El fallo “Mendoza”, dictado por la Corte Suprema de Justicia el 8 de julio de 2008, constituye un hito en la jurisprudencia del máximo tribunal: fijó las coordenadas para enfrentar una de las peores situaciones socio-ambientales de nuestro país, la contaminación de la cuenca Matanza-Riachuelo. Según Acumar, en la cuenca viven más de 4 millones y medio de habitantes, esto representa el 10% de la población de la Argentina.

Han transcurrido 15 años del dictado de esta histórica sentencia. ¿Qué balance podemos hacer de su impacto? El fallo es un hito que fijó diferentes objetivos entre los que se encuentran la puesta en marcha de un programa de información pública, la cesación de la contaminación de origen industrial, el saneamiento de basurales a cielo abierto, la limpieza de los márgenes del río, la expansión de la red de agua potable, la extensión del sistema de desagües pluviales y saneamiento cloacal y plan sanitario de emergencia.

El activismo judicial de la Corte en el marco de esta mega causa ambiental sigue los pasos de la Corte de la India al decidir el saneamiento del río Ganges. Es decir, los jueces fijan líneas de acción concretas desde los tribunales, cuyo cumplimiento recae sobre las autoridades políticas para que luego esas medidas sean monitoreadas por los propios jueces. En este esquema, se han generado algunos avances pero aún quedan varias asignaturas pendientes y numerosos saldos negativos que revertir. Entre los avances se destacan la creación de la Autoridad de la Cuenca Matanza-Riachuelo (Acumar), con poderes legales e institucionales para impulsar el plan integral de saneamiento. Asimismo, se han realizado tareas de limpieza de márgenes y de residuos sólidos urbanos, han avanzado obras de infraestructura de agua y saneamiento y se generó un cúmulo muy importante de información respecto a la Cuenca previamente desconocida. Sin embargo, las acciones desarrolladas hasta el presente han sido insuficientes e inconsistentes con los altos objetivos trazados. En 2018, la Corte consideró que los objetivos del Plan Integral de Saneamiento se encontraban incumplidos y ordenó que se fijaran plazos ciertos para la finalización. Acumar, por su parte, no pudo demostrar que hayan mejorado las condiciones de las aguas superficiales del río ni la calidad del aire en la cuenca baja del Riachuelo. Sí quedó claro que el presupuesto para llevar adelante estas tareas había sido subejecutado.

Otra problemática importante que aqueja a la cuenca es la de los basurales. En 2019, el juez a cargo de la ejecución de sentencia por el saneamiento del Riachuelo, en respuesta a un planteo del Cuerpo Colegiado, conformado por asociaciones de vecinos y ONGs, declaró que el acceso al aire limpio de contaminantes es un derecho humano ordenando remediar la contaminación que provocan los basurales.

La lista de acciones socioambientales pendientes es extensa aún. Entre ellas se destacan: modificar el régimen de vertidos industriales, fiscalizar de manera más exigente y rigurosa a aquellos establecimientos que incumplan con la normativa aplicable, acelerar la velocidad de obras cloacales y de saneamiento de aguas aún pendientes, lograr que se reconviertan todos los agentes contaminantes de la cuenca través de los planes de reconversión industrial y finalizar los procesos comprometidos de reurbanización y relocalización de las personas que viven en situación de vulnerabilidad y riesgo sanitario y ambiental. También es necesaria una mayor articulación con los municipios con el objetivo de verificar que se gestionen de manera eficiente los Residuos Sólidos Urbanos (RSU), realizar un estudio integral de riesgo para el Polo Petroquímico de Dock Sud, evaluar los impactos acumulativos de los vertidos adecuándolos a las características del río y proteger las reservas naturales que forman parte del sistema ambiental del Riachuelo.

Acumar todavía tiene pendiente cumplir con los objetivos fijados en el fallo dictado por la Justicia, resulta fundamental que la ciudadanía, el Cuerpo Colegiado, la Auditoría General de la Nación y el Ministerio Público de la Defensa continúen ejerciendo control sobre las actividades desplegadas por la autoridad de la cuenca, revisando sus informes trimestrales, señalando omisiones y velando por la ejecución de una sentencia histórica. Para fortalecer todo este control, es imprescindible que el Congreso avance con el nombramiento del Defensor del Pueblo, cargo que se encuentra vacante desde hace 14 años.

Al igual que cada año electoral, asistimos a una serie de anuncios de la Autoridad de Cuenca. Para que estos anuncios no se conviertan en falsas promesas, una cuota de activismo judicial es crucial. Esto es lo que sucedió hace ya 15 años y que debe seguir aconteciendo todos los días hasta que se cumplan efectivamente los objetivos ambientales, de regulación y control de las industrias, de salud pública y de vivienda digna que se vinculan con el saneamiento de la Cuenca Matanza Riachuelo. El proceso judicial ha sido positivo, pero nunca terminará de concretarse hasta que no se convierta en una verdadera política de Estado.

Fernández, abogado y coordinador del área de Asuntos Legales de FARN; Munno Dithurbide, abogada y responsable del área de Asuntos Legales de FARN