cada período tiene un precio y la adquisición genera que se contabilice una deuda con el sistema previsional.

Según los límites establecidos para entrar en los planes con descuento de montos de los haberes (es decir, sin hacer un pago efectivo para saldar lo declarado como adeudado), el ingreso promedio de los 12 meses previos no debe superar los $506.230, que es la remuneración piso para que alguien quede alcanzado por el impuesto a las ganancias y, a la vez, es el salario tope para el cobro de la asignación por hijo si se tiene un empleo formal. Ese monto se modificó en mayo (hasta abril era de $404.062).

El valor máximo del patrimonio del solicitante, según la declaración eventualmente hecha para Bienes Personales, es de $14.579.424, en tanto que se puede tener un automóvil valuado en hasta $6.074.760. No está admitida, dentro de los límites para acceder a las cuotas, la tenencia de aviones, pero sí la de embarcaciones de hasta 9 metros de eslora. Y los gastos con tarjetas de débito y de crédito pueden ser de hasta $404.984 en el promedio de un período de 12 meses.

Como todos los controles solo se realizan sobre las operaciones registradas, la medida va en el sentido contrario a generar incentivos para la formalización. La economía no registrada es el principal problema de fondo que está detrás del hecho de que la mayoría de las personas llega a la edad jubilatoria sin cumplir con los requisitos, que, por otra parte, tampoco son revisados.

Actualmente, dos tercios de las jubilaciones que están en curso de pago tuvieron moratoria (ver el gráfico que acompaña esta nota). Ni los problemas del ámbito del trabajo, ni la falta de conexión entre el escenario laboral y la ley previsional encuentran una solución en el plan de pago de deudas puesto en marcha y al cual se podrá ingresar, siempre que se tenga la edad jubilatoria (60 años las mujeres y 65 años los varones), hasta el 23 de marzo de 2025.

Más allá de la ya explicada actualización de los parámetros para la evaluación socioeconómica, desde este mes se incrementa el precio que tiene cada período de aportes que puede adquirirse. El monto, que equivale al 29% de la remuneración mínima que rige para calcular los descuentos para la jubilación y el sistema de salud, se reajusta trimestralmente según el índice de movilidad de las prestaciones.

Por tanto, este mes se incrementa un 20,92% y pasa de $5729,97 a $6928,68. Ese importe regirá hasta agosto y luego volverá a actualizarse. Si se ingresa ahora a la moratoria por 240 meses, la deuda inicial será de $1.662.883,20 y, si se accede a 120 cuotas, el primer descuento del haber, suponiendo que se cobre antes de septiembre (el mes del próximo reajuste), será de $13.857.