Inicialmente el proyecto de la Ley Ómnibus que el presidente Javier Milei envió al Congreso incluía un artículo donde el Poder Ejecutivo podía derogar los subsidios energéticos a las denominadas “zonas frías”. Los bloques opositores al leer el mismo, comenzaron a cuestionar esta normativa que implica aumentar las tarifas de gas en las provincias patagónicas.

El principal objetivo del Gobierno nacional era reemplazar el esquema tarifario de gas por una canasta básica energética, con la intención de reemplazar este esquema por un beneficio focalizado en aquellos usuarios vulnerables que necesitan la ayuda del Estado.

Ante los diversos cuestionamientos de distintos diputados, finalmente se decidió borrar el Artículo 292 que se referían a modificar, redestinar y eliminar fondos fiduciarios vinculados con la energía. Esto sucedió, a pesar de que el oficialismo logró el dictamen de la Ley Ómnibus.

Para detener el avance este artículo, dos legisladores nacionales patagónicos fueron claves en la negoción con el Gobierno: se trata del diputado neuquino Osvaldo Llancafilo (MPN-Innovación Federal), y del diputado de Río Negro, Agustín Domingo (JSRN-Innovación Federal).

De esta forma, los diputados alcanzaron un acuerdo legislativo para que en la reasignación de subsidios a efectuar por el poder ejecutivo se "comprendan los beneficios previstos en el art. 75 de la Ley 25.565 y la Ley 27.637". En otras palabras, el beneficio de subsidios a las tarifas para aquellas zonas consideradas frías se mantendrán

El subsidio para bonificar el consumo de gas en “zonas frías” surge del Fondo Fiduciario para Subsidios de Consumos Residenciales de Gas que se financia con un recargo al resto de los hogares. El mismo, se creó en los años ´90 y hace alrededor de dos años se extendió a varias localidades del centro del país.