A días de dejar el Gobierno y de posiblemente disolverse el área, el Instituto de Asuntos Indígenas (INAI) reconoció decenas de comunidades de pueblos originarios en distintas partes del país. De las 118 resoluciones publicadas este año, 81 fueron hechas después de las elecciones de balotaje, que confirmaron a Javier Milei como presidente electo y, por lo tanto, la eliminación de este instituto, según lo dicho por el libertario. Las decisiones fueron publicadas en el Boletín Oficial los días 30 de noviembre y cuatro de diciembre.

A partir de este reconocimiento, las comunidades obtienen insumos legales necesarios para la defensa de su asiento territorial, que podrían hacer valer, por ejemplo, ante posibles intentos de desalojo. El resultado documental del relevamiento que hizo el Estado se utiliza también para solicitar servicios, como luz y agua, así como subsidios, la construcción de viviendas a los gobiernos, o litigar en la Justicia para reclamar el dominio.

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En las resoluciones del INAI se da por cumplido el relevamiento técnico, jurídico y catastral que dispone la ley nacional de emergencia para el reconocimiento de las comunidades indigenas, aprobada en 2007 y prorrogada por última vez en 2021, y se reconoce la ocupación “actual, tradicional y pública” de las mismas en sus respectivas provincias. A su vez, las decisiones oficiales contienen un mapa que delimita el territorio sobre el que se asientan.

De acuerdo con la normativa, a partir de estas resoluciones se concluye un proceso que otorga a las comunidades un dictamen jurídico o informe legal que conglomera los antecedentes legales de la comunidad, su información catastral, sus inmuebles y dominio sobre la tierra que se relevó. A su vez, el Gobierno ofrece estrategias administrativas o judiciales para dar curso a sus reclamos sobre el territorio. La carpeta técnica que se entrega es una “herramienta que, con una futura ley de propiedad comunitaria, posibilitaría encaminar la regularización de las tierras”, según se describe en la información del INAI. Además, se les entregan datos sobre la situación en la que vive la comunidad, cartografías y un informe histórico antropológico.

A lo largo de la gestión del Frente de Todos, se hicieron 221 reconocimientos de comunidades indígenas. Más de la mitad fueron realizadas en el último año de gestión (118) y más de un tercio en los últimos 16 días (81).

LA NACION consultó al INAI respecto del momento de publicación de los reconocimientos, a lo que contestaron que se publicaron ahora porque se habían discontinuado en febrero debido a tres denuncias penales presentadas contra el presidente del Instituto, Alejandro Fabián Marmoni. A raíz de dos medidas relacionadas con comunidades en Mendoza, el gobernador radical Rodolfo Suárez, inició una causa por abuso de autoridad. También lo hizo Miguel Ángel Pichetto, por traición a la patria, y hubo una tercera, presentada por legisladores de Juntos por el Cambio.

De acuerdo a los expedientes judiciales, radicados en Comodoro Py, se archivaron las causas contra Marmoni entre el 11 y 13 de agosto. Debido a la desestimación de las mismas, el organismo decidió volver a publicar los reconocimientos. La información analizada por LA NACION muestra que en agosto hubo una reactivación de las disposiciones del organismo, con 21 en ese mes, aunque en septiembre y octubre no se confirmó ninguna. El grueso de las resoluciones se encuentra a partir de que el gobierno de Alberto Fernández perdió las elecciones, exactamente a partir del primer día hábil posterior al balotaje (21 de noviembre).

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Fuentes del Instituto comentaron a LA NACION que todavía quedan 40 reconocimientos sin publicar, que quedarán pendientes para la nueva gestión. El presidente electo, Javier Milei, sin embargo, dijo que en la reorganización del Ministerio de Justicia se eliminaran tanto el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi) como el INAI.

Los pueblos reconocidos pertenecen a identidades como los mapuches, guaraníes, tastiles, qom, chorotes, wichis y diaguitas, en provincias como Chubut, Santiago del Estero, Salta y Jujuy, donde la confrontación con algunos pueblos ha trascendido a la escena nacional, por impulso del gobernador Gerardo Morales, en los casos de Jujuy. Algunas comunidades reconocidas en los últimos días están o estuvieron involucradas en bloqueos y cortes de ruta recientemente. Un ejemplo es la Comunidad Lof Newen Mapu, cuya resolución fue publicada el 23 de noviembre y en la que se admite posesión de un edificio en Neuquén, según publicaciones en redes sociales)