Este gobierno ha puesto al país en suspenso. Ese ha sido su método y su mayor logro, paralizarlo secuencialmente. Primero fue la cuarentena; luego esa extravagante red de inmovilización legal casi absoluta que es el cepo; y ahora, la candidatura de un ministro en ejercicio pleno del Poder Ejecutivo, atravesado por un conflicto de intereses severo, entre el bienestar del país y sus ambiciones electorales.

Es un escenario lamentable, en el que la potencia de lo falso encontró un límite. Las facturas aparecen por doquier, aun de picardías pasadas (la expropiación de YPF), que llevan a considerar seriamente el juicio de residencia colonial como una exigencia de ley para los funcionarios públicos de cierto rango. Todo se vuelve muy kantiano. El filósofo planteaba una estructura de pensamiento tan simple como potente: ante un hecho, ¿cuáles son sus condiciones de posibilidad? La pregunta se extiende a dos interrogantes: ¿cuáles son las posibilidades de reelección de este gobierno?; la otra: ¿cuáles son las posibilidades de un gobierno distinto? Conviene desgranarlas en ese orden.

La puesta entre paréntesis de la dinámica argentina tiene tres consecuencias que ya son inmanejables, con o sin FMI: tipo de cambio en alza constante, inflación de tres dígitos y una pobreza espeluznante. Eso no es sostenible, y contra las acrobacias argumentales de encuestadores y opinólogos del incentivo, las chances de una reelección en esas condiciones son escasas, por no decir nulas.

Vamos a la vereda de enfrente. Más allá de las tensiones propias de una elección interna, el verdadero interrogante que hay que responder son las condiciones de posibilidad de un gobierno de otro signo político desde el 11 de diciembre. Afortunadamente son muchas, pero conviene entender la profundidad y dimensión de la pregunta.

Sin dudas la respuesta es ajuste. Pero no a la gente, no como sinónimo de sufrimiento. Es ajuste de la estructura jurídica e institucional, para corregir esas tres consecuencias de la parálisis y sacar a la Argentina del suspenso. En otras palabras, crear las condiciones institucionales para que los incentivos no sean sacar ventajas de un sistema fallido; para que las astucias y la energía estén concentradas en producir más y mejor. Es la base del desarrollo: instituciones, crecimiento y finalmente inclusión social.

Eso implica un nuevo régimen para la economía argentina. Un marco claro y preciso, alejado de las leyes ómnibus y estructuras parecidas, que confunden y poco aclaran. Es posible de la mano de dos principios de un valor mayúsculo, tan manoseados como tergiversados: la división de poderes y el federalismo. Más precisamente, la cooperación de poderes y el federalismo de concertación.

Poderes que dialogan en pos de un objetivo común, el bienestar general; no la rencilla absurda, representada en la pantomima de juicio a la Corte en el Congreso. Provincias que también dialogan con el Estado federal, en un espacio en el que se asumen responsabilidades que dan libertad, alejada de los feudalismos de frontera. Algunos dirán que es una ilusión. Otros creemos que es el único camino para terminar con años de fábula.