CÓRDOBA.- A casi un año y medio de iniciado el escándalo de Generación Zoe –la organización que era liderada por Leonardo Cositorto y fue acusada de defraudación y múltiples y millonarias estafas– tiene su primer condenado. en Villa María se celebró el primer juicio de la megacausa, en el que el abogado del grupo Gustavo Antonio de Jesús Saavedra admitió los delitos que le atribuían y acordó una pena de 4 años de prisión de cumplimiento efectivo.

La jueza de Control Soledad Dottori, a cargo de la audiencia, admitió la condena y, además, ordenó el decomiso de $38.000 que el letrado tenía en su casa al momento de su detención y convalidó el secuestro de un Ford Ka que él ofreció para resarcir a los damnificados involucrados en la causa.

Además de Dottori, participaron del juicio la fiscal Juliana Companys (a cargo de la investigación judicial) y el asesor letrado Diego Julián, defensor oficial de Saavedra. El abogado fue arrestado el 12 de abril del año pasado en un domicilio de Ituzaingó, provincia de Buenos Aires, y quedó imputado por asociación ilícita y estafa.

Cositorto había publicado en sus redes sociales hace unos dos años: “Equipo jurídico contable de ZOE. Gustavo, Norman, Luis y Eduardo”; el estudio era del exjuez Héctor Luis Yrimia, que está prófugo y reside en Emiratos Árabes Unidos. El “Gustavo” que aparecía en la foto es Saavedra. El hombre confesó los hechos por los que se lo acusa ante Companys. Los otros son el contador Norman Ariel Próspero y el consultor de seguridad Eduardo Llaser.

Además de él, hay otros imputados que pidieron el juicio abreviado: Ariel Abellonio, Susana Luján y Marcelo Valdez, todos villamarienses, que se encuentran en libertad.

En el marco de la megacausa, en diciembre pasado fue la última vez que Cositorto –detenido en la cárcel cordobesa de Bouwer– fue a Villa María a ampliar su declaración ante la fiscal Companys. Allí volvió a responsabilizar a la familia de Claudio Álvarez, Ivana Álvarez y Florencia Álvarez por la actividad de la empresa a nivel local y aseguró que Miguel Echegaray, un expolicía de Neuquén, era quien supuestamente manejaba la caja de Zoe, y que junto a María Rosa Rincón fueron quienes realizaron los manejos espurios del dinero.

Dos meses después dijo que avanzaba en un “acuerdo” para que las personas damnificadas por su firma recuperaran el dinero que perdieron. Lo hizo en diálogo con radio El Mundo. “Tenemos muchos frentes y dominios que ordenar” planteó, aunque señaló que “entre el 20 y el 30 de marzo” haría una convocatoria.

Hacia esa fecha, en vez del anuncio, un compañero de cárcel de Cositorto reveló que montaba un plan de fuga que incluía ser trasladado a Buenos Aires. Companys le negó el traslado que venía pidiendo hacía meses.

La fiscal investiga unos 60 hechos por sumas que llegan a casi 4 millones de pesos y unos 228 millones de dólares en una maniobra que se conoce como “estafa piramidal”.