Hace poco cayeron sobre la zona núcleo pampeana lluvias suficientes para recomponer el perfil de los suelos, asegurar en fecha convencional el comienzo de la siembra de los cultivos para la cosecha gruesa y trazar pronósticos optimistas para la campaña 2023/24.

El agua ha caído de forma despareja hacia el oeste de la provincia de Buenos Aires y quedan bolsones de sequía alarmantes en lugares como Carlos Casares, con apenas 300 mm a lo largo de los primeros nueve meses del año. Hay campos en situación comprometida, con liquidación del stock ganadero y suelos que sufren, además, las consecuencias de las sequías de 2020/21 y 2021/2022. Estas agravaron las características de un año desolador como 2022: se produjo un desastre agrícola y ganadero de proporciones históricas y, en muchas partes, el más grave de los últimos 100 años.

Fue tal el castigo inferido por la perversa combinación de la naturaleza adversa y las condiciones de desasosiego derivadas de la desastrosa política económica que muchos productores, a pesar de los pronósticos de buenas lluvias para la primavera, desistieron de embarcarse en cultivos de invierno. Lo prueba que se hayan implantado con semillas de trigo, gramínea tradicional en la pampa argentina, 500.000 ha menos que el año último.

La incertidumbre económica paraliza decisiones que deberían haberse tomado con menos vacilaciones después de saberse que un ciclo de El Niño se encuentra entre nosotros y, con él, la promesa de agua abundante para los cultivos. Lo hemos tenido poco más de 20 veces en los últimos 60 años.

Ninguno de los competidores para alzarse el 10 de diciembre con el poder ha hecho anuncios consistentes sobre los aspectos más críticos de la relación entre campo y gobierno. El oficialismo esquilmó la producción en los cuatros períodos en que gobernó en lo que va del siglo XXI: miles de unidades productivas quedaron en el camino por el asfixiante peso impositivo, la retorcida relación entre el valor de nuestra moneda y el dólar, unidad financiera de referencia, y el despojo que significan las retenciones o derechos de exportación. En el caso de la soja, el Estado se quedó con casi un tercio de su valor, sin contar las gabelas comunes a todo tipo de industria y comercio.

Respecto de las fuerzas de oposición que disputan el poder, es poco lo que han prometido sobre un cambio radical de políticas en relación con las actividades productivas.

Asombra, por lo tanto, la magnitud de las apuestas estimativas del campo en relación con la campaña agrícola en curso. Si las lluvias fueran de la intensidad que hace prever la influencia de El Niño, la producción podría crecer hasta 138% respecto del ciclo 2022/23. Así las cosas, podrían generarse 134.300.000 de toneladas de granos, según estimaciones de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires. La contribución de la cosecha de maíz sería de 55 millones de toneladas, cinco millones de toneladas más que la de soja. Después se ubicarían el trigo, con 16,5 millones; la cebada, con 5 millones; el girasol, con 4, 3, y el sorgo, con 3, 5 millones. Datos de ese relieve abren la esperanza de que las exportaciones agrícolas asciendan a 34.507 millones de dólares, un crecimiento del 49% respecto de 2022/23, que equivaldría a mejorar nuestra balanza comercial en 11.315 millones de dólares.

Mientras se pone en marcha la siembra de maíz, las entidades representativas de la actividad llaman la atención sobre las tensiones que suma la dilación de importaciones de insumos estratégicos por más de 1500 millones de dólares. Es eso, como se sabe, consecuencia del estado de desesperación en que ha hundido al país la indisponibilidad de divisas.

Es una crisis que se siente en todos los ámbitos vinculados con el campo. La Federación Argentina de Cámaras Agroaéreas denunció, por ejemplo, que hay empresas embargadas porque no pueden pagar a fábricas del exterior aviones de un plantel que no puede sino renovarse periódicamente por razones de seguridad elemental.

Confiemos, por enésima vez, en que el próximo gobierno asegure la recuperación moral y económica perdida desde hace tiempo y brinde a las actividades agropecuarias las condiciones mínimas para operar de modo previsible, sin la angustia de la imprevisión o el precio por las derivaciones de los dislates ideológicos, fruto de una clase de activistas desquiciados que han fracasado en toda la línea de su gestión.

Basta juzgarlos por la forma disparatada en que rifan los magros recursos de la economía nacional en desesperados intentos por retener el poder. O por la descabellada decisión de violentar la ley y los compromisos jurídicos de todo tipo a fin de quedarse con YPF a costa de que el Estado argentino haya sido condenado por un juez norteamericano a resarcimientos por más de 16.000 millones de dólares. ¿Ninguno de los responsables por una culpa tan flagrante será llevado ante la Justicia a fin de que se haga cargo con sus bienes de una mínima parte, al menos, por el gravísimo daño ocasionado a la Nación?