Un empresario argentino de alta exposición pública radicado en Asunción y su esposa, una exmodelo, quedaron implicados en una investigación que dejó al descubierto la mayor operación de tráfico internacional de armas hacia el Cono Sur, destinada a dotar de alto poder de fuego a las principales células del crimen organizado brasileño. La trama involucra a militares paraguayos y promete destapar un nicho de corrupción que podría provocar un terremoto político en el vecino país.

Según informaron a LA NACION calificadas fuentes de la pesquisa, los dos argentinos bajo sospecha son Diego Hernán Dirisio y Julieta Nardi. Ellos figuran en una lista de 20 órdenes de captura que incluye a militares de alto rango en Paraguay y a un “cambista” cuyo rol fue clave para el movimientos de los fondos para concretar la maniobra de tráfico. Ya fueron arrestadas 13 personas, entre ellas, un general y un exjefe del órgano rector de control de armas de Paraguay.

Los voceros explicaron que la llamada Operación Dakovo fue fruto de “más de un año de una investigación conjunta entre la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) y el Ministerio Público de Paraguay, la Policía Federal de Brasil y el Homeland Security norteamericano” con la que se apuntó a “la desarticulación de un gran esquema de tráfico internacional de armas de procedencia europea a Paraguay y posteriormente a las facciones criminales más peligrosas del Brasil”.

El armamento provenía de Croacia, Eslovenia y República Checa –naciones que desarrollaron importantes industrias de armamentos en los tiempos en que formaban parte de los países de la ex Cortina de Hierro del este europeo– y llegaba a Asunción a través de importaciones concretadas por la empresa International Auto Supply (IAS), cuyo presidente es Dirisio.

Tal como surge de la investigación, IAS obtenía rápidos permisos de importación a través de la Dirección de Material Bélico (Dimabel), el máximo órgano rector en materia de control de armas de Paraguay. Se trataba –según los pesquisas del caso– de “la autorización irregular para la importación de armas, alteraciones documentales para ajustar a la ley de armas, así como autorizaciones para las ventas irregulares a cambio de grandes sumas de dinero por parte de la empresa en cuestión, entre otras maniobras”.

Un aviso de que algo grave ocurría es que el 3 de noviembre pasado entró en vigor el Decreto del Poder Ejecutivo N°642 que suspendió las importaciones de armas de fuego y municiones, y, al mismo tiempo, comenzó a regir la Resolución N°602, que estableció “el proceso de revalidación de las autorizaciones de importación que cumplan con los presupuestos determinados en el decreto”.

Por estas horas, policías de la Senad realizaban decenas de procedimientos en varias viviendas y supuestos locales de “caza y pesca”, tanto en Asunción como en Ciudad del Este. 20 También hubo 20 allanamientos en Brasil (en seis Estados) y un operativo en Kansas, Estados Unidos.

Los investigadores explicaron que la empresa dirigida por Dirisio, “mediante sus conexiones con la Dimabel, tenía facilidades para importar armas procedentes de Croacia, Eslovenia y República Checa. Las mismas recibían rápidas autorizaciones para la importación y posterior venta”.

Esos lotes de armas “eran adquiridos por intermediarios con conexiones directas con facciones criminales en todo el Brasil. Para justificar las supuestas transacciones se simulaban pequeñas ventas de dos a tres armas a personas que no tenían capacidad financiera, muchas de ellas, empleadas, jornaleros o estudiantes”. En algunos casos, los “compradores” recibían “pequeñas sumas de dinero por acceder a la maniobra, y en otros eran utilizadas sus identidades sin su consentimiento”.

Antes de ser enviadas a Brasil, a las armas se les suprimían los números de serie, para evitar el rastreo y trazabilidad.

Desde 2012, la empresa IAS ya importó 25.000 armas que supuestamente fueron vendidas en Paraguay, pero que fueron desviadas hacia “los polos de violencia del crimen organizado en Brasil y toda la frontera”.

Para que los pagos no pudieran ser rastreados, la organización criminal hacía uso de “doleiros”, cambistas informales que operaban interconectados entre Paraguay y los Estados Unidos. “‘Pulverizaban’ grandes sumas de dinero en pequeñas transacciones menores a 5000 dólares en diferentes cuentas que finalmente volvían a agruparse para realizar los pagos desde los Estados Unidos”, se explicó.