En medio de la polémica desatada este viernes tras conocerse el fallo sobre la estatización de YPF, por el que el Estado argentino podría llegar a pagar una cifra cercana a los US$16.000 millones, varios referentes de la oposición recordaron el discurso ante el Congreso de Axel Kicillof, cuando era viceministro de Economía durante el Gobierno de Cristina Kirchner, en el que se refería a los alcances que tendría la expropiación de la empresa petrolera.

“Tarados son los que piensan que el Estado tiene que ser estúpido y comprar todo según la ley de la propia YPF, respetando su estatuto”, cuestionaba Kicillof en 2012. Las declaraciones del actual mandatario bonaerense fueron tomadas por la propia jueza Loretta Preska de la Corte del Distrito Sur de Nueva York.

A lo largo de su sentencia de más de 25 páginas, la magistrada criticó en duros términos al gobierno de Cristina Kirchner, denostó los argumentos de los abogados del país, y le dedicó un párrafo especial a Kicillof, quien calificó el fallo como “una inaceptable violación de la soberanía nacional”.

“El Sr. Kicillof declaró descaradamente que sería ‘estúpido’ cumplir ‘la ley de la propia YPF’ o ‘respetar’ sus estatutos. Posteriormente, la República promulgó la legislación que, supuestamente, le permitió adquirir el control de YPF sin ser ‘estúpido’ y cumplir los estatutos”, fustigó la magistrada en su sentencia.

En su discurso en 2012, Kicillof, quien por ese entonces se desempeñaba como viceministro de Economía, cuestionó duramente el estatuto de la compañía petrolera.

“En ese leonino estatuto interno que dijeron que si alguien osaba poner un pie, como el propio Estado, porque créanme que si uno quería comprar acciones para entrar a la compañía y pasaba el 15% pisaba la trampa del oso y tenía que comprar el 100%, un valor equivalente a 19 mil millones de dólares”, señalaba Kicillof en 2012.

“Porque los tarados son los que piensan que el Estado tiene que ser estúpido y comprar todo según la ley de la propia YPF respetando su estatuto, sino ¿dónde está la seguridad jurídica? Señores, fue una empresa, se reunieron y dijeron: ‘¿cómo podemos hacer para que nunca nadie intervenga en el control de la compañía?’. ¿Será que es sagrado el control de esa compañía? ¿Será que se dieron cuenta que tenían la gallina de los huevos de oro y dijeron: ‘la vamos a hacer parir, pero que nadie pueda husmear acá en la compañía?”, cuestionaba Kicillof en aquella oportunidad ante el Congreso.

A lo largo de su exposición, Kicillof apuntó contra los responsables del fondo Burford Capital, quienes luego presentarían una demanda en Nueva York exigiendo una indemnización por la estatización de la petrolera.

“Falta poner que hasta el día que la Presidenta, es más... hasta el día que el Congreso decida la expropiación de YPF, si lo hace, también son dueños de la compañía. O sea, que después de haber retirado esta montaña de plata todavía les queda un 57% de YPF, que el Sr. Burford dice que vale 10 mil millones de dólares”, señalaba Kicillof.

“Vamos a ver cuánto vale el 57% de YPF, no en base a valores especulativos bursátiles, o en base a las cuentas que quiere hacer el Sr. Burford, sino en base a datos objetivos que tomará el tribunal de tasaciones de la Nación si ustedes así lo disponen por sus propios criterios”, agregó el por entonces viceministro.

Y en ese sentido, dirigiéndose al fondo Burford Capital concluyó: “Se llevó, restando los 13 mil que puso y lo que retiró, cerca de nueve mil millones, lo último que podemos decir es que fue una mala inversión”.

La jueza Loretta Preska de la Corte del Distrito Sur de Nueva York dictaminó este viernes que el país deberá pagar una indemnización que podría llegar a los US$16.000 millones por la estatización de YPF que se llevó a cabo en 2012 durante el último mandato de Cristina Kirchner.

Tal como dio a conocer LA NACION, Preska definió en una sentencia los parámetros a seguir para determinar la indemnización que el Estado argentino deberá pagarle al fondo Burford Capital, que presentó una demanda en Nueva York exigiendo una indemnización por la estatización de la petrolera.

Se trata de una orden que colocó a la Argentina ante el peor escenario posible: la jueza rechazó los argumentos presentados por los abogados del país y emitió un dictamen favorable a los argumentos presentados por los letrados de los demandantes.

En marzo, la misma jueza había fallado en contra del país, al determinar que hubo incumplimiento de contrato por parte del gobierno argentino y sólo quedaba saber el monto de la sentencia de primera instancia, que la magistrada aún no determinó.

La magistrada ordenó a las partes “que presenten una propuesta de sentencia consistente” con los lineamientos establecidos en su dictamen. En el escenario más optimista, la Argentina podía terminar pagando un piso de casi US$5000 millones. En el peor de los casos, el monto podía llegar a los US$16.050 millones.