El lema de los derechos humanos, en la esfera política, se ha convertido, en la órbita judicial, en el telón de fondo de las causas por delitos de lesa humanidad y cada vez más en una cortina de humo frente a las causas por corrupción. Esa particular simbiosis de la realidad nos ha empujado hacia adelante y hacia atrás, respectivamente, en términos de memoria, verdad y justicia. En ambos casos fue el Poder Judicial el que desveló hasta los ínfimos detalles de lo que fue la represión ilegal de la última dictadura militar, y también lo que se dio en llamar un “esquema de corrupción en la primera línea del Estado”. En ambas temáticas resta mucho por hacer, y para el porvenir vale tener en cuenta algunas observaciones claves que nos han dejado estas difíciles experiencias.

Una es que la inicial insuficiencia del sistema de justicia para abordar el juzgamiento de delitos a escala y con anclaje en el aparato estatal, sean de lesa o de corrupción, no ha enervado la posterior resiliencia del Poder Judicial para superar los obstáculos que se le presentaron para hacer justicia. Otra es que el objetivo central de esos procesos judiciales debe estar centrado en dar a cada uno lo suyo, de cara a los victimarios pero sin olvidar a las víctimas, y a toda la sociedad, por la influencia que tiene el pasado sobre nuestro presente y por la importante incidencia que tendrá el hoy sobre el mañana.

La última, que el uso de aquella insuficiencia y aquella importancia para justificar desplazamientos y sostenimientos (o aun nombramientos) de jueces y fiscales, corriendo a “ajenos” y proyectando o preservando a “propios”, no logró modificar la esencial independencia del Poder Judicial en su conjunto. Al respecto, vale la pena señalar que somos conscientes de haber visto, no una sino varias veces, arremeter políticamente contra funcionarios judiciales probos por vía de denuncias y sumarios bajo el improbado e ignominioso estigma de “obstaculizadores” de las causas de lesa humanidad (casualmente en momentos en que también avanzaban en causas de corrupción), y en paralelo, de haber escuchado a magistrados vinculados (por la opinión pública y el sentido común) con sectores de la política sospechados –cuando no condenados– por corrupción, defenderse con éxito siempre alegando su “avance” en las causas de derechos humanos.

Todo esto no debe llevarnos a aceptar lo inaceptable y que las causas “de lesa” o de corrupción se banalicen como instrumentos de la política: bajo ningún concepto debemos dejar que el derecho se tuerza al son de lo que una parte nos presente como “políticamente correcto” y aceptar que los derechos humanos sean usados como coartada argumentativa para avanzar de cualquier forma contra los señalados como “enemigos” de esa parte, y tampoco que sean usados como justificación de hechos cuestionables –la corrupción es uno, también violatorio de los derechos humanos– perpetrados por quienes se dicen “amigos” de esa parte. Debemos ser, antes que nada, prudentes, pues lo peor que puede pasarnos es que estas materias, si son politizadas, se conviertan en una asignatura “especial” donde ser “imputado” o “víctima” en una causa, o ser señalado como “obstaculizador” o “garante” de su avance, sin importar las circunstancias en que ello se produce, lleve en forma lineal hacia perjuicios o ventajas inmerecidos, alejados de toda razón y justicia.

La cuestión de los derechos humanos no debe ser una mera simplificación de la realidad y el Derecho Penal, sino que debe ser considerada como un aspecto “complejizante”, y a la vez imprescindible, que sería prudente mantener alejado de la política, y sobre todo de la corrupción, para no banalizar una cuestión que nos demandó sangre, sudor y lágrimas.