WASHINGTON.- Una vez más, Donald Trump se pondrá de pie delante de un juez en un tribunal para ser acusado formalmente de haber cometido un delito. Esta vez será en Miami, y ante una jueza, Aileen M. Cannon, que fue designada por él mismo durante su presidencia. La acusación a la que se enfrentara es una de las más serias en el torbellino judicial que acosa al magnate, la cual, por ahora, no ha hecho mella en sus posibilidades de volver a ser el candidato presidencial del Partido Republicano, y, eventualmente, presidente.

Trump quedará imputado la semana próxima por haberse llevado documentos clasificados de la Casa Blanca, y marcará un nuevo hito para la historia: será el primer expresidente acusado de un delito federal. La explosiva acusación federal, difundida este viernes, dijo que Trump “pudo poner en riesgo la seguridad nacional de los Estados Unidos” y de los aliados de Washington.

“Los documentos clasificados que Trumo almacenó en sus cajas incluían información sobre las capacidades de defensa y armas tanto de los Estados Unidos como de países extranjeros; programas nucleares de los Estados Unidos; vulnerabilidades potenciales de los Estados Unidos y sus aliados a un ataque militar; y planes para posibles represalias en respuesta a un ataque extranjero”, indica la acusación de 49 páginas.

“La divulgación no autorizada de estos documentos clasificados pudo poner en riesgo la seguridad nacional de los Estados Unidos, las relaciones exteriores, la seguridad de las fuentes militares y humanas de los Estados Unidos y la viabilidad continua de los métodos de recopilación de inteligencia confidencial”, sentencia.

El propio Trump anticipó la noticia, al revelar el jueves por la noche que el Departamento de Justicia había notificado a sus abogados que será imputado la semana próxima en la investigación federal sobre los documentos clasificados que fueron hallados por agentes del FBI en una redada en Mar-a-Lago, su resort en Palm Beach, Florida, donde se instaló cuando dejó Washington.

“Quiero decirles que soy un hombre inocente. No hice nada malo, y vamos a pelear esto como hemos peleado por siete años”, dijo Trump en un video que difundió en su red social, Truth Social, en el que mechó acusaciones contra el gobierno de Joe Biden con sus infundadas y ampliamente desmentidas denuncias de un fraude en la elección de 2020, y su habitual mensaje de que es víctima de una “caza de brujas”.

La noticia sobre la nueva imputación de Trump volvió a colocarlo en el centro de la escena mediática y política de Estados Unidos, aunque esta vez por una causa mucho más seria por la que fue acusado en Nueva York por sus pagos durante la campaña presidencial para silenciar supuestos amoríos, incluido un romance con la actriz porno Stormy Daniels.

El abanico de reacciones políticas se desplegó casi de inmediato, desde la lealtad y la solidaridad que mostraron varios republicanos, incluidos el presidente de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, y algunos de sus rivales, como el gobernador de Florida, Ron DeSantis, hasta la ironía de un mensaje de Hillary Clinton, quien publicó una foto de ella con una gorra con un lema que recordó su propio tormento por el manejo de información secreta durante la campaña de 2016: “Pero sus emails”.

El propio Biden –quien enfrenta su propia investigación porque también se quedó con documentos clasificados en su poder después de que dejó la vicepresidencia de Barack Obama– se refirió también al escándalo luego de su conferencia de prensa con el primer ministro británico, Rishi Sunak. Un periodista le preguntó a Biden qué le diría a los norteamericanos que cuestionan la independencia del Departamento de Justicia, liderado por Merrick Garland, designado por Biden.

“Nunca, ni una sola vez, le sugerí al Departamento de Justicia lo que debería hacer o no hacer, en relación con presentar un cargo o no presentar un cargo. Soy honesto”, respondió el mandatario.

La causa de los documentos clasificados es una de las más complejas y políticamente delicadas en el frente judicial que enfrenta Trump. La investigación estuvo a cargo de un fiscal especial, Jack Smith, designado por Garland, tal como ocurrió antes en casos de altísimo impacto político, como Watergate, que terminó con la presidencia de Richard Nixon, o el Rusiagate, que atormentó a Trump durante su administración. La acusación fue presentada por la Oficina del Fiscal Especial, Smith, quien la obtuvo de un gran jurado al que le presentó las pruebas. Trump será acusado formalmente de siete cargos, informaron medios norteamericanos.

La cause se originó cuando terminó la presidencia de Trump. Los documentos fueron embalados en cajas junto con ropa, regalos, fotografías y otras pertenencias y fueron enviadas a Mar-a-Lago. En Estados Unidos, los presidentes deben entregar todos los documentos clasificados de su gobierno a los Archivos Nacionales una vez que dejan el poder. Trump no sólo se llevó los documentos, sino que luego negó tenerlos en su poder y después se negó a entregarlos hasta que el FBI fue a buscarlos y se los llevó. Los agentes han capturado tres lotes de documentos. En agosto último, los agentes secuestraron más de 13.000 documentos, incluidos 103 archivos clasificados.

Aunque el Departamento de Justicia es independiente de la Casa Blanca, Trump, sus aliados y los republicanos han acusado al gobierno de Biden de estar detrás de la acusación, y de politizar la Justicia, una versión local del argumento del lawfare al que han recurrido Cristina Kirchner, Luiz Inácio Lula da Silva y otras figuras políticas en América Latina. Por si eso no fuera poco, Biden se enfrenta a una investigación similar, aunque por tradición el Departamento de Justicia no acusa a los presidentes en ejercicio, y además el caso de Biden, según abogados, tiene profundas diferencias con el de Trump, quien tenía los archivos en su residencia, y se negó a entregarlos, forzando una redada del FBI.

Y a diferencia de la causa en Nueva York por los pagos para silenciar a sus supuestas amantes, que muchos ven como un tema privado, la acusación por los documentos clasificados toca de manera directa su gestión como presidente, y abona las críticas de sus rivales que lo consideran inapto para ejercer como líder de la primera potencia global. Lejos de socavar el apoyo de su base de votantes, las acusaciones encienden a sus seguidores, y redundan en contundentes muestras de respaldo que se reflejan en nuevos picos en las donaciones de a su campaña.

Trump ha negado cualquier delito, pero muchas de sus declaraciones han sido altamente problemáticas. Nunca admitió que tener documentos clasificados en su poder fuera un delito, y tiempo atrás dijo llegó incluso a decir que podía desclasificar documentos “con solo pensarlo”.

“No tiene que haber un proceso, tal como lo entiendo”, dijo Trump, erróneamente, en una entrevista con Fox el año pasado. “Eres el presidente de los Estados Unidos, puedes desclasificar simplemente diciendo que está desclasificado, incluso con solo pensarlo”, insistió.

Trump también reconoció en una grabación en una reunión en 2021 que había retenido información militar “secreta” que no había desclasificado, según una transcripción de la grabación del audio que obtuvo la cadena de noticias CNN.

“Como presidente, podría haberlo desclasificado, pero ahora no puedo”, dice Trump, según la transcripción de la conversación que reveló CNN.