La andanada de improperios y de justificaciones amañadas del gobernador formoseño, Gildo Insfrán, para seguir manteniéndose en el poder tiene una explicación muy clara, típica de los señores feudales: van por todo con tal de perpetuarse, lo que incluye compra de voluntades, ataques a la oposición y a los medios independientes, amedrentamiento y sometimiento de jueces y fiscales, nepotismo, falseamiento de datos y el agravamiento de un brutal e inaceptable desprecio por las leyes.

Insfrán ha dicho que “si la Corte hace lo que piden los pedigüeños de la oposición, sería directamente borrar el federalismo”. Así se expresó respecto del pronunciamiento que se espera del más alto tribunal del país sobre si legalmente corresponde que el actual gobernador, que lleva 28 años ininterrumpidos en el cargo, puede aspirar a competir por un nuevo mandato en los comicios provinciales del 25 del mes próximo. Una aberración digna de un caudillo con sobradas pruebas de déspota, quien groseramente pretende desconocer que la Corte es la última garantía e intérprete de la Constitución y que la alternancia en el ejercicio del poder es una característica esencial del sistema democrático republicano. Ese régimen de gobierno rige tanto para la Nación como para las provincias, según la propia Constitución nacional.

La arremetida de Insfrán por quedar habilitado para intentar un octavo mandato consecutivo es parte del cúmulo de nefastas estrategias de caudillos provinciales que ven en la ley un enemigo y en la transparencia un obstáculo para seguir dominando a los ciudadanos de sus provincias, atados mayoritariamente a la vil dependencia de las prebendas estatales

También respecto de la Corte se ha quejado Insfrán de que quienes decidirán sobre las presentaciones judiciales que ponen en vilo sus apetencias de poder omnímodo –los miembros del tribunal– son justamente ministros inamovibles, que duran en sus cargos hasta los 75 años, salvo que demuestren mala conducta. Habrá que explicarle al gobernador formoseño que eso que tanto le molesta está estipulado en la misma ley de leyes: la Constitución, reformada en una convención llevada adelante en 1994, de forma absolutamente representativa y federal, de la que él mismo formó parte como convencional. Es lamentable cómo un vasto sector de nefastos personajes, entre quienes sobresale Insfrán, pretende seguir manipulando la verdad en su propio beneficio.

No es novedad la catadura moral y educativa del gobernador formoseño. El mismo que no hace mucho dijo que los porteños son “unos reverendos hijos de su madre” es quien ahora vuelve a la carga vociferando que desde la Capital Federal se quiere imponer quién va a ser el gobernador de su provincia.

Apurado como está en conseguir su octavo mandato consecutivo, ya logró que la obediente Justicia de su provincia lo habilitara para poder seguir “reinando” en su feudo. Y ha venido alardeando también en su beneficio, del tan claro como profesional dictamen del procurador general de la Nación, Eduardo Casal, quien ha dicho que, si bien el caso planteado por los denunciantes formoseños de objetar su perpetuidad “resulta ajeno al conocimiento del tribunal”, si sus ministros lo estiman, “podrían decidir la intervención procesal que consideren pertinente”.

Hace tiempo debió haberse sancionado la boleta única de papel, un instrumento absolutamente necesario para transparentar los comicios y evitar abusos como los que se registran elección tras elección

Como se sabe –y como debería saber Insfrán– los dictámenes de la Procuración son reclamados por la Corte, pero no son vinculantes para sus decisiones. Representan una recomendación que el tribunal podrá adoptar o no teniendo en cuenta las demás cuestiones que se ponen en juego.

Seguramente, Insfrán y su séquito de amanuenses dentro y fuera de Formosa temen que la Corte se expida como en los casos de Tucumán y San Juan, al suspender recientemente las elecciones a gobernador, en las que respectivamente pretendían presentarse Juan Manzur y Sergio Uñac. La Corte fundamentó su fallo sin entrar en el fondo de la cuestión, pero con la convicción de que lo que pretendían ambos “podría resultar contrario a la periodicidad en las funciones que exige la forma republicana de gobierno que establece la Constitución nacional y que las provincias deben respetar”.

La Constitución formoseña, en su artículo 132, dispone que “el gobernador y el vicegobernador durarán cuatro años en el ejercicio de sus cargos y podrán ser reelectos”. No es casual que ese texto haya sido introducido a instancias del propio Insfrán, al modificar una anterior disposición existente desde 1991, que sostenía que tanto el gobernador como el vicegobernador podían ser reelegidos “por un nuevo período corriente” y que, si ya lo habían sido o si se habían sucedido recíprocamente, no podían volver a presentarse para ninguno de ambos cargos hasta que no pasara un período de mandato. Algo que Insfrán consideró inaceptable en su carrera por perpetuarse.

Está claro que no hubo ni hay voluntad del oficialismo provincial por respetar la alternancia que demanda la Constitución nacional. Y también queda muy evidentemente expuesto que es ese el reclamo que dirigentes de la oposición le hacen al mandatario provincial. En rigor, hay muchos más factores que han venido deteriorando la calidad institucional en esa y en otras muchas jurisdicciones donde cierta dirigencia hace hasta lo indecible para aferrarse al poder.

En una excelente columna de opinión publicada recientemente por el constitucionalista Daniel Sabsay, se exponían, entre esas nefastas argucias electorales, las tendencias a modificar el marco jurídico que regula las elecciones poco antes de cada comicio; obstaculizar –cuando no pulverizar– la fiscalización de elecciones echando mano de verdaderas mafias que impiden la labor de fiscales, agrediéndolos física y verbalmente; confundir al elector con una enorme cantidad de boletas que se despliegan en el cuarto oscuro, o impulsando la tan dispendiosa como inequitativa ley de lemas, que desorienta a los votantes en favor de los oficialismos.

Hace tiempo que debió haberse sancionado la boleta única de papel, un instrumento absolutamente necesario para dar por tierra con todos esos abusos. Precisamente, quienes siempre se han opuesto a ella han sido quienes prefieren la trampa a la transparencia, la manipulación a la libre voluntad de los electores.

Es de esperar que la Justicia obre como corresponde, que no se pierda más tiempo en transparentar un sistema obsoleto que ha demostrado largamente su ineficacia y, fundamentalmente, que como sociedad entendamos que es necesario adentrarse en estos temas para ejercer nuestros derechos de manera cabal. Votar es mucho más que introducir una papeleta en una urna o marcar una opción en una máquina: es definir nuestro futuro y el de las próximas generaciones.