LA PLATA.-El hombre está nervioso. Ruega que su nombre no salga a la luz. Es dueño de una de las 48 tarjetas de débito que Julio “Chocolate” Rigau tenía en sus manos cuando lo detuvieron. Es, también, uno de los empleados de la Legislatura bonaerense que el martes fue imputado por la fiscal Betina Lacki como presuntos partícipes de un fraude contra la administración pública, un delito que no es excarcelable. La fiscal los acusa de ser “ñoquis”. El hombre que dialoga con LA NACION lo es.

“Nunca fui a trabajar; cobraba cero guita”, admite el hombre “ñoqui”, pero argumenta que aceptó por necesidad y señala como responsable al clan de Claudio y Facundo Albini. “Directamente me ofrecieron obra social y jubilación, a cambio de entregar la tarjeta que nunca manejé yo”, cuenta.

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La fiscal Lacki tiene a los Albini en la mira. Claudio, el padre, se desempeñó durante años como director del área de Personal de la Legislatura bonaerense, donde tejió una relación estrecha y fluida con el entonces legislador y actual candidato a presidente, Sergio Massa. Era uno de sus “bolseros”. Y Facundo, el hijo, entró a la Cámara de Diputados provincial a los 18 años, donde ascendió hasta convertirse en director de Control y Gestión de Secretaría Administrativa antes de ser electo concejal en La Plata, en 2019, por el Frente Renovador. Hoy es apoderado de Unión por la Patria a nivel provincial.

Los Albini deberán dar explicaciones en tribunales. La fiscal Lacki pidió la detención de ambos tras imputar a Claudio como presunto jefe de una asociación ilícita que habría defraudado a la administración pública provincial de manera reiterada y a su hijo Facundo como integrante de esa misma supuesta banda criminal, en tanto que el juez Federico Atencio rechazó los pedidos de eximición de prisión que ambos habían presentado. En otras palabras, podrían terminar en una celda si avanza la investigación penal.

Los 48 titulares de las tarjetas de débito que manipuló “Chocolate” Rigau afrontan un horizonte judicial similar. Podrían terminar detenidos. La fiscal Lacki los considera presuntos partícipes en la supuesta maniobra criminal y el juez Atencio también rechazó sus pedidos de eximición de prisión. Eso alteró al hombre “ñoqui”.

“Yo tengo trabajo por las mías”, dice. De manos grandes y avejentadas, labora con ellas, entre La Plata y City Bell. Pide que LA NACION no detalle cuál es su oficio verdadero. “Lo que necesitaba era tener IOMA y sumar años para algún día jubilarme; ya estoy grande, ¿sabe? Y los Albini me ofrecieron eso”, plantea. “Nunca imaginé todo lo que pasó después”.

Eso que “pasó después” no solo fue la detención de “Chocolate” Rigau, sino todo un intento por acallar lo ocurrido, según cuenta el hombre, que se negó a que LA NACION difundiera su nombre por temor a terminar en prisión.

“Tras la detención del tipo ese , me llamó una abogada para decirme qué tenía que declarar en tribunales”, dice. Ocurrió el mes pasado, precisa, pero se niega a dar el nombre de esa mujer que habría orquestado el presunto encubrimiento de un delito.

El hombre “ñoqui” no fue, sin embargo, el único de los 48 titulares de tarjetas de débito que recibió un llamado cuando la Justicia empezó a moverse. Al menos otros siete fueron contactados desde la Legislatura y así lo admitieron cuando los convocó a declarar la fiscal Lacki por primera vez, según reconstruyó LA NACION. Aún así, ninguno de esos siete aportó su nombre, ya fuera por desconocimiento, olvido o complicidad.

Ramón Alberto Sosa detalló ante la fiscal Lacki que lo llamó “alguien de Legales”. Aportó poco más. “Me hicieron preguntas de si conocía a Julio y si yo le había dado la tarjeta”, adujo. También Daniel Mederos admitió que lo llamaron “los legales de la Cámara”. Contó que debió presentarse un sábado, en el “subsuelo de la Cámara”. ¿Para qué? “Me hicieron las mismas preguntas que ahora”, explicó en tribunales.

Por su parte, Sheila Maroni contó que la llamaron “por la declaración interna” desde una Dirección de la Legislatura, pero obvió precisar cuál sería esa repartición, en tanto que el consuegro de “Chocolate” Rigau, Diego Koster, afirmó primero que nadie lo abordó, pero luego se rectificó: “Bah, sí. De Sumarios se contactaron; una señora, la verdad que no sé cómo se llama, para saber por qué Julio tenía la tarjeta mía”.

Los tres restantes titulares de tarjetas de débito tampoco recordaron -o dijeron no recordar- el nombre de quien los contactó desde la Legislatura. “Me llamaron de Legales para hacer una declaración. Me contactaron telefónicamente y me hice presente y me pidieron detalles y datos personales”, testificó Rosana Delgado. “No sé el apellido y nombre. Me dieron una copia, pero no tenía los datos de quién me tomó la declaración”, abundó, para luego aducir que tampoco sabía en qué expediente interno de la Cámara había declarado.

Cristina Degollada avanzó un paso, al menos. Indicó que la llamaron desde “la parte de Legajos”, y aunque dijo que no recordaba quién, sostuvo que “era una señora que nos preguntó por qué Julio tenía nuestras tarjetas”. Su hermana Lourdes, sumó una profesión al género: “Nos llamaron de Personal para ver si le habíamos dado las tarjetas a él, como que nos tomaron declaración. Había una abogada, una mujer abogada”.

El hombre “ñoqui” que teme terminar detenido y que por eso accede a dialogar con LA NACION bajo reserva de su nombre cuenta otras derivaciones del escándalo. Y, según su visión, algunas son mejores que otras. “Desde que estalló el quilombo tengo que ir a la Legislatura una hora, todos los días, por las tardes, a poner la cara”, dice, aunque cuenta que no tiene oficina, computadora, escritorio o siquiera silla. Es una gran simulación. “A veces estoy ahí un rato, parado en un pasillo, con el teléfono”, dice.

Si verse forzado a presentarse en la Legislatura todas las tardes para simular que trabaja le resulta un incordio al hombre “ñoqui”, el escándalo le reportó un “beneficio”, según dice. Al menos en el corto plazo. “Por primera vez voy a cobrar yo el salario”, cuenta. “Me dijeron que lo gaste como yo quiera”. Son más de $500.000 por mes, de bolsillo, de las arcas públicas.

La maniobra podría ser otro esfuerzo por encubrir el desfalco al Estado bonaerense de quienes se encuentran en los eslabones superiores a “Chocolate” Rigau, cuya defensa presentó dos recursos para anular la investigación o, al menos, la apertura de su teléfono celular; ahora la Cámara de Apelaciones deberá resolver ambos planteos. Mientras tanto, el hombre “ñoqui” ignora cuánto tiempo durará esta fase en que debe simular que trabaja, ni cuándo le ordenarán que deje de gastar como si ese dinero fuera una contraprestación real. “Al menos ahora”, dice, “cobro”.