Javier Milei forzó a la UCR a adelantar el debate por la estrategia electoral en 2025. Una alteración de su agenda que amenaza con condicionar la renovación de autoridades nacionales en diciembre, pero sobre todo con volver abstracta la neutralidad en la segunda vuelta, proclamada por las autoridades actuales. La derrota de Juntos y la adhesión de Patricia Bullrich y Mauricio Macri al candidato de La Libertad Avanza completan el escenario que mantiene al radicalismo en estado deliberativo.

Gustavo Valdés fue el primero en advertir que votará a uno de los dos competidores por la presidencia. Igual que el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, el de Corrientes precisa de la unidad de Juntos para controlar la Legislatura provincial. Pero también para evitar con su división el temido avance del oficialismo. Unión por la Patria (38,72%) se impuso a Juntos (33,94%) en la elección de diputados nacionales.

Corrientes votará gobernador en 2025, pero Valdés no podrá ser candidato: cursa el segundo mandato que le habilita la Constitución. El problema es que Juntos carece de otro aspirante que garantice retener el poder. Un cuadro tentador si Sergio Massa es presidente. Valdés y (sobre todo) Cornejo fueron los más duros con Gerardo Morales y Martín Lousteau. Cornejo les reprochó al presidente y al vice de la UCR aprovechar la presentación del documento para fijar la neutralidad, para hablar con la prensa, algo para lo que no fueron facultados por el resto de las autoridades del comité nacional.

Valdés corrigió y moderó el texto escrito por Lousteau, en apariencia más proclive a criticar a Milei que a Massa. Maximiliano Pullaro habría respaldado a Lousteau en ese escarceo previo, pero se rectificó cuando le hicieron notar que había adelantado su voto a Milei si Bullrich no llegaba al balotaje.

Ligado a Lousteau y Emiliano Yacobitti por la corriente Evolución, el gobernador de Santa Fe es alcanzado por los efectos de una curiosa controversia: el descenso abrupto y, en apariencia, inexplicable, de la tasa mensual de homicidios. En octubre se registró la más baja de los últimos 3 años: 8 casos. En septiembre fueron 18, y 23 en agosto. El pico de febrero (33) casi se repite en mayo (32). Lo más parecido a octubre ocurrió en abril de 2020, con cuatro casos. Pero en medio del aislamiento por la pandemia.

Carolina Losada acusó a Pullaro de estar vinculado al narcotráfico en la campaña por las PASO. La senadora radical nunca aportó pruebas. La mayoría de los homicidios se atribuyen al ajuste de cuentas entre bandas que se disputan ese negocio ilegal. Socio estratégico de Pullaro en Juntos, el respaldo del socialismo a Massa indicaría que ni Macri ni Bullrich dividen tan profundamente a la UCR como sí lo hace otra disyuntiva más inquietante: cuál de las dos alternativas de poder favorece más su propia expectativa de gobernar en 2027.

Esa es la tensión que los enfrenta para resolver si participan de la fiscalización. La disparidad de criterios sobre ese tema adelanta el marco de alianzas que cada sector evalúa conveniente para los comicios de 2025. Quienes fueron aliados de Bullrich, precisan de PRO para confirmar las posiciones conquistadas en las PASO y especulan que un gobierno de Milei no representaría el riesgo que enfrentarían con uno de Massa.

Los derrotados con Rodríguez Larreta en las primarias especulan que una oposición constructiva al líder del Frente Renovador, si es presidente, los habilitaría a imponerse en la conducción de la UCR y hacer pagar a sus adversarios el costo político por el acuerdo con Bullrich. La fiscalización es la vulnerabilidad que La Libertad Avanza intenta subsanar con Macri. Cornejo planteó la necesidad de que Juntos participe de ella para evitar un fraude. ¿Lo hará la UCR en la provincia de Buenos Aires?

La prioridad en la que parece enfocada, por ahora, podría dar un indicio. Votar antes del 10 de diciembre en el Senado los pliegos de 30 jueces y cubrir las cuatro vacantes que tendrá la Corte con la jubilación de Luis Genoud, bajo la lógica que un acuerdo entre dos partes es más fácil que con tres. Más claro: oficialismo y oposición, pero sin los libertarios. La Corte enfrenta el riesgo inédito de quedar subordinada al Tribunal de Casación Penal, su instancia inmediatamente inferior.

Una Corte de solo tres miembros debería convocar a cuatro jueces de ese fuero por cada fallo y estaría expuesta a quedar en minoría ante ellos. Equivaldría a cederle a Massa el control indirecto del máximo tribunal de Justicia bonaerense. Tres de los ocho jueces de Casación le responden y otros tres podrían sumarse a ese grupo mediante un acuerdo entre quienes los lideran: Mario Kohan y Daniel Carral. Igual que Fernando Mancini y María Florencia Budiño, Kohan no reniega de su vínculo con Massa.

Tampoco reniega Carral del vínculo que mantiene con los intendentes del PJ y que le permite alinear detrás de sí a Ricardo Ramón Maidana y a Víctor Violini. Es lo que otorga otra relevancia al recuento definitivo de votos en La Plata por la elección del intendente. El ministro de Justicia de Axel Kicillof es el dirigente oficialista más influyente en los tribunales bonaerenses. Si se confirma su elección, será suplantado por Martín Mena. El secretario de Justicia de la Nación responde directamente a Cristina y se le atribuye notable influencia en la AFI.

El cambio de paradigma que podría sobrevenir en esa cartera está ligado al interés del kirchnerismo en el caso de Julio “Chocolate” Rigau. La fiscal Betina Lacki imputó a Facundo Albini en esa causa. Albini es el jefe político de Rigau y apoderado nacional del Frente Renovador. Pero también fue reelegido concejal en la lista de Alak; su presencia en ella fue la oportunidad que habría intentado aprovechar Garro con fines electorales: dejar al descubierto una mecánica de financiamiento de la política que conocería muy bien. Esa es la sospecha extendida en La Plata. El diálogo de Kicillof y Juntos para avanzar con las designaciones es entorpecido por el balotaje. ¿Condicionará su resultado esas conversaciones? Lo cierto es que la disputa por el control de áreas en la Justicia excede a la Provincia.

El 31 de octubre el gobierno autorizó la suba del 100% en los aranceles que cobran los Registros Nacionales de la Propiedad Automotor por transferencias. Un trámite con un valor estimado entre 600.000 y 900.000 pesos y que se realiza unos dos millones de veces al año. Los registros dependen de la Dirección Nacional de la Propiedad Automotor, que conduce María Eugenia Doro Urquiza, hija de la kinesióloga de la vicepresidenta.

La ley 23.383 habilita a la Asociación de Concesionarios Automotores (Acara) a percibir partes de esos fondos que integran un fideicomiso desde el que se pagan insumos, salarios, automóviles y viajes al exterior a funcionarios del Ministerio de Justicia y el Poder Judicial. La campaña habría incidido para que los fondos del fideicomiso no estuviesen disponibles los dos últimos meses, lo que derivó en la falta de recursos para el pago de los denominados “salarios Acara” en el Ministerio de Justicia. El reajuste tarifario apuntaría a recomponer la liquidez de ese fideicomiso sin aguardar a que lo resuelva el próximo gobierno. Probablemente una concesión de Cristina a Massa frente a un cambio de expectativas. Sobre todo cuando la victoria favorecería en los cálculos previos al candidato de Unión por la Patria. Una situación que tal vez precipite el debate en la UCR sobre la conveniencia o no de adherir al cambio que propone Milei.