La causa en que se investiga a Julio ”Chocolate” Rigau como uno de los recaudadores del esquema de financiamiento ilegal de la política entró en una carrera contra reloj: es que sus abogados defensores recusaron a uno de los camaristas que debe decidir si declara nula la causa o no y el juez del proceso, Federico Atencio, debe decidir, a más tardar el martes, si deja al puntero del PJ con prisión preventiva. De lo contrario, Chocolate Rigau quedaría en libertad.

Mientras estas cuestiones corren en paralelo, el juez Atencio trata de evitar que cualquiera sea su decisión sea leída en clave electoral. Si se inclina por la prisión preventiva antes de las elecciones del domingo corre el riesgo de que la Cámara anule el caso y lo deje en libertad. Si decide con el resultado electoral puesto, su fallo -cualquiera sea- puede ser interpretado como un guiño a quien se quede con la presidencia.

Lo delicado del asunto agudiza la imaginación al punto que se analiza una solución intermedia: firmar el fallo tras el cierre de los comicios, pero antes de que se sepan los resultados del escrutinio provisorio. Todo con la declamada intención de evitar una lectura política de la sentencia.

Por eso, el magistrado analiza sus pasos de modo de no perjudicar la investigación y atender a los insistentes pedidos de la fiscal Betina Lacki, que sin darle respiro pidió la prisión preventiva de Rigau y de 15 de los 48 dueños de las tarjetas de débito usadas por el empleado de la Legislatura bonaerense para sacarles el dinero de sus sueldos.

Esa plata, según surge de mensajes de WhastApp del celular de Rigau, estaba destinada al exsubdirector de personal de la Cámara de Diputados, Claudio Albini, considerado el jefe de una asociación ilícita por la fiscal Lacki, y de su hijo, Facundo Albini, concejal en La Plata del peronismo y apoderado del frente Renovador de Sergio Massa. La fiscal Lacki y también la ONG Poder Ciudadano que es querellante en la causa, pidió la detención de los Albini.

Sobre todos estos extremos deberá decidir el juez Atencio, más allá de que la Cámara de Apelaciones de La Plata demore una decisión sobre la nulidad del caso.

En la Cámara, el trámite se hizo mas complejo. Allí, la defensa de Rigau, a cargo del abogado Alfredo Gascón Cotti, planteó la nulidad de la causa contra su cliente y la nulidad del peritaje donde se abrió su teléfono celular. Lo deben resolver los jueces de la Sala 3 de la Cámara de La Plata.

Dos de los magistrados Juan Alberto Benavides y Alejandro Villordo, que habían anulado el caso hace dos meses y liberado a Rigau, se excusaron. No volverán a resolver sobre las nulidades planteadas por la defensa y sus colegas Carlos Ariel Argüero, María Silvia Oyhamburu y Fernando Mateos aceptaron su apartamiento.

Ahora, estos magistrados deben decidir si admiten o no la nulidad de la causa. Pero la defensa de Rigau recusó al juez Fernando Mateos que votó en disidencia, a favor de mantener la causa viva y a Rigau preso. La razón de la recusación se basa en que cuando la Cámara de Casación bonaerense revocó la nulidad del caso, entendió que los camaristas Benavides, Villordo y también Mateos fallaron mas allá de su órbita, pues resolvieron en un hábeas corpus sobre la libertad de Rigau (unos a favor y otro en contra) cuando aún no se había pronunciado el juez de primera instancia.

Con Villordo y Benavides excusados, ahora la defensa busca apartar a Mateos con este argumento. Para tomar una decisión, la Sala 3 de la Cámara convocó para pasado mañana viernes 17 a las 10 a una audiencia con el juez recusado, Mateos, y los recusantes defensores de Rigau: Alfredo J.M. Gascón, Miguel Ángel Molina y Alfredo M. Gascón, junto con el Fiscal general Héctor Ernesto Vogliolo, el Fiscal de Estado Hernán Rodolfo Gómez y a los abogados de Poder Ciudadano, Hugo Wortman Jofré y Tomas Brady.

Tras esa audiencia se decidirá como sigue el caso. Si el juez Mateos debe apartarse y como se integra entonces la Sala 3 para resolver las nulidades. Todas estas decisiones se conocerán luego de las elecciones y luego del martes, cuando el vence al juez Atencio el plazo para convertir la aprehensión en una eventual prisión preventiva.

Esto a pesar de la abundante evidencia que se conoció en las últimas horas, que revelan que Rigau cobraba los salarios de empleados que no trabajaban, pero que aceptaban ser contratados a cambio de la obra social IOMA y los aportes. De los chats del celular de Rigau, surge que el puntero del PJ recaudaba los sueldos, y los rendía a Claudio Albini. Y cuando los dueños de las tarjetas habían hecho un gasto, debían reponer ese dinero para que no falte nada en la liquidación.

La evidencia de que estos empleados no trabajaban surgen de los chats, donde por ejemplo uno de ellos pide a Rigau que le indique que tareas desempeña, porque tiene que prestar una declaración jurada y no sabe siquiera en que área de la Cámara de Diputados está contratado.

En otro caso, un empleado le pide que le de baja al contrato de su hijo porque le impide cobrar las asignaciones sociales. Cada contrato era por 530.000 pesos pero los trabajadores no ven ese dinero que es recaudado para la política. Por la tarea de recaudar los sueldos y entregarlos a sus jefes, Rigau cobraba unos 200.000 pesos al mes, según surge de los mensajes que intercambió con el concejal Albini.